-Ponen alto a los yonkeros abusones de la Rosario
-Fueron 77 las concesiones entregadas por Corral
-Bailando los 300 mil ilegales de la UACH

El “ya párale, marrano”, dedicado en una narcomanta al suboficial, Gabino Robles Herrera, le salió bastante caro al coordinador del Distrito Colón, porque de inmediato Asuntos Internos pidió la separación provisional de sus funciones, en lo que se realiza la investigación.
El mensaje, como sabemos, fue colocado cerca de la caseta de peaje de Sacramento, en una malla ciclónica particular que le quedó de frente a un empleado de un Oxxo cercano, quien hizo el primer reporte el jueves pasado por la noche.
Amenazante, como todas las narcomantas, el protagonista fue señalado de recibir dinero de “ambos bandos”; de robarle 100 mil pesos a “mi gente” y de no tener “llenadera” con lo que recibe del huachicol.
Ahí en el huachicol, de acuerdo con las áreas de los que investigan policías, está una de las claves del mensaje escrito en color azul y colocado en una zona muy caliente, disputada tanto por las células del Cártel de Juárez como las del Cártel de Sinaloa.
Así, es un grave mensaje para quien coordina todos los esfuerzos, todos los recursos, patrullas y agentes, de la avenida Homero hasta donde termina, hacia el norte, el fundo legal del municipio de Chihuahua.
El olfato de los investigadores -sin evidencia alguna por el momento, hay que insistir en eso- apunta al involucramiento de varios policías de todas las corporaciones en el negocio del robo de combustible, en la parte de la ciudad, quizás del estado, más afectada por este delito.
Con base en eso pudo haber sido tomada la decisión dura de separar al elemento de sus funciones de inmediato, a pesar de que esos mensajes anónimos a veces son mera publicidad criminal; y muy seguido son herramientas usadas por quienes alientan la inestabilidad en las corporaciones de seguridad, incluso desde adentro.
Por mientras, con la conocida cero tolerancia del alcalde Marco Bonilla instruida al director de Seguridad Pública, el suboficial quedó suspendido y varios grupitos dentro de la corporación tienen la lupa encima para en cuanto den el primer movimiento en falso.

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Si bien es cierto el exgobernador Javier Corral entregó a la familia Anchondo a través de las empresas Yonque San Marcos y San Marcos Servicios de Logística, no fueron esos todas las concesiones para prestar el servicio de grúas que otorgó en su administración; es más, esas son apenas el 20 por ciento de las autorizaciones concedidas.
En total suman 77 las concesiones que en el registro del Departamento de Transporte obran como autorizadas del 2016 al 2021, considerando la fecha de toma de posesión y de salida del extitular del ejecutivo mencionado.
Le entregó nueve concesiones a Jesús Abraham Cerecedes Mendoza, cinco a Franz Loewen Wall, cinco más a Grúas Tasa SA de CV a igual número a Luis Raymundo García Chávez; así como cuatro a José Andrés Alvídrez Ruiz; cuatro a Oscar Darío Ortega Borunda y tres tanto a Grúas Hermanos Pineda como a María Isabel Flores Aguilar.
La lista continúa con una o dos a 18 personas y empresas más.
Traemos a colación el dato, porque desde los noventas no se habían entregado tantas concesiones; es más, los anteriores gobernadores, César Duarte o Reyes, entregaron muchas menos; Duarte apenas 19 y Reyes 23.
En la actual administración no se ha entregado una sola.
El dato de una ligereza para otorgar concesiones es de tomarse en cuenta a la hora de que empiecen las revisiones, en algunos casos forzadas por el vencimiento de decenas de las autorizaciones.

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Recibimos ayer una denuncia de vecinos de la colonia Rosario, que señalaba el abuso de los “yonkeros” de la calle 46, que de manera abusiva tenían autos inservibles sobre la banqueta y la calle e impedían el libre paso de los peatones.
La queja de inmediato fue canalizada al gobierno municipal que de manera inmediata, a través de la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz Negrete envió una notificación solicitando el retiro de los “yonkes”.
Para la tarde de ayer mismo, uno de los denunciados ya había retirado el vehículo y el otro se comprometió a quitarlo el fin de semana, algo que estaremos monitoreando y en su caso volver a solicitar la intervención del gobierno municipal.
Son abusones reincidentes esos yonqueros.

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Acaba de obtener su cédula profesional como médico, cirujano, la diputada Jael Argüelles Díaz.
Tardó bastantito, porque egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el 2021 y la cédula tiene fecha del 2024.
Como haya sido, nos dicen en el Congreso que la médica, como ella se llama en sus redes sociales, llegaba a las sesiones con el uniforme del servicio social, directo a su responsabilidad como legisladora.
Recordemos que llegó a la curul cuando apenas acababa de egresar de la carrera y su servicio social lo hizo ya siendo diputada, al entrar como relevo de Deyanira Ozaeta, su media hermana, quien tuvo confrontación con el PT.
Jael terminó alejándose de la familia Aguilar, dueña absoluta del Partido del Trabajo y fue cobijada por Morena.
La cédula profesional de Jael es 14163120 como consta en el registro oficial respectivo. Veremos si ejerce o termina felizmente secuestrada por la burocracia dorada, donde ya probó las mieles de jugosas quincenas sin la carrilla, desveladas y sufrimiento de los hospitales y consultorios.
No ha quedado muy bien claro en la sentencia emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quien va a resarcir el daño provocado por el pago de indemnización indebida a Juan Pablo Martínez y Alan Rentería, por casi 300 mil pesos en conjunto.
Fue inhabilitado para ejercer función pública el exjefe de recursos humanos de la universidad, Gerardo Ascencio Baca, por dos meses, sanción que a la fecha ya debió haber quedado saldada, de no haber sido impugnada.
Entendimos en noviembre, cuando fue difundida la sentencia por vías no oficiales, que la Auditoría Superior del Estado iniciaría un procedimiento en contra de los beneficiarios de la ilegal prerrogativa, pero que además alcanzaría al rector Luis Fierro y al jefe administrativo, Jesús Casillas García, quienes habrían instruido al responsable de recursos humanos el pago indebido.
Tendría que conocer también la Fiscalía Anticorrupción, si no es que ya conoce del asunto, por lo que podría configurar inclusive peculado, por la forma a todas luces violatoria de la ley orgánica de la UACH, que prohíbe esas indemnizaciones en favor de maestros de tiempo completo.
“Los académicos que desempeñen cargos de funcionarios públicos de la Universidad, al término de su gestión no podrán recibir ninguna remuneración, prestación o compensación por los servicios que hayan prestado, salvo las de seguridad social que le corresponde conforme a la ley. Toda disposición en contrario será nula en pleno derecho”.
Ese apartado de la Ley Orgánica fue menos que letra muerta para el exrector. Y sigue siéndolo, mientras no exista sanción.