-Habría seguridad privada en aduanas
-Por venir secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz
-Polémica en aeropuerto del Valle de Allende
Un Toreto -por la película Vin Diesel- en unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) se ha vuelto un dolor de cabeza para los agentes de la Policía Vial, perteneciente a la misma dependencia, por la conducción rápida y furiosa de su vehículo en calles de la ciudad.
En varias ocasiones ha sido sorprendido a velocidades extremas; una vez a 140 kilómetros por hora, no calculados sino mediditos con pistola, en la prolongación Teófilo Borunda en el tramo de El Reliz a la Universidad del Valle de México (UVM).
Cuando le han dado alcance los agentes viales, nos reportan, el Toreto enciende los códigos de luces de la unidad y se identifica como camarógrafo del secretario de Seguridad, Gilberto Loya, por lo que exige trato especial, preferente y obediente de los elementos viales.
Ha sido cuestionado el sujeto por el exceso de velocidad en zona urbana y el uso de luces y sonido propio de los vehículos de emergencia, pero él insiste en que por su trabajo de captar las mejores poses del secretario, está autorizado para eso y más, con el fin de llegar a tiempo a donde es requerido por Loya.
En alguna ocasión fue cuestionado sobre cuál era el evento al que acudía con tal acelere, pero respondió que no, iba nomás para su casa; en otra, cuando fue abordado y bajó el vidrio de su vehículo, una nube de humo denso salió de la unidad, con fuerte olor a marihuana.
La persona, nos dicen, se identifica con un gafete de Gobierno del Estado a nombre de Eduardo López, que lo acredita como jefe de departamento. Con esa charola y una llamada ha logrado librarse de infracciones, pues los agentes son llamados por sus superiores para que lo dejen ir.
Por lo que reportan los elementos viales, el conductor ahora usa un Nissan Sentra 2022 con placas EMZ812A, pero antes había sido ubicado en un Ford Fusion modelo 2010, con placas ENT7094, el que hasta ahora aparece con adeudo de derechos vehiculares.
¿Desde cuándo los códigos y torretas como patrulla o ambulancia son para autos particulares y conductores civiles? ¿Desde cuándo es permitido fumar -tabaco legal o cualquier otra cosa- en vehículos en vehículos oficiales?
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Es ya un hecho que la carrera judicial de la primera magistrada presidenta en la historia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, llegará a su fin el 31 de agosto de este año. No participará en la elección de personas juzgadoras del 1 de junio.
Aunque el Congreso del Estado amplió hasta el 21 de febrero el plazo para que el Poder Judicial del Estado informe sobre quiénes contenderán o no en el proceso electoral, la actual titular del TSJ no pretende una candidatura.
No es que renuncie a su cargo, simplemente declinará su derecho de aparecer en las boletas y, con ello, concluirá su encargo como presidenta del TSJ y magistrada.
La cosa es que tampoco tenía muchas alternativas, pues los legisladores no previeron el supuesto de juzgadores que no estén en funciones.
En el caso de Myriam, al tener la titularidad del pleno, actualmente no está ejerciendo en su sala, la Tercera Civil. Es decir, si quisiera participar tendría que renunciar a la presidencia.
Por ello, permanecerá como cabeza del TSJ hasta que el primero de septiembre los nuevos funcionarios judiciales inicien sus labores. De ellos, el magistrado con más votos será designado nuevo presidente.
Así terminará una etapa que inició en 2021, con el nombramiento de Acosta y el reordenamiento del Poder Judicial después de cinco años de la desastrosa intervención del exgobernador Javier Corral.
Durante su primer periodo trabajó por regresar la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia, muy pisoteada por las presiones corralistas.
Con el respaldo del pleno, buscó siempre la libertad e imparcialidad absoluta en las resoluciones judiciales.
Aunque respaldó y dignificó la labor de jueces y magistrados, no le tembló la mano para sancionar a quienes faltaron a la ética y profesionalismo, como el caso del juez tercero de lo Civil en Ciudad Juárez, Jorge P. F., suspendido por la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas (UIRA) por acoso sexual y laboral contra una empleada de su misma área.
Asumió el reto de la implementación de la reforma laboral y supo mantener una relación institucional con los otros poderes.
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Circula el rumor de que la Agencia Nacional de Aduanas habrá de realizar una licitación pública para contratar seguridad privada que cuide dichas instalaciones.
Llama la atención el dato, porque las aduanas acaban de ser entregadas desde la administración federal pasada a la Marina en el caso de los puertos, y al Ejército en el caso de las aduanas terrestres, como son las localizadas en el estado de Chihuahua, en su frontera con los Estados Unidos.
Las dependencias aún en la 4T, contrario al rechazo hacia las subrogaciones, siguen contratando seguridad para cuidar de las instalaciones o bienes, hay muchos antecedentes y soportes de ello en una búsqueda simple de internet y no se diga en Compranet.
Queremos pensar que en caso dado de eso se trata la licitación de las Aduanas bajo el mando militar y de la Marina, es decir, servicio de vigilancia rutinaria de instalaciones o atención al público.
Pero no deja de ser paradójico que dos instituciones cuya especialidad es la seguridad, deban contratar a su vez mediante el sistema de subrogación, empresas privadas para ofrecer precisamente seguridad.
Entendemos que es mucho el trabajo de revisión y vigilancia en estos pasos fronterizos, pero precisamente el espíritu de entregarlo a dichas instituciones fue precisamente para evitar actos de corrupción y deficiencias en la seguridad y vigilancia, esperaremos a tener en las manos los contratos respectivos, si no es que terminan siendo señalados como reservados en función de qué corresponden a temas de seguridad nacional.
No pueden ni debe la Aduana ni otra dependencia, dejar en manos de un servicio subrogado sus responsabilidades. Recuérdese lo que ocurrió en el albergue manejado por el Instituto Nacional de Migración, escenario de la muerte de 40 migrantes hace dos años, y que en la práctica era manejado por esas empresas privadas, con funestos resultados.
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Como cada año, está por ser desarrollado el tercer encuentro de investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua que encabeza el rector Alberto Rivera Campos.
El próximo siete de febrero habrá por la mañana un desayuno en conocido salón de eventos y de ahí al mediodía una conferencia magistral de María Soldevila Melgarejo, investigadora de la UNAM.
No ha sido fácil sacar adelante el proyecto de investigación, toda vez que los años anteriores ha tenido que sufrir la máxima casa de estudios para sostener becas y estímulos federales, que este año parece serán ejercidos con normalidad.
Venía la universidad de tener un cierto número de investigadores que a la fecha ha crecido a ocho en el nivel 3, 28 en el nivel 2, 220 en el nivel 1 y 130 candidatos.
Los SNII 3 aumentaron de ser solo dos al inicio de la administración a los ocho actuales.
El rector anunciará la segunda convocatoria de proyectos de investigación, que vendría a sumarse a los cinco millones dedicados por la institución el año pasado al mismo fin.
Hasta el último dato estaba confirmada la visita de la recién creada Secretaria de Ciencia, con la Dra. Rosaura Ruiz, quien por gestiones del rector aceptó la invitación a acompañar a los investigadores de la UACH.
La investigación es elemento central de cualquier institución educativa, y la universidad no debe ser la excepción.
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El aeropuerto Regional de Valle de Allende ha crecido en los últimos años, hasta convertirse en uno de los aeródromos de su tipo con mayor tecnología.
Inclusive acaba de recibir la autorización para recibir paquetería aérea, con lo cual fortalece su capacidad de funcionamiento.
Con una pista de 2.7 kilómetros, está preparado para recibir incluso aviones Boing 727 y 737. Le da servicio a Parral, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas, Balleza y otros municipios de la región.
Encontramos que es administrado por la empresa Corporación Aeronáutica e Industrial SA de CV, con una concesión indefinida en cuanto a su vigencia, con capacidad categoría 2 y 3.
La cuestión es que circulan versiones de un despojo a una familia de apellido Lozano, por parte de otra Rueda Ballesteros.
El aeropuerto ha gozado de apoyo del alcalde de Parral, Salvador Calderón, que debería ser natural dada la condición necesaria de abrir espacios de comunicación y llegada de pasajeros a la región, con tránsito de mercancías.
Pero la versión indica que habría mucho interés personal del alcalde en el aeropuerto, que ha venido modernizándose a pasos agigantados.