En la prensa policiaca, o nota roja, se le conoce como efecto cucaracha a aquellas situaciones en las cuales, cuando aparecen las autoridades en algún lugar, los delincuentes que operan en esa zona salen corriendo y se dispersan, justo como lo hacen las cucarachas cuando alguien prende la luz o cuando ven a una persona. Es común ver este concepto en varias notas periodísticas.
En este espacio he sido crítico de las formas que ha seguido la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua cuando se ha tratado de llevar a proceso a cualquier funcionario del gobierno de Javier Corral. En primera instancia, dicha fiscalía estuvo anunciando a los cuatro vientos que iba a detener a Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda en tiempos de Javier Corral. ¿Qué fue lo que pasó? Pues evidentemente Arturo Fuentes Vélez se les escapó. Huyó como una cucaracha cuando la justicia lo buscaba.
Resulta curioso, pero durante cinco años, Javier Corral hablaba de la justicia del Estado como si fuera impartida por las personas más capaces, imparciales y puras. La justicia federal, según los dichos de Corral, no era de fiar; por eso, la justicia de Chihuahua era la buena. Fue cuestión que entrara la gobernadora María Eugenia Campos al poder para que Corral cambiara su discurso y señalara que la justicia de Chihuahua era corrupta, y la de la federación era imparcial. Esto a pesar de que la mayoría de los magistrados y jueces eran los mismos que estuvieron con Duarte, con Corral y con Maru Campos, muchos de ellos acomodaticios al régimen.
Corral siempre decía que, si no se debía nada, se debían de someter los perseguidos de su régimen al escrutinio de la justicia. Ahora, su secretario de Hacienda está huido y nadie lo encuentra.
Al corrupto de Fuentes Vélez lo persigue la Fiscalía de Chihuahua, le han girado cuando menos un par de órdenes de aprehensión, y le iniciarán un proceso de extinción de dominio en bienes de su propiedad por todo el latrocinio que ejecutó siendo Secretario de Hacienda de Corral. Insisto, Fuentes Vélez no hubiera huido si no le hubieran estado dando tantas señales desde la Fiscalía de Chihuahua.
En el caso de Corral, la Fiscalía Anticorrupción manejó con las patas la detención del hoy Senador. Lo tuvieron meses en Chihuahua. Corral les sacaba la lengua y hasta se daba el lujo de abrir negocios e invitar a sus amigos de la Ciudad de México, de esos que pegan con la izquierda pero cobran con la derecha.
Al Gobierno de Chihuahua se le hizo una magnífica idea ir a la Ciudad de México (gobernada por Morena) a detener a Javier Corral, a darle oportunidad de llamar a sus abogados, y que pidiera auxilio a la Fiscalía de la Ciudad de México que era encabezada en ese momento por un arquitecto que seis meses antes había sido convertido en Fiscal sin cumplir los requisitos para serlo más que la lealtad al régimen corrupto de Morena. ¿Qué podía salir mal? Quizá pensaron que nada, pero les salió todo mal. Hoy Corral tiene fuero y ya no le pueden hacer nada.
A todo este historial de fracasos, se viene a sumar el anuncio que acaba de hacer la semana pasada el Fiscal Anticorrupción de Chihuahua. Dice que investigan a Gustavo Madero por algunos negocios que hizo con el gobierno de Javier Corral. Usted estimado lector, ¿qué cree que hará Gustavo Madero? Evidentemente huir, efecto cucaracha doble.
El tema de Gustavo Madero es todavía más complejo. En días recientes el Departamento del Tesoro anunció la imposición de restricciones a las operaciones celebradas con las instituciones financieras CIBanco, Vector Casa de Bolsa, e Intercam. Según las investigaciones de las autoridades norteamericanas, estas tres instituciones financieras han entrado a esquemas de lavado de dinero para distintas organizaciones delictivas. Uno de los principales accionistas de Vector es Alfonso Romo, exjefe de oficina de la Presidencia en tiempos de López Obrador, y primo lejano de Gustavo Madero.
No es por la vinculación familiar que Madero pudiera estar en aprietos, sino porque se dice que es también accionista de dicha institución financiera. Es decir, a Madero lo estaría investigando la Fiscalía de Chihuahua y muy probablemente en algún punto, la Fiscalía Federal además de las autoridades norteamericanas.
En este sentido, a Madero le están llegando acusaciones de todos lados. Parece que “los moches”, (esa práctica corrupta que implementó en el Congreso) sería el menor de sus males.
Regresando al tema local, no entiendo la necesidad del Fiscal Anticorrupción de anunciar esta investigación. En teoría, las indagatorias se llevan a cabo casi en secrecía, justamente para evitar cualquier filtración o poner en alerta a los investigados. No sé si atiende a un criterio político, o simplemente es protagonismo. Solo espero que, si hay elementos para pensar que Madero incurrió en prácticas corruptas, se le procese adecuadamente y no se les vaya a ir como fue el caso de Fuentes Vélez.
Un error de Corral fue dedicar todo su gobierno a armar una cacería de brujas contra exfuncionarios estatales. Durante su gobierno la justicia federal prevaleció y muchos de ellos fueron liberados. Los demás, poco a poco fueron desacreditando las investigaciones que encabezó Corral. En muchas de ellas se utilizó la tortura como un medio de obtención de información; si era falsa o verdadera, eso era lo de menos. Lo importante es que se adaptara a la narrativa que Corral vociferaba en todos los medios.
Desafortunadamente, la justicia parece depender del ánimo político del momento. Por alguna razón la política y la justicia no se llevan. Estamos llegando a un punto en donde emulamos a países como Ecuador, Bolivia, o Perú, donde la justicia atiende a criterios sexenales (o periódicos, dependiendo lo que duren los mandatos presidenciales en esos países). La justicia debe ser una, al margen de quien gobierne.
A partir de la nociva reforma judicial que nos recetó la mayoría ilegítima en el Congreso, ahora la justicia será justamente como lo es en esos países: juzgadores atendiendo a criterios o coyunturas políticas para dictar sus fallos.
Las instituciones de procuración de justicia siempre se habían utilizado (aunque en mucha menor medida) para encerrar a adversarios políticos. Fue Corral y un grupo de gobernadores contemporáneos como Miguel Ángel Yunes Linares de Veracruz (quien justamente tiene algunas carpetas de investigación abiertas) consideraron que su única tarea era encerrar a sus enemigos políticos.
Si algún funcionario incurre en actos de corrupción, sin duda debe ser sancionado. Pero emprender un gobierno con ese solo propósito es perverso y mezquino, especialmente en un país con tantas carencias. Eso creo que ha sido un acierto de la Gobernadora Campos. Sin embargo, el hecho de que esa agenda punitiva no sea una prioridad para el gobernante en turno, no significa que los funcionarios encargados de esas tareas no deban hacer el trabajo que les corresponde de una forma competente y justa. En el caso de Chihuahua, y a partir del gobierno de Maru Campos, los exfuncionarios de Corral que son investigados por actos de corrupción, simplemente se le esfumaron. Huyeron como cucarachas.