Ni una sola palabra, ni un tuit y mucho menos uno de esos soporíferos videos de redes sociales ha hecho el senador morenista Javier Corral, sobre quien fuera el jefe de las finanzas estatales durante su desastroso quinquenio, Arturo Fuentes Vélez, prófugo de la justicia ahora con todas sus cuentas familiares congeladas.
Es extraño que esa cercanía política generada por las amistades y sobre todo por las complicidades, reflejadas en innumerables imágenes del negro recuerdo dejado a Chihuahua, hoy no aparezca ni como nota marginal en el aparato de propaganda que mantiene el exgobernador, bastante bien tapadito con su rebozo guinda, a pesar del calorón que debe sentir cada vez que resurge el tema.
Pese a ese camino juntos, más juntos todo el tiempo que estuvieron en el poder, las traiciones son una marca característica de ambos, como lo es su tránsito de la pulcritud y honestidad panista a las exhibidas mañosadas del corralato.
Según algunos panistas, para el tercer año de la administración pasada, tanto el mandatario como su responsable financiero se decían decepcionados uno del otro y traicionados uno por el otro; victimizándose ambos, como si las corruptelas de su gobierno no fueran culpa de los dos.
Pero al menos en un caso en el que es acusado Fuentes Vélez, además, hay una liga muy directa y azulada que une a Corral Jurado con el despacho de José López Elías, de la Ciudad de México, contratado por su jefe financiero para la fracasada reestructura de la deuda pública a cambio de 98 millones de pesos, dinero por el que el exsecretario y el hoy senador enfrentan señalamientos, nomás que el segundo con fuero.
Pese a ello, pues, ni pío ha dicho Corral cada vez que la Fiscalía Anticorrupción actualiza el caso Fuentes Vélez, cercado y sin posibilidad de amparo porque ya agotó todos los intentos de no comparecer ante la justicia de Chihuahua.
Con el exsecretario en huida presuntamente entre algunas entidades de Estados Unidos y el silencio convenenciero de Corral, no pueden más que crecer las expectativas de que tarde o temprano les tocará más de cerca la justicia, de la que se han salvado con artimañas más desarrolladas que otros políticos.
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Aunque las evidencias muestran que es poco el interés en lo personal del fiscal Anticorrupción, Abelardo “Bayo” Valenzuela, por atrapar a Corral y a Fuentes Vélez (algún veneno faccioso lo$ une), el proceso de investigación ha puesto al descubierto una parte de la corrupción del quinquenio pasado.
El valor global de las imputaciones es de 750 millones de pesos, en tres denuncias que retratan a la perfección el comportamiento inescrupuloso de tan refinados panistas (en el tiempo de las transas, hoy ya olvidaron cualquier militancia) que harían retorcerse en sus tumbas a Luis H. Álvarez, Luis Herrera González, Efraín González Morfín, Carlos Castillo Peraza y al oriundo de Batopilas, Manuel Gómez Morín.
Un caso es la contratación del despacho López Elías-Finanzas Públicas, por casi 100 millones de pesos, para la reestructura de la deuda, como si la burocracia no estuviera repleta de expertos en ello; además, de ese trabajo no hay evidencia alguna, como ya lo corroboró con una de sus revisiones la Auditoría Superior del Estado.
Otra causa es la desviación, no robo, pero sí distracción de recursos con otros fines, de más de 240 millones de pesos, que se le escamotearon a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) durante en los años 2020 y 2021, a pesar de que eran producto de la recaudación fiscal específicamente definida para este objetivo.
¿A dónde se fueron esos recursos? Asentamos que no era un robo abierto, en efecto, pero sí indirecto porque terminaron usándose para pagar gasto corriente del gobierno, reflejo del desorden y descontrol financiero que agravó la de por sí penosa situación hacendaria del estado.
Otra causa rebasa los 400 millones de pesos, por la contratación de un crédito disimuladamente para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), cuando la conducción del sector estaba asignada a Eduardo Fernández Herrera, otro pájaro de cuenta del corralato también sometido a proceso penal, convertido en cantante por la Fiscalía del “Bayo”, supuestamente, aunque no se han visto resultados de sus canciones.
En suma, dos casos de peculado y una más por uso indebido de funciones pesan sobre Fuentes Vélez, que han alcanzado incluso a su esposa y a una hija por el congelamiento de cuentas, dadas las triquiñuelas que realizó el exsecretario al comenzar las investigaciones en su contra y sentir el frío de la relación con su cómplice Corral.
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Entre los panistas dicen que ni el PRI se tardó tanto en expulsar a César Duarte del partido, como el PAN se ha tardado en operar la baja del exsecretario de Hacienda. Además, ni Duarte recurrió a tantas mañosadas para protegerse como lo hizo Fuentes Vélez.
Apenas la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción aseguró dos inmuebles de no poco valor, a través de su folio real asentado en el Registro Público de la Propiedad (RPP), que el todavía panista había escondido mediante una donación a su esposa, Ana Cristina González Comadurán, entre marzo y abril de 2023.
En aquel tiempo, ya comenzaba a mencionarse la investigación al jefe de las finanzas estatales de Corral Jurado y, antes de que fuera librada o conocida la primera orden de aprehensión por la que fue declarado prófugo de la justicia, procedió a deshacerse de sus bienes, con el fin de presentarse como persona insolvente, después de haber hinchado su cartera quién sabe de dónde.
El exfuncionario hizo las operaciones el 2 de marzo y el 23 de abril de hace dos años, movimientos registrados por la Notaría Pública 20, a cargo de la licenciada Moncerrat Cereceres Martínez, para quedarse sin patrimonio, como parte de la estrategia legal que, suponemos, finalmente le salió mal, porque terminó huyendo del país.
Así escondió un departamento en el Residencial Campestre y un terreno en el Paseo de las Palmas en el San Francisco, patrimonio que tal vez sea imposible de explicar sin quitarle a Fuentes Vélez la careta de honorable burócrata, con la que pretendió transitar en el PAN, aunque son de sobra conocidas algunas de sus transillas desde que era delegado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social durante sexenios federales panistas.
Al exsecretario le salió mal la jugada. Ahora carga con el desprestigio de la corrupción corralista y la vergüenza entre las buenas conciencias azules y conservadoras de la capital, que veían en él y en Corral, por ejemplo, a los sucesores de los grandes próceres panistas. Nada más falso.
La falta de escrúpulos para el manejo financiero también queda de manifiesto en la fría lejanía que se contrapone con aquellas imágenes heredadas del corralato, donde comparten sonrientes personajes tan cuestionados del quinquenio como Gustavo Madero, Ramón Galindo, Francisco Barrio y Pancho Muñoz, además de Fuentes Vélez y Corral.
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El desplome moral de Fuentes Vélez no comenzó con su gestión estatal, como decíamos por su paso en la burocracia federal, pero sí se aceleró con el ejercicio del poder en un gobierno caracterizado por la holgazanería, la ineficiencia y la transa disfrazada con discursos contra la corrupción y los golpes de pecho.
La pésima dupla que hizo con su subsecretario, Eduardo Fernández Herrera, quien ambicionó siempre ser el titular de la dependencia, fue causa de que la reestructura de la deuda fuera un desastre y de que invariablemente debiera recurrir al tarjetazo cada quincena para alcanzar a pagar las cuentas obligadas, al tiempo que crecía el pasivo circulante y las obligaciones financieras de todo tipo.
La calidad de esos dos colaboradores del corralato ha quedado al descubierto, aunque ninguno esté en prisión, por ahora. Ambos reflejan, a la vez, el verdadero rostro y nivel de Corral Jurado.
Fernández pasó como bulldozer cuando fue administrador de la Fiscalía del Estado, hincándole el diente a cuanto pudo, tras chocar constantemente con Fuentes Vélez cuando fue subsecretario; luego fue enviado como secretario de Salud a lucrar con la pandemia, pese al compromiso de Corral de poner a un médico en esa área.
Fuentes intentó, sin éxito, mantener su disfraz de puro e impoluto panista sacrificado por la patria, aunque siempre rondaron las versiones sobre los acuerdos bajo la mesa y los torpes movimientos de algunas decenas de millones, que seguramente rozaron hasta el Palacio de Gobierno.
Entre esa podredumbre se perdió el quinquenio, desde el principio hasta el final. Son dos de los funcionarios que aguantaron el ego inflado hasta la patología de su jefe gobernador durante los cinco años, conscientes de que nunca estuvieron mal pagados, ni en sueldo oficial ni en prebendas y concesiones más allá de lo legal.
Los próceres de la moralidad panista los verían con total desprecio: el exgobernador prófugo del PAN y refugiado en Morena, en una izquierda hipócrita, simulada y en camino al descrédito aunque ahora tenga todo el poder; el exsecretario en fuga y su exsubsecretario como testigo colaborador de una Fiscalía azulada que ha exhibido a todos, pero a ninguno ha logrado atrapar. O tal vez no ha querido hacerlo. Cuatro años son muchos años para no sospechar que hay transa de por medio.