-Desmarcan de conflictos a Century 21
-Rastrean cuartel militar por desaparición
-Baja la municipal incidencia delictiva

Entre las figuras de la Santa Muerte y San Juditas, los ventiladores, veladoras, bocinas, juegos de mesa y otros artículos prohibidos decomisados en el Cereso de Aquiles Serdán, sobresale un cuadro bastante revelador encontrado en una de las celdas de los módulos destinados al Cártel de Sinaloa.
En un fondo negro aparece la figura del estado de Chihuahua en color blanco, con la letra V mayúscula en medio, adornada con un sombrerito que cuelga en una de sus líneas. Puede verse la foto en versión digital de GPS.
El aseguramiento de la semana pasada fue el de rutina, nos aseguran. Nada fuera de “lo normal” que meten a los presos de contrabando, quién sabe cómo si se supone que los visitantes son sometidos a rigurosas revisiones, que tal vez en algunos casos son meno$ riguro$as.
Pero más allá de eso, dicen en el penal que lo encontrado es reflejo de lo que ocurre en el exterior. Son objetos que caracterizan y dibujan de alguna manera la sangrienta guerra que se libra en las calles entre las facciones de un cártel y las del otro. Incluso hasta fracciones de madera especiales para “tablear” castigados por la razón que sea.
Especialmente ahora que la prisión está agitada por la reclusión de Salvador Humberto S.V.M, alias “El Verín” o “El Señor de la V”, lo que más llamó la atención entre los elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que ingresaron al Cereso el miércoles pasado, fue el cuadro con la referencia al capo.
Los símbolos de esa “obra de arte” significan que hay una alianza y subordinación de “El de V” con “El del Sombrero”, pero no Ismael “El Mayo” Zambada, que cumple un año detenido en Estados Unidos y también tiene ese apodo en las grandes ligas del narco, sino otro líder criminal que está por encima de Salvador Humberto.
Muy seguramente fue “El Verín” o alguno de sus más allegados con dotes artísticas el que mandó a hacer esos cuadros, que también representan sus afanes de presentarse como “el dueño de Chihuahua”.
En fin, las investigaciones para la clasificación de “El Verín” a su agitado ingreso al penal estatal, tomaron en cuenta dónde puede estar seguro además del área de ingresos y de un Cefereso. El cuadro les pudo dar a los responsables del penal buenas ideas.

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Desde el pasado mes de mayo, la empresa Century 21 Robles & Herrera se desmarcó del conflicto entre dos particulares y otra intermediaria inmobiliaria, en la compra-venta millonaria de una propiedad en el San Francisco, en la que el vendedor se comprometió, sin cumplirlo, a la reparación de un elevador.
Aunque la denuncia existe en la Fiscalía Zona Centro, nos aseguran que la conocida franquicia ubicada en San Felipe no es la responsable del incumplimiento por parte del vendedor, dentro del caso que dimos a conocer ayer, por un caso de fraude y abuso de confianza.
La adquisición en la que intervinieron Century 21 y otra empresa fue realizada en octubre del año pasado; en el contrato quedó asentado que la parte vendedora se encargaría de la reparación de un elevador residencial como parte de la transacción, sin cumplir su compromiso.
“Es importante señalar que, conforme a lo estipulado en el contrato privado de compraventa que usted firmó al adquirir el inmueble, en su cláusula Novena, tanto la parte compradora como la parte vendedora reconocen expresamente que Century 21 Robles & Herrera, participa únicamente como intermediario en la operación”, dice una carta que nos hacen llegar, dirigida a la persona afectada por el incumplimiento del vendedor.
“... porque precisamente en eso consisten nuestros servicios, sin asumir ninguna responsabilidad por los incumplimientos derivados entre las partes. Esta cláusula se encuentra debidamente firmada y aceptada por ambas partes en dicho contrato”, asienta la misiva, que puede verse en la edición digital de GPS.
No obstante, nos aseguran que la empresa dirigida por Marcelino Robles ha estado dispuesta a colaborar en cualquier acción que la parte afectada decida tomar en contra de la parte vendedora, la incumplida.
“En ese sentido, ponemos a su disposición y de su representante legal, toda la documentación necesaria, comprometiéndonos a colaborar con su abogado cuando se requiera, para proporcionar la información relacionada con el caso”, comunicó Century 21 a la compradora, que con justa razón reclama el daño ocasionado.
El caso ha resultado llamativo porque no es una transacción menor, sino de una residencia considerable; nomás la reparación a la que hace referencia está tasada en alrededor de 400 mil pesos, pero de acuerdo a los documentos disponibles, es clara la responsabilidad de la parte vendedora, contra la que debe dirigirse la acción de la autoridad.

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Ayer durante la mañana, nos reportan, elementos de la Comisión Local y la Comisión Nacional de Búsqueda, del Ejército, la Guardia Nacional y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, realizaron un rastreo en el cuartel militar de Nuevo Casas Grandes, algo extraño en la larga historia de violencia del estado mexicano.
En cumplimiento a la sentencia contra México de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue realizada esa labor en el 35 Batallón de Infantería, cuyos elementos, en el año 2009, fueron involucrados en la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes fueron “levantados” en el ejido Benito Juárez.
El tribunal internacional determinó que había indicios suficientes para considerar que el personal militar estuvo involucrado en el caso, uno de tantos donde las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas aportaron más violencia y sangre a la historia nacional, en vez de contribuir a combatir el crimen.
La corte ordenó buscarlos hasta encontrarlos al estado mexicano, por aquella tropelía militar en los tiempos del fallido gobierno de Felipe Calderón, principal responsable de combatir la inseguridad, que contradictoriamente dejó esa tarea en manos de Genaro García Luna, hoy sentenciado por narcotráfico en Nueva York.
A tantos años de distancia, sin embargo, siguen los contransentidos. Hoy el Ejército y la Guardia Nacional buscan a quienes sus antecesores presuntamente desaparecieron de la faz de la tierra, en un falaz combate a la delincuencia.
No solo eso: esa sentencia internacional, del “Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México”, encendió el debate sobre las tareas del Ejército y los cuerpos civiles de seguridad pública.
“La Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”, estableció la resolución publicada en 2018, pero hasta la fecha la seguridad está militarizada.
Buscarlos hasta encontrarlos con los mismos que posiblemente los desaparecieron. Así de surrealista es la situación mexicana hasta la fecha.

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El Comisario jefe de la policía municipal, Julio Salas, no se vio temeroso de presentar los números de robo a casa habitación, robo a negocios y de vehículos del mes de julio 2025 en comparativa con el mismo mes del año pasado.
Claro, presentó buenos resultados desprendidos de estrategia y eficientes prácticas de logística y tecnología en la corporación.
Hay una reducción delictiva en varios rubros. Entre los datos más destacados están en el robo a negocio con violencia y sin violencia, pasando de 8 y 50 delitos respectivamente en el año 2024, a tres y 20 en este 2025.
En robo a casa habitación, de uno con violencia y 73 sin violencia, a 0 y cinco respectivamente. También en robo a vehículos, donde si bien en robo con violencia fue de siete para ambos años, en el apartado de sin violencia pasó de 48 a 26.
Salas asegura que es en respuesta del Operativo Verano Seguro, aunque sabemos que va más allá, y es debido al compromiso que tiene con la ciudadanía y la confianza en su corporación.
Es la presión de mejores resultados llevada a cabo por el propio alcalde Bonilla.