Sin novedad en el frente nacional, donde Morena se apropió de la cúpula del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Disciplina, en Chihuahua el régimen de la 4T, con sus diversas corrientes, pasó de unas cuantas posiciones a obtener al menos un tercio de la judicatura.
Ese es el balance general de la elección judicial que vivimos hace una semana, donde la descarada circulación de los acordeones, las sospechas y desconfianzas marcaron el histórico proceso en el que votaron apenas uno de cada 10 ciudadanos.
Fuera de los cuestionamientos al inédito procedimiento para elegir juzgadores estatales y federales, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene más freno aparte del que se autoimponga o le aplique la oposición interna morenista, porque no hay otra.
Tiene el control absoluto del Ejecutivo y del Poder Judicial, mientras el Legislativo puede considerarlo a medias por las artimañas de sus coordinadores, Adán Augusto López en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados.
Lo relevante en este plano es que, en una jugada quirúrgica, haya optado Sheinbaum por el oaxaqueño de origen mixteco, Hugo Aguilar, para presidir el máximo tribunal, ante la advertencia de que Lenia Batres podría ser una aliada de riesgo. Alacranes ya tiene bastantes con López Hernández y Monreal Ávila.
De ahí en fuera, hoy tiene una Suprema Corte al servicio presidencial, con un tribunal disciplinario como verdugo o una especie de Santa Inquisición de la 4T; eso le garantiza Aguilar a la cabeza de nueve ministros y ministras protagonistas del acordeón oficial armado previo a la elección.
Poco espacio para el balance y los equilibrios podemos esperar en las demás posiciones en juego: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto el central como las salas regionales; Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, pues hasta en las menores posiciones alcanzaron los tentáculos morenistas.
Aunque en Chihuahua fueron nomás cerca de 30 las posiciones de juzgadores federales en juego -la otra mitad irá a votación en 2027- la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, palomeó prácticamente todas.
Poco, casi nada de margen, dejó al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y a los senadores Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, quienes podrán festejar su aportación al triunfo de la cúpula judicial federal, pero difícilmente podrán contar entre sus posiciones a jueces de distrito o magistrados federales electos.

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No hay novedad en el frente federal, decíamos, pero sí en el plano estatal, donde los grupos políticos pudieron hacer sus apuestas para una elección judicial en la que no estaban invitados los partidos en su diseño original, aunque de todos modos fueron a la fiesta.
Si bien tres o cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado ya jugaban las contras a Palacio de Gobierno y a la presidenta, Myriam Hernández, la elección judicial les abrió las puertas a cuando menos 12 perfiles alineados o aliados con liderazgos de Morena.
En las primeras lecturas de la elección judicial, el gobierno de Maru Campos optó por hacer concesiones para ajustarse a los nuevos tiempos de la justicia en México, reformada desde el centralismo inmutable y reforzado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Alrededor de un tercio de las 30 salas civiles, familiares y penales en juego, fueron asignadas con una precisión electoral profesional del prianismo, operado desde la Secretaría General de Gobierno.
En las 11 salas civiles que habrán de ocuparse, aparecen nombres como los Debbie León y Cristina Sandoval Holguín, impulsadas tanto en el acordeón morenista del Bienestar como entre grupos del PAN y PRI; además de los de Yamil Athié y Emmanuel Chávez, promovidos por varios grupos de la 4T. Aquí otra posición de las mujeres, si no cambian las cosas, podría ser para otro grupo morenista no incómodo para Palacio.
En las cinco salas familiares, del morenismo destaca Sara Julieta Muñoz, mientras las otras cuatro parecen quedar definidas a favor del poder estatal; de aquí sobresale Marcela Herrera Sandoval, directora de Planeación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, perfilada como próxima magistrada presidenta, con una cantidad de votos que dibuja bien los amarres y acuerdos políticos de Palacio y las corrientes moderadas de Morena.
De las 14 salas penales, despuntan en el conteo tres perfiles aparecidos en los acordeones guinda: Claudia Campos, Perla Ruiz y Javier Rodolfo Acosta; más otros tres con apoyo combinado entre morenistas y prianistas: Myrelle Lozoya, Nancy Sánchez y José Luis Chacón.
Ellos, además de Jazmín Alanís, colada como una concesión morenista al nuevo Tribunal de Disciplina Estatal, son los punteros lanzados por Morena que penetran la estructura judicial. De casi nada a eso, es un salto enorme.

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Esa precisión quirúrgica que tuvo Sheinbaum para catapultar a Aguilar sobre los Batres y su poderoso grupo interno, también pudo verse en los acordeones del Palacio de Gobierno, pero aplicada no sólo para conceder posiciones a la 4T de Ariadna, sino para contener ansias de quienes tienen sus ojos puestos en 2027.
En este punto, están en la rayita -hasta donde va el conteo del IEE este fin de semana- las apuestas del alcalde Marco Bonilla, su secretario municipal Roberto Fuentes; y el perfil impulsado desde la administración juarense, Angélica Mendoza, magistrada en funciones y esposa del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.
Ambas cartas van por salas civiles, en un escenario en el que si avanza Fuentes pierde la posición Andrés Pérez Howlet, posición del mismísimo operador de la elección, Santiago de la Peña, secretario de Gobierno; esto en el caso de que sean seis mujeres y cinco hombres los que sean electos para esas 11 salas, pero también existe la posibilidad de que el equilibrio de género sea buscado de otra manera.
Es difícil que el favorecido sea el secretario municipal de Marco Bonilla y la magistrada Mendoza, apuesta del grupo de Pérez Cuéllar, sea la marginada, tanto por el género como por el diferencial de votos, casi siete mil más que Fuentes.
De estas jugadas, suponemos, habrá muchas más en la composición de los juzgados de primera instancia, una vez que el IEE comience a realizar el cómputo, esperado para esta semana. Aquí son 270 las posiciones en juego, que deberán entregarse con el principio de la paridad de género, pero igual, por los votos obtenidos, habrán de quedar en evidencia los juegos políticos detrás.
Por mientras, la conclusión es que hubo acuerdos y concesiones políticas al más alto nivel que posteriormente serán identificables en, por ejemplo, las votaciones que alcanzaron algunas candidatas a ministras de la SCJN, seguramente apoyadas desde el grupo en el poder estatal, además del federal.
Es difícil considerar el resultado y su balance como algo definitorio de la sucesión estatal, pero es el Poder Judicial, quizás, un indicativo de lo que veremos en los meses siguientes en cuanto a los reacomodos políticos.

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Tenemos, así, un Poder Judicial Federal bajo el control total del Ejecutivo, gracias a la aplanadora morenista que sigue en construcción por la 4T, en algunas partes con acuerdos tan pragmáticos que asustan a los ideólogos de izquierda y de derecha.
En el estado, el Poder Judicial también mantiene su dependencia real -fuera de falaces discursos sobre la división de poderes- del Ejecutivo Estatal, con cierta apertura y concesiones para un tránsito con menos sobresaltos políticos como los que ha vivido Chihuahua desde 2015-2016 hasta la fecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum sentó las bases para consolidar un régimen que ahora va a quedarse sin pretextos para no ser eficiente; la gobernadora Campos fijo la ruta también para consolidar su gobierno, con menos conflictos y fricciones con el poder federal.
En tanto, la sacudida que hizo crujir al Poder Judicial tuvo un elevado costo financiero que, por ahora, no anticipa un cambio profundo en la impartición de justicia.
La llegada de nuevos juzgadores en todos sus niveles, mediante un oneroso mecanismo de participación ciudadana cooptado por los mismos grupos de poder, es tan simuladora como los dedazos del Ejecutivo.
Si antes los juzgadores eran impuestos desde el poder -mediante exámenes, comparecencias, entrevistas y cuantos filtros ha inventado la clase política- ahora fueron impuestos desde las mismas cúpulas políticas en un ejercicio de supuesta apariencia democrática; esa realidad y no otra refleja la escasa participación, casi toda movilizada por las nóminas públicas.
La reforma que llevó a la elección del domingo pasado, cuyo cómputo sigue en curso, tuvo el agravante de un mecanismo carísimo y hecho sobre las rodillas, con las prisas resultantes de un proceso electoral en el que arrasó el morenismo, tal vez de forma legítima, pero sobre interpretada en cuanto a lo que era la voluntad popular.
Por mientras, es lo que hay en materia de justicia: un reacomodo político sin señal alguna, hasta el momento, del cambio profundo necesario en la tarea de erradicar la corrupción judicial, hacer más eficientes los juicios, combatir la inseguridad, castigar el crimen y resolver el añejo rezago de cientos de miles de expedientes inconclusos ya sea por negligencia o acuerdos turbios.