La segunda más votada en la contienda para jueces penales del Distrito Bravos, sin aparecer en alguno de los acordeones conocidos, fue Silvia Rocío Delgado García, la abogada defensora del célebre narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando estuvo preso en Ciudad Juárez.
Con más de 23 mil votos, la licenciada Delgado logró la titularidad de un juzgado penal, en uno de tantos, de muchos casos misteriosos que dejó la elección judicial, actualmente en fase de conclusión con la sanción de los tribunales electorales.
La generalidad de los acordeones estatales y federales, más allá de la cuestionable práctica de inducción del voto, explica en gran medida las cifras de sufragios alcanzados por algunas candidaturas; los amarres políticos para colarse en dos, tres o más de los listados fue el plus que les pusieron los aspirantes.
Pero hay casos atípicos que rompen con eso y generan dudas, levantan sospechas no nada más sobre quiénes patrocinaron determinadas candidaturas y los intereses detrás, sino hasta del mismo cómputo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), en total oscuridad y secretismo, tal vez hasta secuestrado por algoritmos ajenos.
Las sospechas son válidas a partir del análisis de los resultados, explicables en muchos casos por las alianzas políticas cupulares entre supuestos rivales, así como por las traiciones y el sube y baja de nombres (más bien números) de los listados promovidos. Pero en otros casos no existen explicaciones lógicas.
El triunfo de Delgado García como jueza penal se presta para interpretarse como producto de algún interés turbio oculto en su candidatura, pero también puede verse como otro intento para desacreditar a nivel internacional la elección judicial de México, porque su sola candidatura generó revuelo fuera del país desde el principio.
Igual puede interpretarse como la clara señal de que algún grupo delictivo pudo patrocinar su candidatura, tal como lo advertían los opositores a la reforma; que como, al ganar un espacio de juzgadora estatal, pudieron dárselo a través de alguna trampa en el sistema de cómputo, precisamente para dar esa impresión de que el crimen pudiera infiltrar al aparato de justicia, como si no estuviera desde hace años bastante infiltrado.
Queda en el terreno del misterio el significado de esa elección, como el de tantas otras.
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Es una realidad que, al más alto nivel, morenistas de la corriente de la secretaria de Bienestar y su delegada en Chihuahua, Ariadna Montiel y Mayra Chávez, así como de los grupos que gravitan en el proyecto de Ciudad Juárez, pactaron con Palacio de Gobierno para sacar una elección tersa, muy manejable dado el bajo nivel de participación ciudadana auténticamente libre.
Así lo demuestran la composición del Tribunal de Disciplina Judicial, con tres perfiles enteramente del PAN, Francisco Acosta Molina, Luis Daniel Meza y Yadira Anette Quiñónez; una de Movimiento Ciudadano, Nancy Josefina Escárcega; y una palomeada por Morena, Jazmín Alanís Reza.
Lo extraño y misterioso aquí es qué ofrecieron y qué vendieron los que trabaron este acuerdo, arriesgándose a imponer al esposo de la diputada del PAN, Carmen Rocío González, como presidente, y como magistrada a la esposa del diputado-gerente del partido naranja, Francisco “Pancho” Sánchez, quien además operó una posición de la justicia federal en Juárez y otra en Chihuahua.
El caso fronterizo ligado a los naranjas es de lo más ilustrativo de esos misteriosos movimientos en el cómputo electoral. Extrañamente cara la cotización de un voto en el Congreso del Estado, a menos que “Pancho” tenga encandilados con otras cosas a los operadores de Palacio que le dan tantas concesiones.
El ganador de un Juzgado de Distrito ligado a MC, Luis Eduardo Rivas Martínez, no solo fue de los activistas contra los libros de texto gratuitos que representaron un gran escollo entre la 4T y el Gobierno del Estado, sino que tenía registro como candidato a juez federal y a juez estatal al mismo tiempo, lo que debió haber invalidado su candidatura, pero no fue así.
Sin hacer campaña, además, primero figuró en el sótano del cómputo del INE hasta alrededor de una semana de la jornada electoral, para luego emerger con más de 23 mil votos sacados quién sabe de dónde, si tampoco iba en los acordeones, ni en los fifís ni en los morenistas.
¿No huele a algo raro ese brinco en el conteo, que se suma a todos los elementos que empañan el proceso? Sí, el tufo llega de Juárez hasta Guadalupe y Calvo; de Uruachi hasta Camargo.
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Sería bastante ingenuo pensar que fue producto de la sana incertidumbre democrática el resultado numérico de la elección, así como la cercanía en la cantidad de sufragios entre algunas candidaturas estatales y federales.
La nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, ganadora de la contienda por las magistraturas familiares, alcanzó 121 mil votos, cantidad parecida o cercana a los poco más de 130 mil que obtuvo en Chihuahua el ahora ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, por encima de quienes aparecían como favoritas de la 4T, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Extrañamente, el cómputo en Juárez a favor de Herrera Sandoval marcó 45 mil votos, casi nada para una persona totalmente desconocida en la frontera, como lo era el ahora ministro Aguilar en la entidad donde pasó por encima de las candidatas mujeres para el más alto tribunal del país.
El puntaje de Herrera Sandoval (121 mil) entre los votos del ministro Aguilar (135 mil) y los que obtuvo la aspirante a ministra apoyada tanto por el PRIAN como por Morena, Esquivel Mossa (114 mil), es señal de una labor de ingeniería electoral de altos vuelos, en apariencia. Que nos explique “El Coco” Reyes Castro, que aún sigue dando coletazos en los cafés digitales.
Hay, sin embargo, sospechas de posibles urnas rellenadas antes de abrir las casillas, manipulación del cómputo por manos ajenas a los organismos electorales, alteración de los resultados finales en las actas, independientemente del número real de votos.
Todo es posible si ahora, en este proceso, el cómputo fue realizado a espaldas de la sociedad, sin representantes de los partidos y sin posibilidad de revisar, cuestionar y discutir sobre lo que quedó plasmado en las boletas.
A pesar de la apertura del IEE, cuyo consejo encabezado por Yanko Durán instaló cámaras en los centros de conteo, como ningún otro organismo lo hizo en el país, la sospecha cundió porque las misteriosas similitudes en los resultados o las distorsiones matemáticas, más allá de cualquier acordeonazo, se repitieron en infinidad de casillas y secciones.

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Fuera de las marcadas y justificadas sospechas sobre el cómputo, hay otras rarezas de la elección judicial que hacen cuestionable tanto el conteo como el proceso desde sus inicios, desde la misma postulación de perfiles ahora impugnados formalmente ante el Tribunal Estatal Electoral.
Desde luego, lleva la impugnación una sobrecarga política importante y pocas posibilidades de transitar de forma exitosa.
Sin embargo, el recurso recién formulado a fines de esta semana exhibe el pase libre que le fue brindado a candidatos como Rubén Aguilar, cuota del PT, designado como encargado de sala para hacerlo aspirante sin tener que acreditar los requisitos legales a los que fueron sometidos los demás contendientes.
Si bien en el paquete de impugnados van ganadores de todas las corrientes, como José Luis Chacón, Nyria Janette Trevizo, Cristina Sandoval Holguín, Emmanuel Chávez, Gerardo Javier Acosta Barrera y la misma magistrada presidenta electa, el recurso que pide la revisión de su elegibilidad constitucional presenta varios de esos cuestionamientos sobre las cosas extrañas sucedidas en esta elección judicial.
Así, el proceso, finalmente, queda manchado por la cantidad de sucesos de difícil o imposible explicación, que van desde los cómputos tardados, caídos y presumiblemente manipulados, hasta la postulación, imposición o elección de juzgadores con vicios de origen.
A nivel federal la justicia estará sometida, doblegada y comprometida políticamente, lo que en algún momento hará crisis, tal vez no con los casos comunes, esos seguirán igual que siempre, pero en cuanto alguna controversia implique alguna injusticia del poder, no podremos esperar una resolución imparcial.
En el estado, como habíamos previsto, una simulación en el proceso político de designación solo fue cambiada por otra, más cara y onerosa para el presupuesto, sin quitarle los sesgos y controles que siempre han pesado sobre un Poder Judicial débil, con magistrados sumisos. No hay cambio alguno, salvo por el enorme costo electoral.
Por ello, tal vez la misteriosa victoria de la abogada de “El Chapo” Guzmán cuando estuvo preso en Juárez sea el menor de las crisis reputacionales que mantendrá el sistema de justicia.