-Cerradas con candado audiencias federales
-Quiso calentarle la cabeza a Claudia
-La silla vacía en el TEE


Fue toda una sacudida a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) la detención de Alejandra O.R, auxiliar del área administrativa, y el traslado a Juárez casi en calidad de detenido de su novio, un agente de la Policía Federal Ministerial de nombre Raúl A., mejor conocido en las filas como “El Chamuco” o “El Diablo”.
A la mujer, como es conocido, le aseguraron 17 kilos de cristal en su casa de la colonia CDP, además de dinero en efectivo y tres vehículos, uno de los cuales era comúnmente conducido por su pareja sentimental y estaba en la mira de sicarios rivales para atacarlo, de acuerdo a los datos que han trascendido.
Pero la versión que ahora corre en las oficinas de la FGR es que detrás de ambos hay más nombres de trabajadores administrativos, agentes operativos y del Ministerio Público Federal, que eran de confianza para tramitar de forma exprés determinaciones del no ejercicio de la acción penal y otras resoluciones, en especial para favorecer a cierto grupo delictivo.
Supuestamente, de todas esas versiones ya tomaron nota la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, que tienen bajo proceso a la mujer y bajo investigación al elemento, al que básicamente le salvaron la vida con su traslado obligado a la frontera.
El caso tomaría dimensiones mayores, pues no sería sólo una empleada de la FGR involucrada y su pareja sentimental como sospechoso, sino toda una red que tenía en la venta al menudeo de cristal uno de sus fuertes, pero además arreglos para no procesar a quienes les fueran consignados por armas, drogas y demás delitos federales.
De ser así, eso echaría mucha luz sobre el crecimiento exponencial en el consumo de esta droga, que uno de los cárteles tiene como prioridad, mientras que otro lo tiene prohibido, por generar más pérdidas que ganancias en el mediano plazo, por más rentable que parezca el producto en el corto plazo.
Más allá de la causa penal 665/2025, en la que aparece como única imputada Alejandra O.R, iniciada por la Fiscalía General del Estado y consignada a la autoridad federal, es obligada la intervención completa de la FGR que, para variar, ha mantenido el incómodo silencio sobre lo ocurrido.

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En ese sentido, pareciera que entre más cercana está la elección de personas juzgadoras, más alejado está el Poder Judicial de la federación de la ciudadanía. En más de una ocasión han cerrado las puertas de audiencias públicas.
La máxima publicidad que rige los procesos penales tiene como finalidad transparentar la actuación de los jueces ante la población y sólo en casos excepcionales pueden ordenar que una audiencia se realice de manera privada, sobre todo para la protección de víctimas.
A principios de año, un juez federal impidió el acceso a los medios de comunicación a la audiencia de Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, presunto líder criminal detenido en Guachochi.
En aquella ocasión ni siquiera se permitió a los reporteros cruzar la caseta, mucho menos ingresar al recinto.
La misma escena se repitió unas semanas después, al negarse el acceso a la audiencia donde serían presentados 15 de los 16 detenidos por un ataque en contra de elementos de la Guardia Nacional en Matamoros, donde murió el coronel, Juan Manuel Corral Hernández.
Ni siquiera tenía el juez de pretexto que entre los detenidos hubiera un menor de edad, ya que su audiencia se realizó un día antes y no estaba presente con el resto de los imputados.
Este lunes fue vinculada a proceso Alejandra O. R., exempleada de la Fiscalía General de la República (FGR) que tenía en su poder 17 kilos de cristal. El proceso se ha realizado en total hermetismo.
El proceso electoral mediante el cual serán electos ministros, magistrados y jueces tiene evidentes fallas de fondo y forma que ponen en duda la posibilidad de una real democratización del Poder Judicial y en efectivo acceso a la justicia.
Sin embargo, observar al Centro de Justicia Federal convertido en un acorazado impenetrable hace pensar que hay algo de verdad en el argumento de que, actualmente, los tribunales no saben o ni interés tienen de abrirse a la sociedad.

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Para quien dudaba acerca de que en las “Mañaneras del Pueblo” participan también seudo periodistas afines a Morena, ayer quedó despejada cualquier duda, con la participación de un disque periodista de esta ciudad de nombre Aarón Aragón, que dice tener un medio, cuando es conocido que el espacio en radio lo paga Morena y la diputada Brenda Ríos.
Resulta que, investigando un poco sobre este personaje, es un empleado de Ever Quezada, en la Delegación del Bienestar, quien participó en la Mañanera del Pueblo sólo para exhibir su intolerancia con los medios que les abren espacios para que hablen de sus temas, más no de la guerra sucia que manejan en redes sociales y que se reservan el derecho de publicarles en medios serios a quienes señalan de estar sesgados.
Aunque intentaron contaminar a la presidenta de la República con su guerra sucia contra las autoridades locales por el tema de la selección de candidatos a jueces y magistrados, el tiro les salió por la culata, por la respuesta que dio la mandataria, al señalar que los aspirantes deben simplemente cumplir con los requisitos marcados por la convocatoria.
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Desde hace unos días ocupa Rubén Aguilar Gil la secretaría de acuerdos de la Quinta Sala Penal, por decisión del Consejo de la Judicatura, luego de que Claudia Velarde Carrillo regresará a su anterior puesto de secretaria de Sala.
Ocupaba Rubén sin pena ni gloria, grisesón, la dirección de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desde el 2022.
Son de esos acuerdos políticos que le han permitido vivir del erario desde hace décadas, en posiciones inclusive de gran relevancia, como ocurre ahora.
Con perfil bajísimo, es actualmente entonces magistrado en funciones, y como tal pasa en automático a la lista de candidatos a ocupar el puesto en la elección del primero de junio.
Despacito, despacito, estará entonces en la boleta Rubén sin más mérito personal que el apellido, junto con los actuales magistrados, en lo Penal Ilián Villanueva, Jorge Ramírez, Gerardo Acosta, Carlos Dávalos, Rogelio Guzmán, José Luis Chacón, José Lara; en materia Civil van Nyria Trevizo, Cristina Sandoval, José Fierro, Julio Merino y Angélica Mendoza.

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Quedó vacío el sillón que en el pleno del Tribunal Estatal Electoral ocupa Gabriel Sepúlveda, al excusarse de conocer de tres de los asuntos tratados el pasado lunes, por existir un evidente conflicto de interés.
Nos dicen que no es la primera vez que en las últimas sesiones ha tenido que abandonar la sala de sesiones el magistrado en funciones, toda vez que está compitiendo para una magistratura civil.
Por ello, cuando fueron tratados los expedientes 98, 103, 49 y 96, debió el magistrado atender la indicación del presidente Hugo Molina, conforme la excusa autorizada de manera anterior.
Todos los asuntos tratados fueron bateados en automático, cinco de ellos porque los efectos solicitados, aún y cuando les asistiera la razón a los impugnantes, no podría hacerse nada, porque han sido entregadas las listas al legislativo y éste ya las entregó al Instituto Estatal Electoral, para los efectos constitucionales.
Difirió únicamente de las razones para desechamiento el asunto 049, de la jueza Alejandra Ramos, toda vez que dicho caso -a solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- fue abordado de nuevo y confirmado en sus términos, toda vez que el tribunal consideró que no existe interés jurídico en el impugnante.
De primaria fue exhibido que el recurso fue presentado contra un acto que no era definitivo, y que por lo tanto no le causaba agravio a Ramos.
Ahora están pendientes recursos interpuestos en contra de la decisión del Congreso de no enviar la lista de aspirantes a magistraturas; tiene chamba enfrente aún el tribunal.
La foto en la edición digital del sillón vacío.