-Otra de Pensiones y la protesta del SNTE

-Maltrato a residentes del IMSS

-Decisiones quirúrgicas en Ichitaip

Fue la propia directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Bianca Nevárez, quien dio a conocer la investigación en torno a otros cinco agentes que podrían estar vinculados al tráfico de armas y cartuchos a la entidad.

La funcionaria adelantó ese detalle tras ser cuestionada sobre la detención de Carlos Arturo B.R, agente estatal detenido en el puesto de revisión militar de Samalayuca, con más de ocho mil cartuchos de grueso calibre que obviamente no los quería para sus armas de cargo.

Irónicamente el detenido era agente cercanísimo a Bianca; y más irónicamente, fue arrestado por militares justo bajo la cámara Centinela que tiene instalada la policía estatal en el Precos de Samalayuca.

Al tiempo que la SSPE se apresuró a emitir un boletín oficial escueto y poco claro sobre el estatus laboral del elemento, corrieron versiones de su cercanía con la misma Nevárez. Sería su escolta y amigo muy, muy cercano, aunque ahora quedara en calidad de desconocido y, casualmente, casi dado de baja de la SSPE, como han resultado estar los últimos policías involucrados en actividades criminales.

Sin embargo, la funcionaria se aventuró a especular sobre los otros elementos policiacos estatales que supuestamente están bajo investigación, todavía sin determinar cuál era el papel que jugaba Carlos Arturo en una trama que la autoridad ha optado por mantener en total opacidad.

Es claro que las balas traficadas de nada sirven si antes o después no estaban las armas de grueso calibre para utilizarlas, pero ahí está uno de los puntos no resueltos, de los que la misma directora de Asuntos Internos o sus superiores jerárquicos en la SSPE, deben tener mucha más información de la que han revelado.

El asunto es crítico no por los chismes, rumores y golpeteo que distingue a las filas policiacas, en las que claramente no hay un líder operativo que las pueda poner a jalar a un mismo lado; es crítico porque implicaría la operación interna de una banda de agentes totalmente al servicio de un grupo, más allá de la conocida complicidad crimen-policía que a veces es forzada por amenazas directas a los elementos.

Nada mejor para eliminar suspicacias que echar toda la luz sobre el tema, abrirse a la sociedad y explicar de forma transparente la situación, además de corregir lo que deba corregirse; es el punto básico que no solo Asuntos Internos sino toda la SSPE debería comprender.

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Dicen que cuando les informaron a las agentes de la Policía Municipal del operativo de desalojo de una familia barzonista, creyeron que iban a sacar a una humilde familia de su modesta casa, pero cual fue su sorpresa que, al llegar, se trataba de un domicilio en fraccionamiento casi exclusivo de la ciudad y que en el exterior tenían estacionadas una RAM 1500 de reciente modelo y un Audi A1 color rojo.

De la organización campesina que nació en defensa de los que menos tienen ya sólo queda el recuerdo, porque sus integrantes ya no andan a caballo de cuatro patas, ahora andan en los de cuatro ruedas, con motores alterados, quemando llanta en cada esquina y escudándose en la organización para evitar pagar las mensualidades de sus casas o al menos eso fue lo que se vio la semana pasada.

Lo ocurrido el viernes no es nuevo, muchos deudores han solicitado la protección de El Barzón para evitar ser desalojados, sólo que esta vez el deudor conoce bien el sistema y de inmediato acudió al amparo, a sabiendas que la Policía Municipal sí reconoce y respeta a la autoridad.

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“Ari nos necesita para su tratamiento”, dice la leyenda sobrepuesta en los resultados de unos análisis clínicos de una menor de edad, realizados por Pensiones Civiles del Estado, que justifican el diagnóstico de una enfermedad compleja que puede agravarse.

Circula la imagen -visible en la edición digital de GPS- en los chats de amigos, maestros y empleados de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que precisamente esta semana, el miércoles, van a parar los planteles estatales por el mal servicio de PCE.

Detrás de esta imagen, nos reportan, está la realidad crítica de Pensiones; a esta derechohabiente le negaron un tratamiento urgente, con variados pretextos sobre la disponibilidad y el uso del medicamento, pero el caso que no se lo proporcionaron, a pesar de contar con el servicio activo, que ha ido de mal en peor durante la gestión actual encabezada por Marco Antonio Herrera García.

La familia de Ari, dicen, recurre ahora a buscar el tratamiento por su cuenta, unas inyecciones especializadas nada accesibles, a las que debe someterse cuando menos tres meses, para tratar de frenar una afección que puede derivar en diabetes juvenil.

Esa es una de muchas realidades que llevan a los maestros a protestar con el cierre de escuelas a causa de las deficiencias de PCE.

Los médicos residentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han formado una red de apoyo para generar acciones de presión, como el paro realizado la semana pasada, y que podría repetirse estos días si no hay solución a sus demandas.

Resulta que han dejado de pagarles hasta cinco meses el apoyo económico de cerca de siete mil pesos quincenales, que podrá ser poco, pero les ayuda a pagar renta y costear su alimentación, particularmente porque la inmensa mayoría de ellos están fuera de su hogar.

Sin ese dinero quedan desprotegidos, con la única ayuda de sus familias, ya que, por lo extenuante de las jornadas, es imposible que puedan realizar otras actividades económicas.

Lo paradójico es que el último informe del Seguro Social entregado al gobierno federal y al Congreso de la Unión, en junio del 2024, es precisamente la formación de profesionistas una de las mayores necesidades y retos que tiene la institución.

Está muy lejos dicha institución de cumplir con la expectativa de la OCDE en materia de camas por cada mil usuarios, que es de cuatro, ya que apenas tiene .67. Está en los suelos.

Para ser precisos, es tal la crisis del IMSS, que necesita -según el diagnóstico oficial- 105 mil médicos, 380 mil enfermeros, y 198 mil camas censables, 761 hospitales como el construido en Juárez y que aún es deficitario en equipo.

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Hay un riesgo existente en la transmisión de la voluminosa base de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, del INAI a la Secretaría Anticorrupción federal.

Hasta ahora, los datos son resguardados por un organismo autónomo constitucional, pero ahora quedarán en las manos de una dependencia del gobierno de la República.

Estamos hablando no sólo de todas las solicitudes de información “incómoda” para la administración federal o estatal de todos los colores, sino de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, que han quedado en la PNT.

Imaginemos a los sabuesos de Inteligencia Financiera de Hacienda hurgando en todo ese universo de datos, con fines de naturaleza política.

O bien, la cacería de brujas detrás de funcionarios incómodos para la 4T.

No es menor entonces la advertencia de los especialistas por lo que podría ocurrir, sin blindaje alguno en la información.

La confidencialidad o reserva pasará a segundo término, en el pragmatismo político de persecución de enemigos reales o imaginarios.

Tendrá que demostrar en los hechos la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, el cuidado de la información, igual que deberá ocurrir aquí a nivel local en la Secretaría de la Función Pública, donde despacha Roberto Fierro, porque en fechas próximas habrá también el mismo desenlace para el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

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En ese tema, imposible no mencionar que saldrán el miércoles a manifestarse con amenaza de tomar Paseo de la Reforma, en Cdmx, los trabajadores del extinto INAI, porque no hay garantías de una liquidación conforme a derecho, en el marco de la última sesión de dicho órgano.

Más aún, cuando muchos de ellos tienen base como empleados federales, la cual no les será respetada, con años de antigüedad. De un plumazo serán despedidos.

Ese es uno de los temas que está pendiente de aterrizar a nivel local en el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, que pasará a la Secretaría de la Función Pública.

No son cientos de empleados como en el INAI, pero sí llegan casi a los 90, con una nómina mensual de cuatro millones de pesos.

Con ese dato, resulta que nada más los tres meses de indemnización constitucional son 12 millones, nada.

La cuestión estriba en los derechos adquiridos, pero, además, en la especialidad de sus funciones, que alguien debe continuar haciendo.

Vendrán decisiones quirúrgicas, a quién despedir, y a quién recontratar, y bajo qué términos, nuevo salario y nuevas prestaciones.

Nada sencillo el panorama próximo.