-De nuevo Riggs al banquillo
-Les gustan las Barret
-Todo del estado por evitar paros de profes

Desarticulada desde la todavía impune ejecución del inspector jefe Víctor Hugo Sosa, la Dirección de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial subsiste en el organigrama de facto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el mismo titular a la cabeza que siempre ha tenido, Refugio Moreno, alias “Jefe Cuco”.
Unos cuantos agentes son los que siguen asignados a esa división, pero sin labor alguna; los demás, por instrucciones del subsecretario de Despliegue Policial, Simeón Esparza, fueron reasignados a otras áreas sin mayores explicaciones, como si en vez de personas policías fueran muebles de oficina o cosas.
El mayor problema de la disolución de esa división, además del maltrato a los policías que la integraban, es que el “Jefe Cuco” sigue con su nivel casi de otro subsecretario, con unos cuantos mandos a su cargo que siguen el ejemplo dado por su director.
El funcionario mantiene protegidos a varios de los suyos, especialistas en el trabajo “extrapolicial”, desde la viaticada de lujo hasta la cobradera de cuotas, funciones en las que tiene a Andrew Ríos y a la subinspectora Gabriela Fernández, cuya labor oficial nadie conoce, pero siguen con la llave abierta de los recursos de la corporación, dinero, patrullas, armas, etc.
Vaya, ni siquiera las funciones mínimas de supervisión de las empresas de seguridad privada realiza la corporación, detallito que debe beneficiar al mismo Cuco y a su socio Santos Vasconcelos, dueños de Cerbero, la agencia siempre contratada para los mejores eventos.
La chorreadera de descontrol alcanza hasta los más bajos niveles, para que todos hagan su agosto al tiempo que siguen en la nómina oficial.
Por ejemplo, Santes Méndez, uno de los escoltas de “Cuco”, se encarga de la venta ilegal de vapes y quién sabe qué otras sustancias, como queda evidenciado en la imagen de un estado de WhatsApp del agente donde promueve su negocito personal que abiertamente viola disposiciones de la Ley General de Salud, por parte de un encargado de hacer cumplir las normas.
De mal en peor, entonces, la fantasmal división de la SSPE, cuyas funciones reales y formales, suponemos, nomás conoce el titular del ramo, Gilberto Loya Chávez.

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Con la resolución del Tribunal Estatal Electoral ya no son una sino dos las denuncias acumuladas en contra de Miguel Riggs, por los mismos hechos, aquella frase misógina pronunciada en reunión oficial de la Comisión de Hacienda del Cabildo, a mediados de enero.
Le va a salir muy caro al juguetón corralista haberse expresado de esa manera en contra de la síndica Olivia Franco, ya que el Instituto Estatal Electoral tiene todos los elementos para proseguir con el procedimiento en su contra.
De hecho, publicó el IEE un acuerdo ayer en el cual está convocando a una audiencia de pruebas y alegatos para reponer la anterior ya celebrada, y que fue anulada por el Tribunal.
Ahora estarán los dos expedientes, el de Olivia y el presentado por Denisse Sarahí Franklin Andeola, los cuales serán llevados en una misma cuerda, como luego dicen los abogados.
Esa audiencia de pruebas tendrá lugar el próximo día 20, o sea mañana.
En difícil situación está Miguel Riggs, porque según el principio de reversión de la carga de la prueba, deberá el regidor demostrar que no es culpable de la conducta misógina atribuida, lo cual está verdaderamente en chino.
Constan las grabaciones del video con el audio donde clarito se escuchan las tres intervenciones de Miguel, con las palabras altisonantes que son de conocimiento público, “las mamadas de esta pendeja”.
Así ni cómo.

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En lo que va de la administración han sido decomisadas 10 armas Barrett, en operativos contra la delincuencia organizada.
Tres de esas armas han sido confiscadas en lo que va del año, en operativos distintos.
El 23 de enero, en el municipio de Uruachi, en el seccional de Arechuyvo, encontraron una de estas armas, junto 40 cartuchos calibre .50, así como múltiples cargadores, de otra arma larga distinta.
Dos días después, en el municipio de Parral, la policía decomiso nueve armas largas, ocho mil 205 cartuchos y 15 cargadores; una de estas armas correspondía de nuevo a una Barret.
El último decomiso ocurrió el domingo, en Coronado, durante un enfrentamiento con Guardia Nacional, donde fue abatido un civil.
Ahí fueron once las armas largas confiscadas, una de ellas del tipo Barret.
La Barret es un arma que habla de otra capacidad de fuego de la delincuencia organizada, que ni de lejos tiene la policía estatal, mucho menos la municipal.
Con esos tres decomisos, ya cumplió el 2025 su cuota de hallazgos promedio de Barret, y apenas es mediados de marzo.

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En un intento de último momento, hubo encerrona de varias horas ayer por parte del secretario de Educación, Hugo Gutiérrez, con el titular de Pensiones Civiles del Estado, Marco Herrera, con la representación sindical, encabezada por el secretario general, Manuel Quiroz, en busca de un resquicio para desactivar el paro laboral de hoy.
Hasta donde sabemos hay una muy buena comunicación entre Hugo y la dirigencia sindical, por lo que habrían sido puestos sobre la mesa compromisos claros y objetivos para reducir la tensión, pero ni así pudieron hasta ayer ya entrada la tarde evitar la protesta.
No sólo hubo operación estatal, sino también federal, desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, con la Coordinadora Nacional de la Educación, a grado que retiró la propuesta de reforma al ISSSTE y se supone -sólo se supone- que quedó ya cancelada la jornada de acciones de trabajadores federales, porque hasta el momento todo sigue en pie.

Los maestros estatales van cohesionados a su protesta mediante paro laboral completo, pero los federales aún seguían divididos, por lo que habría lunares de escuelas no sumadas a la acción de toma de casetas, marcha y paro, todas previstas para hoy y mañana.