Ciudad Juárez.- De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su Artículo 445.- Constituyen infracciones a la Ley: a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña según sea el caso y b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero especie, de personas no autorizadas por la Ley. Y según los Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de personas servidoras públicas en su Artículo 23.- Las personas servidoras públicas deberán abstenerse: II. Realizar actos anticipados de campaña o precampaña, IX. Ordenar la entrega de bienes o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícita o explícitamente promoción personalizada.
La política mexicana ha sido testigo de innumerables controversias a lo largo de los años, y los actos anticipados de campaña de la senadora Andrea Chávez no son la excepción. Recientemente, la senadora morenista ha sido criticada por utilizar unidades médicas móviles para promocionar su imagen en Chihuahua, un estado en el que se votará la gubernatura en 2027. Es importante señalar que la promoción de la imagen de un político utilizando recursos privados, especialmente cuando estos recursos provienen de empresarios con vínculos estrechos con figuras políticas, plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de tales acciones.
Las unidades médicas, propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado, han sido el centro de la estrategia de promoción de Chávez.
La senadora ha defendido su relación con los empresarios, argumentando que la colaboración con el sector privado no es ilegal ni inmoral. Sin embargo, esta defensa parece insuficiente cuando se considera el contexto político y las implicaciones de utilizar servicios de salud gratuitos como herramienta de promoción personal. Una de estas caravanas de salud con características y servicios similares cuesta unos 10 millones de pesos al mes, ¿dónde queda la austeridad de la que tanto se jacta su partido. Si lo que quiere la Senadora es mejorar el sistema de salud, sugiero que mejor esos 10 millones de pesos que se utilizan en esas caravanas, se utilicen para dotar de insumos al IMSS.
Los actos anticipados de campaña de la senadora Andrea Chávez no solo plantean dudas sobre la legalidad y la ética de sus acciones, sino que también reflejan una preocupante falta de transparencia en el uso de recursos privados para fines políticos. Es fundamental que los políticos mantengan un alto estándar de integridad y transparencia, especialmente cuando se trata de la promoción de su imagen y la utilización de recursos que podrían influir en el electorado. La Senadora Chávez debe rendir cuentas y aclarar el origen de los recursos utilizados en su campaña de promoción para garantizar que sus acciones no socaven la confianza pública en el proceso electoral.