Ciudad de México.– “La principal arma de una dictadura es la secrecía, es decir, la opacidad, y la principal arma de una democracia es la apertura, es decir, la transparencia”. Esas palabras de Bohr, retomadas por el canciller Juan Ramón de la Fuente, cobran más relevancia que nunca debido a la coyuntura actual. En efecto, estamos atravesando por una serie de eventos que sin duda marcarán el derrotero de este sexenio y quizá más allá. La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la creación del nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo” constituirá un parteaguas en la administración de Claudia Sheinbaum. Discutamos acerca de las implicaciones de esto.
La transparencia es un recurso de la ciudadanía para evitar abusos. Con la desaparición del INAI corremos el riesgo de retornar a una época donde la información se obtenía a cuentagotas y había que luchar contra el secretismo oficial. El INAI, como todos los institutos, era perfectible y tuvo sus deficiencias. No obstante, con su creación hace más de dos décadas (primero como IFAI y después como INAI), México se acercó un poco más hacia los ideales democráticos. Ya en otra ocasión señalé algunos casos notables que emergieron gracias a este organismo. La “casa blanca” y la “estafa maestra” en el sexenio de Peña Nieto, los desvíos del gobierno de Veracruz en épocas de Javier Duarte e incluso el toallagate de Vicente Fox. Todo ello ocurrió gracias a un instituto ciudadano y autónomo. Ahora estamos en riesgo de que esto no suceda más.
El pasado 20 de marzo se publicó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 21 del mismo mes, su reglamento. Al margen de una revisión exhaustiva de su contenido, lo más relevante es que el nuevo organismo ya no será ciudadano ni autónomo. Parte de la trascendencia del INAI residía en que era un organismo ciudadano y estaba dotado de autonomía plena. El nuevo ente no gozará de estas condiciones. Esta nueva autoridad, denominada Transparencia para el Pueblo dependerá del Ejecutivo. La persona titular de esta dependencia será nombrada y removida por la Presidencia. Lo anterior deja entrever una clara contradicción: las decisiones en Transparencia para el Pueblo serán tomadas por personas que tienen incentivos para ocultar la información. En otras palabras, quien esté a cargo de velar por la transparencia será subordinada de una de las personas a las que tendría que vigilar. ¡Qué incongruencia! ¿Ustedes creen que, si Javier Duarte o Peña Nieto hubieran tenido en sus manos la decisión de dar a conocer o no la información tocante a ellos, habrían sido transparentes? La respuesta es clara.
Sin duda el INAI necesitaba de una reestructura urgente y algunos ajustes legales. No obstante, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Sucederá lo que ha venido ocurriendo los últimos años: un diagnóstico más o menos veraz, pero un tratamiento desastroso. Los problemas de transparencia en México, no se resuelven quitándole autonomía al organismo garante y haciéndolo directamente dependiente del Ejecutivo. Las consecuencias son previsibles: más opacidad y menos rendición de cuentas.
En resumen, con este nuevo organismo, hará falta una ciudadanía más activa, medios de comunicación más incisivos y una academia más comprometida para hacer frente a este claro retroceso. Volviendo a Juan Ramón de la Fuente: la democracia es transparente o no es democracia.
Tremendo revuelo está causando a nivel nacional la senadora Andrea Chávez por la cantidad de recursos erogados. Con toda la polémica suscitada a raíz de sus caravanas de salud (y la publicidad que ello implica) y tomando en cuenta que este tipo de decisiones siempre se toman en el centro del país, todo parece más claro: Andrea será la candidata.
