-Avanza también perfil de un hombre por CEDH
-Números ya claros de elección judicial
-Trae más colguijes que General
No le perdonaron a Carlos Julio G. C. el delito de violación por el que era procesado, es la conclusión a la que han llegado de inicio los investigadores estatales, tras su asesinato en el Módulo 5 del Cereso de Aquiles Serdán, donde estaba recluido.
El interno fue molido a golpes dentro de la parte del reclusorio destinado a ‘Los Chapos’, nombre genérico para denominar a quienes se identifican como integrantes de las células del Cártel de Sinaloa. A ese grupo se autoadscribió Carlos Julio, cuando el 11 de marzo fue recluido, tras su detención en la colonia Nuevo Triunfo.
El sujeto había recibido la medida de prisión preventiva, luego de que la Fiscalía de la Mujer (FEM), lo detuvo y presentó ante un juez bajo la causa penal 946/2025. Al ser ingresado, nos reportan, dijo pertenecer a ese cártel, por lo que quedó en uno de los módulos separados de los que están destinados a los rivales.
Apenas sobrevivió poco más de una semana y la orden de asesinarlo dentro del penal muy posiblemente fue porque se pasó de la raya en las actividades criminales. La violación es muy castigada entre los reclusos, peor cuando se trata de víctimas menores de edad.
Así, este fue el primer homicidio doloso en la “Ciudad Criminal”, como le dicen a la prisión desde la Ciudad Judicial, por donde deben pasar primero los acusados antes de terminar recluidos.
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Ante los reclamos, primero soterrados y cada vez más evidentes, de que ya está definida la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Congreso nomás hace la faramalla para simular un proceso de selección, empezaron a barajarse otras opciones para que no sea una mujer la privilegiada con el cargo.
Mientras avanza el proceso de designación de la nueva ombudsperson, el fin de semana, por alguna razón, varios grupos comenzaron a hacer ruido con un perfil de peso, el del actual consejero del Instituto Estatal Electoral, Gerardo Macías.
Con una Maestría en Derechos Humanos y Democracia, y actualmente cursando un Doctorado en la Escuela Judicial, Macías no sólo tiene academia, sino también experiencia de campo. Fue el encargado de la consulta indígena en Chihuahua y ha defendido la representación política de estos grupos desde la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas del IEE.
En pocas palabras, tiene tablas, discurso y trayectoria. ¿Será suficiente para convencer y romper inercias? En política, nada está escrito, pero sin duda, es una carta que nadie debería perder de vista.
Van quedando claros los números ya consolidados de lo que viene en la elección judicial, y el enorme reto que significa.
Son tres millones 131 mil 417 los electores que tienen su credencial vigente y están en lista nominal; de ellos un millón 267 mil 134 corresponden a Juárez y 760 mil 021 a Chihuahua; los demás pertenecen a los 65 municipios restantes; votarán en tres mil 507 casillas.
Serán 14 magistraturas penales a elegir, 11 civiles y cinco familiares, más las cinco que corresponden al Tribunal de Disciplina Judicial, que es la joya de la corona, porque es donde estará depositado el látigo y el poder sancionador.
Por distrito judicial serán elegidos en Abraham González 15 cargos, Andrés del Río tres, Arteaga dos, Benito Juárez 20, Bravos (Juárez) 83, Camargo siete, Jiménez dos, Galeana nueve, Guerrero seis, Hidalgo 15, Ojinaga uno, Mina dos, Morelos (Chihuahua) 102, Rayón tres, nada más en lo que hace a los jueces.
Son 856 los candidatos, 72 al TSJ, 18 al Tribunal de Disciplina, y 767 a jueces; hay 401 mujeres y 455 hombres, pero no importa, como los puestos serán asignados con paridad de género, llevarán mano las mujeres en el cómputo, que será efectuado a cuenta gotas.
En estos momentos está por oficializarse el monto de tope de campaña, que será similar al del INE, 220 mil para jueces y cerca del millón para magistrados, con restricción en gasto, sólo volantes.
Definidas las boletas, serán impresas en Ciudad de México, en talleres gráficos de la nación, boletas estatales carta tres millones 158 mil 061; boletas estatales media carta, seis millones 316 mil 122, boletas distritales carta siete millones 015 mil 336 y, boletas distritales media carta, 362 mil 665, alrededor de 17 millones en total.
A estas horas están los operativos armando los archivos, acomodando a los miles de candidatos, con letra minúscula en las boletas, en adobe InDesign, para enviar livianos, pero inmodificables PDF a los talleres, a más tardar el viernes próximo, bajo mecanismos de seguridad y supervisión sólo de consejeros y personal, porque aquí no intervienen partidos.
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Muy a tiempo escapó de Tulum, Quintana Roo, Oscar Aparicio Avendaño, de triste historia durante la administración de Javier Corral, por sus desplantes y poca efectividad.
Llegó Aparicio a aquella ciudad tropical en medio de una crisis de dirección policial, a finales de enero del 2022, que ha llevado al ayuntamiento a tener ocho responsables, el último de los cuatro posteriores, Roberto Rodríguez, asesinado el viernes pasado.
El jefe policial muerto junto con su escolta en un enfrentamiento a cuadras de su casa, es el corolario de un desorden que incluso llevó a la Policía Estatal a asumir el mando en 2021, poco antes de la llegada de Aparicio, que fue realmente fugaz, apenas siete meses, para salir corriendo a Tamaulipas, donde fue vetado por SEDENA y aterrizar en Zacatecas, gracias a los Monreal.
Ahora está Aparicio instalado en Chiapas, a partir de finales del año pasado, cobijado por el gobernador morenista Eduardo Ramírez, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo, donde asumió en medio de un despliegue de fuerza, hasta con un helicóptero artillado.
Carga más medallas y colguijes que general de División. La imagen corresponde a una foto reciente en una visita a la base aérea allá en Chiapas.
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Están las dirigencias magisteriales formales del SNTE en la vorágine de una grave crisis de liderazgo, que los lleva a no garantizar el cumplimiento de acuerdos, como el que firmaron la semana pasada con el Gobierno del Estado y con la federación.
Estuvo reunido el líder de la 42, Manuel Quiroz, durante horas con diversos funcionarios del gobierno estatal, entre ellos Hugo Gutiérrez, el secretario de Educación; el subsecretario general de Gobierno Oscar González Luna, y el director de Pensiones Civiles, Marco Herrera.
Acudió a la prolongada cita además como testigo de honor y garante de cumplimiento de acuerdos, el representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Luis María Aguilar. Pues ni así pudieron evitar el paro, que duró dos días, en consonancia con la pinza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum no anduvo por las ramas y recibió a una comitiva de la CNTE, no del SNTE, para negociar atención a sus demandas a cambio de evitar el paro; ni así lo logró.
Rebasado el SNTE, la CNTE está fortaleciendo su presencia aquí y en el estado completo, como lo demostró la semana pasada, convirtiéndose de pronto en el principal negociador nacional.
Es más, estratégicamente, salvo los puentes internacionales donde no hubo bloqueo sino lo que ellos llaman “liberación”, que es dejar pasar gente sin pagar del lado mexicano, su atención fueron las casetas chihuahuenses y las Recaudaciones de Rentas de algunos municipios. Afectación al gobierno panista.
Le cumplieron a la presidenta en el fondo, porque no hubo acciones reales y contundentes que metiera en aprietos a la federación.
El que sufrió fue el Estado, ante una disminuida dirigencia del SNTE, que fue rebasada por la izquierda y por todos lados.
Ahora a esperar que el asunto se enfríe, en espera de que venga Semana Santa, vacaciones, y después la negociación de mayo del día del maestro, luego vacaciones de verano.
Los líderes sindicales han sido rebasados y la base con motivación política extra se ha movilizado por iniciativa propia defendiendo sus derechos y algunas peticiones adicionales metidas en el acuerdo del viernes pasado.
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Evidenció la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los consejeros del Instituto Estatal Electoral, Yuri Zapata y Georgina Ávila, en su proclividad guinda.
Ambos consejeros decidieron en una comisión las medidas de mordaza dictadas al alcalde Marco Bonilla y la vocera Municipal, Mariana De Lachica.
Con dicha medida beneficiaron momentáneamente a la diputada Brenda Ríos, que cada que puede usa la tribuna para hacer declaraciones en contra del edil, para ganar notoriedad.
Las medidas cautelares dejaban en indefensión pública para defenderse al alcalde y la vocera, en el ejercicio de la libre expresión, por lo que el TEE y después el TRIFE, tumbaron dicha determinación.
Tanto el tribunal local como el federal han recibido muchos de estos asuntos por el mismo estilo, indebidamente escudados en supuesta violencia de género, por lo que han sido desestimados por excesivos, como es el caso.
