-Derroche de agua en aeropuerto

-Los recuadros vacíos en boletas

-Respetar agua de El Granero

La pugna criminal por el control de la región noreste del estado, que se extiende desde Aldama hasta Ojinaga, suma 24 muertos en los últimos meses, producto de las casi normalizadas ejecuciones simples o masacres, con bajas tanto en el bando de “Los Cabrera-Mayos” como de “La Línea”.

En eso se enmarcan los hechos violentos recientes en el vecino municipio de la capital que, pese a la violencia, sigue siendo refugio seguro para miles de capitalinos cada fin de semana.

Ahora hay una tensa calma, con “patrullajes” de ambos bandos buscándose unos a otros, por lo que la violencia puede resurgir de un momento a otro.

Pero en el caso de la última doble ejecución, registrada el 16 de abril, las muertes de quienes en vida llevaban los nombres de Héctor Arturo C.Q y Luis Alfredo M.P, de 41 y 30 años de edad, respectivamente, fueron contabilizadas extraoficialmente como bajas de “La Línea”.

Dos detalles de las investigaciones -que como es común casi nunca llegan “a sus últimas consecuencias”, estribillo clásico de los fiscales- nos reportan a manera de avances quienes siguen de cerca las hostilidades entre ambos grupos criminales.

En primer término, el calibre utilizado para matarlos es el .40, identificado generalmente como de uso “exclusivo” de algunas células del Cártel de Sinaloa, estructura a la que pertenecen “Los Cabrera”, quienes intentan penetrar una región cuyo dominio histórico es del rival alineado al Cártel de Juárez.

El otro dato, que está más en el terreno de las especulaciones, es el hallazgo peculiar de dos motocicletas tipo repartidor, presumiblemente propiedad de los ejecutados, estacionadas al lado de donde fueron encontrados los cuerpos, en una zona arbolada del camino entre La Mesa y La Calera.

Desde hace unos meses, ciertas ejecuciones atribuidas a “La Línea” contra sus rivales, especialmente aquí en la capital, habían sido realizadas por sicarios en motos.

Motos así, simples, sencillitas, pero funcionales; no deportivas ni choppers, nada de eso, y sí muy útiles para huir rápidamente, sin siquiera ser captados sus conductores por las cámaras, dado el uso obligatorio del casco y las facilidades que permiten esos vehículos.

Si los ahora fallecidos eran de los motosicarios de Chihuahua que usa “La Línea”, como algunos especulan, la batalla por la región estaría en una escalada de mayores dimensiones, pues la ramificación a la capital no es la única, dado que estos grupos también tienen influencia y vinculaciones hasta el extremo sur del estado, la entrada-salida de Jiménez.

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Algunos usuarios del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua compartieron en grupos de whats app imágenes de una cisterna tirando agua a un lado de las pistas de aterrizaje.

No puede apreciarse en la imagen el objetivo de los trabajadores al realizar tal maniobra ni la utilidad de la misma.

Quienes compartieron afirmaron que esto es todas las semanas, con el supuesto de probar equipos contra incendios.

Son no menos de treinta mil litros de agua los que carga dicha pipa, por lo que el asunto merece una explicación.

A unos kilómetros de dicho puerto aéreo está una zona densamente poblada al sur de la ciudad, donde miles de personas sufren tandeo de agua, como ocurre casi en toda la ciudad.

Cada año, no sólo en verano, la Junta Municipal de Aguas debe racionar el uso del agua, con horarios determinados para cada zona de la ciudad, con la finalidad de permitir un uso extensivo del servicio.

Por ello la administración del aeropuerto debería explicar cuál es la razón de tal actuar de los trabajadores.

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No terminan los problemas operativos para el órgano electoral local en la organización de las elecciones judiciales, porque un día sí y otro también, deben los tribunales remendar el procedimiento, que tiene tantos asegunes como un queso gruyere hoyos.

Poca difusión tuvo la sesión de media semana del Tribunal Estatal Electoral, pero concedió la razón a algunos candidatos a jueces que impugnaron las resoluciones administrativas para cómputo que realizarán las asambleas distritales.

Consideraron por unanimidad los magistrados que dichos órganos electorales deberán incluir en los formatos de cómputo y escrutinio un apartado en que se consigne cuáles y cuántos espacios en blanco aparecen en las boletas electorales.

Como es conocido, en la elección judicial, los ciudadanos no marcarán nombres o partidos, sino que llenarán los recuadros localizados en la parte superior de la boleta; en el lado izquierdo el número o números de preferencia para las mujeres y en el lado derecho, los que correspondan a varones.

Pues dichos espacios en blanco deberán ser especificados de alguna manera en las actas de cómputo, para evitar su mal uso.

Hay que esperar la regulación que determine el IEE, pero la posibilidad de un mal uso no acaba con esta especificación de recuadros no usados en las asambleas distritales.

Las boletas sufrirán una primera manipulación desde las casillas, ya que los funcionarios deben clasificarlas por tipo de elección.

No habrá nadie, solo los funcionarios de casilla y algún observador electoral, porque los partidos no tienen representación.

A ver cómo resuelve el tema el IEE, con tiempos encima y problemas operativos que esta determinación implicará.

Porque no fue la única con impacto en el proceso electoral, la otra es que las sesiones de cómputo deberán divulgarse en video en redes sociales, para mayor transparencia.

Deberán ser transmisiones con cierta calidad y audio, para que sean útiles en su finalidad de transparentar y no simulación.

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Hay un trabajo meticuloso, altamente técnico en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), conformada por personal especializado de México y de los Estados Unidos.

Dicha labor implica llevar una medición rigurosa de cada litro de agua suministrado a ambas naciones proveniente de los afluentes pactados en el Tratado Internacional de Aguas.

Las estaciones hidrométricas colocadas a pocos metros del Río Bravo, impiden cualquier simulación en la medición puntual del agua.

En el caso del Río Conchos, en Chihuahua, dicha estación está en Ojinaga, de cuya ubicación tenemos imagen gracias a las coordenadas proporcionadas en el último reporte, consultable en la página web del CILA.

Esas estaciones hidrométricas son testigos de que un tercio del volumen y mucho más en algunos años como en el 2015 y el 2017, con 64 y 41 por ciento, ha sido suministrada el agua a Estados Unidos.

Cuando los años han sido de escasa lluvia, como el pasado, apenas se les han enviado 16 millones de metros cúbicos, pero en otros, han recibido hasta 385 millones, como en el 2017.

Con los números claros, no tendría que politizarse el tema del agua, como trató de hacerse hace poco o como ocurrió en el 2020.

Claros los números de CILA y transparente la condición de nulo almacenamiento de presas en CONAGUA, debería respetarse el agua de El Granero, para salvar algo de cosecha en el Distrito de riego 09.

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Con largas uñas estarán esperando las secretarías de hacienda estatales, la resolución que dicte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a un amparo presentado por Uber en contra de disposiciones fiscales del Congreso de la Ciudad de México.

No es tema nuevo para Chihuahua, porque ya en el proyecto de ley de ingresos para este año, había la intención de cobrar a mensajerías de plataforma un aprovechamiento, del tipo que está combatiendo Uber en el centro del país.

Si bien la segunda sala rechazó el amparo en revisión de Ubier a mitad de semana, quedó viva la revisión de constitucionalidad del artículo 317 TER, referente al cobro dos por ciento sobre la tarifa que pagaron usuarios antes de impuestos.

La propuesta que deberá ser presentada ante la misma Sala será preparada por la ministra Lenia Batres, por lo que el sentido de la misma es fácilmente previsible, señalará la constitucionalidad del impuesto, para beneficiar al gobierno morenista de CDMX.

No significa lo anterior que vaya a ser aprobado por el pleno de dicha Sala, toda vez que en dicha sesión fue incorporado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para generar quorum, quien dejó pendiente su pronunciamiento en relación con la constitucionalidad.

Si es invitado un ministro pro4T, como Loretta Ortiz, bien pudiera el proyecto presentado caminar tal y como lo presente la ministra Batres.

Nada menos el año pasado, las plataformas digitales como Uber, Didi y demás generaron más de 20 mil millones de pesos a nivel nacional en impuestos a la secretaria de Hacienda federal.

Ya que deje unos cientos de millones a las entidades federativas, no sería nada despreciable, pero, además, ya con autorización constitucional.

Por ello es un impuesto apetitoso, con cargo a los usuarios, a través de un ajuste oculto de tarifa.