Una característica central y permanente de los gobiernos populistas es la censura a quien piensa distinto. En mucha ocasiones, como hoy, se le presenta con otros nombres: “regulación”, “seguridad nacional”, “protección del interés social” o “defensa de la soberanía”. Sin embargo, su esencia es la misma: silenciar al que piensa distinto, anular la crítica y monopolizar la verdad.
Por ejemplo, en Venezuela se tiene la censura ejercida por el régimen de Nicolás Maduro que incluye bloqueo de portales digitales, intimidación a periodistas y represión contra medios independientes. En Cuba, el Decreto 370 ha servido para penalizar la expresión digital crítica, estableciendo sanciones por contenidos “contrarios al interés social”, lo que ha provocado condenas internacionales. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado más de 50 medios de comunicación desde 2018, bajo pretextos legales ambiguos que buscan silenciar voces críticas.
Estas prácticas no son ajenas a la historia de México. El caso más famoso se dio hace 50 años, durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982). Era la época del primer populismo. Ante la crítica de medios que no se alineaban con el poder, el gobierno intervino directamente para remover al Director del periódico Excelsior. La frase "No te pago para que me pegues", atribuida a López Portillo, sintetiza esta visión autoritaria de la relación entre el Estado, la prensa y la libertad de pensamiento.
En todos estos casos, la constante es clara: el poder teme a la libertad de expresión. No por lo que representa, sino por lo que posibilita: una ciudadanía crítica, informada y difícil de manipular. Y esa, precisamente, es la libertad que está en riesgo en nuestro país. Hoy, en pleno siglo XXI, desde el nuevo populismo que gobierna a México, para sorpresa de nadie, resurgen intentos de censura bajo nuevos disfraces. Uno de los más preocupantes es la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada hace unos cuantos días por el poder ejecutivo federal.
Esta iniciativa contiene disposiciones que atentan contra principios fundamentales de libertad de expresión. Particularmente grave es la facultad que se otorgaría a la Agencia de Transformación Digital del gobierno para bloquear o interrumpir el acceso a plataformas digitales "cuando se afecten derechos" o "existan amenazas a la seguridad nacional". Así, bajo formulaciones vagas y ambiguas, el Ejecutivo podría ordenar el cierre o la restricción de redes sociales, servicios de mensajería o cualquier sitio web, sin necesidad de autorización judicial previa. La discrecionalidad sería absoluta. La "seguridad nacional" o la "afectación de derechos" quedarían sujetas a interpretaciones gubernamentales, sin contrapesos ni mecanismos claros de rendición de cuentas.
El riesgo es evidente: cualquier crítica al gobierno, cualquier organización social que incomode al poder, podría ser silenciada bajo pretextos de "amenaza". La historia nos enseña que estas facultades no tardan en ser usadas para reprimir la disidencia y restringir el debate público. Como afirmó en una entrevista la entonces candidata, hoy Presidenta de la República: “Quien ha querido regular al final acaba controlando a una ciudadanía”.
Más preocupante aún es que esta iniciativa incumple compromisos internacionales asumidos por México, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que establece obligaciones claras para garantizar la libre circulación de contenidos digitales sin restricciones arbitrarias.
Expertos en telecomunicaciones y derechos digitales, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), han advertido que la propuesta amenaza directamente la privacidad y la libertad de expresión en internet. Instituir un órgano gubernamental con poder de bloquear plataformas configura un mecanismo de censura inadmisible en un gobierno que presume de demócrata. Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció al respecto e invitó al Congreso de la Unión a garantizar la libertad de expresión en el país.
En este sentido, no se trata de negar la necesidad de regular ciertos contenidos dañinos o de proteger la seguridad nacional en casos excepcionales. Se trata de impedir que, bajo el manto de la protección, se consagre un aparato de control político y censura masiva.
La "Censura del Bienestar", como bien debería llamarse esta iniciativa, pretende venderse como una medida para proteger a los ciudadanos. Pero, como demuestra la historia, cuando el poder se cree con la facultad de decidir qué información puede o no circular, lo que se pierde es la esencia misma de la libertad.
En lugar de blindar a las y los ciudadanos contra los abusos, esta reforma protegería al gobierno contra la crítica. En lugar de fortalecer derechos, los debilitaría. En lugar de construir una sociedad informada, abriría la puerta a la desinformación oficial.
El control de la información nunca ha traído prosperidad ni bienestar duraderos. Sólo ha servido para proteger a gobiernos autoritarios. Así fue en tiempos de López Portillo. Así es hoy en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y así será nuevamente en México si esta reforma es aprobada.
Es indispensable que la sociedad civil, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos y todos los ciudadanos comprometidos con la libertad alcemos la voz. No podemos permitir que, en nombre del "bienestar", se reinstaure la censura en México.
La historia está llena de advertencias. La libertad de expresión, una vez perdida, es difícil de recuperar. Hoy, como ayer, está en juego no sólo el derecho a hablar y a informar, sino la posibilidad misma de vivir en una sociedad libre.
Defender internet como espacio de libertad no es un lujo, es una necesidad. Porque donde el poder decide qué podemos ver, leer o decir, el siguiente paso es que también decida qué podemos pensar.
Y un país sin libertad de pensamiento no es un país de bienestar. Es un país de sumisión y de silencio.
*El autor es Presidente Municipal de Chihuahua Capital y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales de México.*
