-Hasta venden certificados en el Tribunal
-Pluriculturalidad y libre expresión en TEE
-Detalle en palomeados guindas

En la Subdirección Jurídica de la Tesorería Municipal, a cargo de Marissa Fabiola Loya Santana, tiene meses empantanado un insólito caso de un ciudadano que acudió, en un ejercicio también insólito de honestidad y decencia, a informar a la autoridad que actualizara su predial porque debería pagar más de lo registrado.
Mientras los drones y otras herramientas de actualización del catastro deben ser desplegadas todos los días para atrapar a los contribuyentes que burlan el pago del predial u ocultan actualizaciones para pagar de menos, en este caso fue al revés.
El mismo propietario, quien pide omitir sus datos para evitar represalias, acudió de manera honesta a explicar una situación especial con un bien inmueble adquirido el año pasado, el cual contaba con una mayor cantidad de terreno del oficialmente registrado.
Es el caso de un rancho dentro del municipio de Chihuahua, hacia la zona rural de El Charco, el objeto de una polémica que no debería existir.
Con escrituras de hace casi un siglo, eran más de 600 hectáreas las reportadas como terreno para el pago del predial, pero con una actualización de medidas y un peritaje técnico legal y válido, resultó que son alrededor de 300 hectáreas más las reales, las cuales se encuentran dentro de los límites físicos debidamente marcados con su respectivo y sagrado cerco que separa las propiedades en las rancherías y localidades rurales.
En términos sencillos y prácticos, regularizar la situación con la legítima medición técnica representaría un 50 por ciento más de impuesto predial que debería pagar el propietario a la caja municipal, nada despreciable para cualquier tesorería.
No es un terreno en litigio ni hay reclamo alguno de invasión; no es terreno ejidal, es propiedad privada y el tema es una simple corrección de medidas, necesaria ante lo que fue algún error añejo o una decisión deliberada de alguien que sabiéndolo no quiso corregir, para evadir obligaciones fiscales con la ciudad.
Sin embargo, por increíble que parezca, el trámite se ha quedado estancado desde comienzos de este año en la oficina de Loya Santana, que no tiene uno sino varios señalamientos de que ahí comúnmente le ponen trabas a la recaudación de dinero para la Tesorería Municipal, por quién sabe qué intereses extraños, dado que su función es hacer que suene la caja de los recursos, no impedir que entre dinero.

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En medio de la contienda para elegir juzgadores federales y estatales, en el Instituto de Formación y Actualización Judicial de Chihuahua crece la versión de un boicot contra Alfonso Cardona, subdirector del organismo y Heber Fabián Sandoval Díaz, exdirector, todavía considerado el poder tras el trono.
El Inforaj se encuentra también en medio de escándalos por la venta de certificados de mediador judicial a quienes, obligados por la reforma, se van a quedar sin los beneficios del cargo público y la nómina.
Así, aseguran que las patentes para la mediación se han repartido como pan caliente a juzgadores de primera y segunda instancia a los que se les acabará el veinte en agosto.
Pues bien, los señalados por esa irregularidad son, precisamente, Cardona, el número 12 en las boletas de candidatos a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Estatal; y Sandoval Díaz, el número 19 de los candidatos a jueces de distrito del Poder Judicial Federal.
Por eso hay una intensa campaña de boca en boca para que nadie vote por ellos pues, dicen, ya están forrados de billetes con el Año de Hidalgo que han aplicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como para todavía extenderles el poder unos años más.

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Dos determinaciones tuvo el Tribunal Estatal Electoral, con repercusión para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la pluriculturalidad, en comicios electorales.
Por un lado, ratificó en los recursos REP 193 y 194, que no existió violencia política de género, en publicaciones realizadas por esta casa editora, en relación con una contendiente en el proceso electoral judicial.
Los tres magistrados, Roxana García, Adela Jiménez y Hugo Molina, coincidieron en que no hay en dichas notas periodísticas violencia política de género o afectación en la quejosa en su condición de mujer.
Confirmó el TEE el criterio ya manifestado por el Instituto Estatal Electoral, al resolver que las notas informativas ocurren en un contexto del proceso electoral, con difusión de información para que la ciudadanía tenga conocimiento de los perfiles de candidatos, esto conforme con precedentes del TRIFE.
En dichas notas hay reseña de cuando la quejosa –cuyo nombre es confidencial- ocupaba un cargo público, refiriéndose a ella con expresiones genéricas de crítica, que pueden emitirse contra cualquier persona con independencia de su género.
En ese mismo asunto se desechó la queja contra le negativa de medidas cautelares, toda vez que la Comisión de Quejas del IEE emitió una resolución que es preliminar y no de fondo, además de que en principio no se encontraron fundados los agravios en cuanto a un impacto a la candidata en su calidad de mujer, para que constituyan los hechos violencia política de género.
El otro asunto resuelto, es el de Felipa Adame, el JDC 189/2025, una candidata a puesto de elección popular, en el que se consideró fundado el agravio de que no hubo boletas en idioma rarámuri.
Sin embargo, es materialmente imposible atenderlo, toda vez que la documentación ya está siendo distribuida, por lo que se acordó que el IEE deberá realizar acciones concretas de capacitación en inter y pluriculturalidad, para proteger los derechos de las personas pertenecientes a pueblos originarios.

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Las famosas listas o acordeones en donde vienen los números de los candidatos y candidatas a juzgadores y magistraturas tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial del Estado, andan circulando fuerte entre los diferentes grupos políticos.
Llamó la atención que, por ejemplo, uno de los acordeones que circula entre los grupos de Morena y del Gobierno federal, piden a la gente que por el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, voten por Rubén Tarango Mancinas y Rodolfo Sandoval Peña.
Varios datos interesantes. Tarango es empleado en Servicios Públicos Municipales de acuerdo a su currículum en Conóceles; el comité de evaluación del Poder Ejecutivo fue el único que no lo postuló, y ahora resulta que tiene cercanía con gente de la 4T. Ni modo que su postulación sea fortuita.
En tanto con Sandoval Peña, sólo recibió el apoyo del comité de evaluación del Poder Legislativo, ha sido señalado por diversos grupos feministas y fue de los beneficiados por la Sala Superior del TEPJF cuando ordenaron añadir a varios candidatos a las boletas electorales.

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Desde el jueves pasado, la Policía Municipal anda en operativo por toda la ciudad. Llamó la atención por su arribo a la zona de tolerancia en la calle 12 y Libertad, donde hicieron revisiones a las mujeres que ofrecen sus servicios; a dos les echaron mano por actuar de manera sospechosa. Les encontraron droga.
Hoy supimos por la misma Policía Municipal que este operativo lleva por nombre Delta, y están recorriendo toda la ciudad, principalmente en las colonias conflictivas, con resultados positivos pues en tres días llevan 10 personas detenidas, aseguraron un arma hechiza y cartuchos de diferentes calibres.
Este operativo llama la atención porque participan 23 unidades y 43 agentes de la Policía Rural, EPE, canino K-9, GOP (motociclistas enduro) y Policía Montada, para poder acceder a perseguir a los delincuentes al último rincón de este municipio.
Ojalá ahuyenten también a los sicarios que siguen con el dedito suelto; 20 asesinatos durante el mes.