Marcado con tinta roja aparece el estado de Chihuahua como puntero en las protestas por las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Agua, planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos operadores legislativos han fallado en la exposición de argumentos a favor.
Estas iniciativas han logrado lo que pocas consiguen tan rápido: unir al campo, a transportistas, a indígenas, ganaderos y otros sectores en buena parte de las entidades del país, en contra de una decisión centralista que podría representar la dictadura del agua y su uso más político que para el desarrollo nacional.
En el mapa de presión de México, en el estado se ha prendido la mecha de una protesta que va más allá de desplegados, miniconcentraciones de gente y hashtags en redes sociales con “millones de alcance”.
La anunciada toma del Puente Córdova–Américas, de la Aduana y de varias carreteras en unas 20 entidades del país, pegan a una vértebra de la economía mexicana. Si el Gobierno Federal quiere medir el tamaño de su error, que mande un contador a calcular las pérdidas desde mañana lunes.
En la Ciudad de México la ley se discute en mesas técnicas, con powerpoints y conceptos aspiracionales como “gobernanza hídrica”. En Chihuahua la ley se mide en algo más simple, tan simple como si el agricultor puede o no prender el pivote para que se logre la cosecha.
Esa desconexión es el verdadero fuego del conflicto. Los productores ven que sería empoderada la Comisión Nacional del Agua a niveles de virreinato; serían elevadas multas que rebasan el valor de una parcela completa; sería limitada la transmisión de concesiones -que en el campo es como prohibirle a alguien heredar el patrimonio construido en una vida- y habría un supuesto orden sin tocar una sola tubería de la corrupción interna federal.
No es que el estado sea dominio del PRIAN o que esos partidos se encaminen a perder las elecciones, como dicen los triunfalistas que existen en ambos bandos políticos claramente definidos; es que la ley amenaza más que la sequía o cualquier otro nubarrón de los que se ciernen sobre las actividades primarias de la entidad.
Aquí ningún productor se mueve a lo tonto por interés de un partido u otro; además, ningún campesino que le arranca frutos al desierto compra discursos de “reformas necesarias”. Aquí la realidad es otra y muy conocida, porque cuando el gobierno -de cualquier nivel, de cualquier color- quiere más poder, siempre se lo quita a alguien, y esta vez le toca al que produce con las manos.

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Mientras en otros estados tomarán carreteras, en Chihuahua las protestas irán directo al corazón financiero binacional, el de la Aduana, tanto por productores como por transportistas y fleteros, porque es el único lenguaje que el centro entiende, el de los millones que dejan de ingresar.
En 2020, el conflicto por el agua estalló en La Boquilla, muy limitado a la región centro sur de la entidad, golpeado por una decisión centralista de la administración de Andrés Manuel López Obrador, mientras el entonces gobernador, Javier Corral, se distraía en el golf o buscaba a quién meter a prisión en su enfermizo juego de venganzas políticas.
Ahora puede regresar un conflicto por el agua, pero con más sectores hartos del desdén federal y cansados de pagar los costos de decisiones tomadas a más de mil kilómetros de distancia, con afectaciones a muchos más kilómetros a la redonda.
¿De verdad quiere el Gobierno Federal abrir un frente con el único sector que aún mantiene en pie la balanza alimentaria del país? ¿De verdad se mantendrá sin moverle una coma o sin revisar una propuesta legislativa drástica y torpe a todas luces?
En el plano político, la presión sobre los legisladores morenistas de Chihuahua va a subir porque no hay espacio para la ambigüedad demostrada hasta ahora. O están con el campo o cargarán la factura política.
Pero eso es lo de menos, lo verdaderamente importante es que los invisibles productores del campo ya se cansaron de serlo, como en otros estados, más silenciosamente, también se han cansado los pueblos indígenas y afromexicanos que siguen sin existir en la legislación hídrica ni en la propuesta de la 4T.
Ya hay advertencias de posible inconstitucionalidad si no los incluyen. Es decir, el gobierno podría terminar chocando no solo con el campo, sino con los fundamentos legales de su propia reforma.
Si no hay esfuerzos reales de diálogo, podría verse en México la fuerza real del campo cuando deja el tractor y toma las carreteras y las fronteras.

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Las reformas propuestas han prendido una mecha en el campo mexicano, decíamos al comienzo de esta entrega. Y ningún estado como Chihuahua para ilustrar con crudeza el corazón del conflicto. La batalla no es politiquería abstracta sino un reclamo concreto, con tractores y tráileres que bloquean carreteras.
El proyecto de ley impulsa varias transformaciones profundas en cómo se regula la concesión y el uso del agua; propone, por ejemplo, establecer una Ley General de Aguas que defina de manera más clara el derecho humano al agua y la rectoría del Estado, sobre lo que no existe debate alguno desde hace más de una década. Todo bien en el catálogo de buenas intenciones que presenta.
Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales, se plantea prohibir la transmisión de concesiones entre particulares, incluso entre familiares, para evitar lo que el Gobierno denomina un “mercado ilegal de agua”. Las concesiones deberán revisarse cada ciertos años -según el proyecto- lo que podría condicionar su renovación.
Da prioridad legal al uso doméstico en contextos de escasez, es decir, en zonas con estrés hídrico, el agua para consumo humano tendría preferencia sobre otros usos más “productivos” como la agricultura.
La 4T, así muy general, pero a nivel central porque ningún actor morenista estatal ha sido capaz de explicarlo, argumenta que estas reformas son necesarias para ordenar el caos hídrico, frenar la corrupción y garantizar que el agua no se acapare ni se trafique al margen de la ley.
Bonito en el papel, cómo no, si dejamos de lado que en México cada ley endurecida nunca sirve para su fin, sino para aumentar el costo de las “mordidas” para hacer las cosas fuera de la norma. En especial, en dependencias donde la corrupción se aplica como política pública, como la Conagua, en gobiernos de cualquier partido.
Por ello, en Chihuahua las protestas han sido particularmente intensas y simbólicas, no sólo por su peso agrícola sino también por su vulnerabilidad hídrica.
El cuatro de noviembre, productores bloquearon la sede de Conagua. Agricultores de Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías y Cuauhtémoc denunciaron que tienen expedientes atascados en la comisión y que sus títulos de agua están a nombre de personas ya fallecidas, lo cual los deja sin posibilidad de heredar esos derechos.
Posteriormente, el 15 de noviembre, una caravana de tractores, caballos y bicicletas salió desde municipios como Camargo, San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo, Meoqui y Delicias para manifestarse contra la reforma.
El 18 de noviembre, unos 50 agricultores se plantaron con tractores frente al Congreso local, convocados por “Agricultores Unidos de Chihuahua”, para demandar que los legisladores locales presionen a los federales para que no aprueben la reforma.
También hubo un bloqueo al acceso del Congreso del Estado por el Frente Campesino, El Barzón y otras organizaciones, que advirtieron que con la reforma se podrían cerrar pozos agrícolas que han funcionado “por décadas”; así, hasta llegar al ríspido encuentro del pasado jueves 20, con la ausencia de legisladores morenistas.

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Ante la falta de argumentación de la 4T, los productores ven con el empoderamiento de la Conagua y la monopolización centralista, el despojo indirecto de su patrimonio; al prohibirse la transmisión privada, muchos agricultores sienten que pierden un derecho patrimonial vital. Sin la concesión, su tierra puede valer mucho menos o dejar de ser rentable.
Observan, obviamente, una gran incertidumbre en el riego, porque si las prórrogas no se aseguran o se vuelven más estrictas y condicionadas a la decisión de un burócrata en la capital del país, la actividad agrícola se vuelve menos predecible, especialmente en ciclos de sequía o con inversiones importantes en infraestructura de riego.
Además, podría haber facultades para clausurar pozos si no cumplen con nuevos criterios, incluso si han sido operados por generaciones. Y, sobre todo, existe una tendencia observada a mantener el control político y la discrecionalidad, pues con la centralización de trámites en la Ciudad de México, quedaría abierta la puerta a decisiones arbitrarias, favoritismos o presiones contra los productores.
Las reformas pintan, así, no a un simple cambio regulatorio para la gobernabilidad hídrica, sino a darle una bofetada simbólica al campo nacional.
En Chihuahua, símbolo de lucha por el agua, los agricultores, sus tractores, sus familias y su tierra gritan que no aceptarán perder lo que han construido por generaciones mediante trámites engorrosos, trabajo sucio y sudor.
Si los legisladores y Palacio Nacional siguen adelante sin verdaderas concesiones políticas, podrían abrir la puerta a una revuelta rural mucho más amplia.