Antonio López de Santa Anna, uno de los villanos favoritos de la Historia oficial mexicana, promovió en uno de sus periodos como Presidente el establecimiento de un “impuesto a las luces exteriores” con el fin de gravar la cantidad de puertas de cada casa, incluyendo ventanas, balcones, entre otros. El propósito de dicho impuesto era obtener ingresos por la luz solar que ingresaba a las casas a través de estos espacios. En su momento, dicho impuesto sirvió para poder cubrir los gastos que las guerras generaban.
Si bien la medida podría parecer absurda, más absurdo resultaba el gravamen impuesto a los dueños de perros, mismo que si se omitía, podía generar una multa fiscal e incluso sacrificar al animal en cuestión.
Ese hecho se utiliza hoy como ejemplo de un gobierno excesivo y autoritario, que resulta ser ingenioso cuando de obtener recursos públicos se trata. A pesar de ello, creo que más de 171 años después, seguimos actuando de formas parecidas.
Desde el gobierno de López Obrador, México ha caído en una espiral de dispendio y gasto excesivamente absurdo bajo el pretexto de que están combatiendo la pobreza. Sin embargo esto es solamente perorata tetratransformadora. Primeramente, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este proyecto reubicaría al actual aeropuerto en Texcoco. Cuando López Obrador gana la elección, inicia una narrativa en el sentido de cancelar dicho aeropuerto. Esa cancelación trajo como consecuencia que se cubriera la deuda adquirida para la construcción de dicho aeropuerto. Es decir, el aeropuerto de todos modos se pagó (y se sigue pagando) pero no tenemos aeropuerto. En vez de eso, López Obrador mandó construir un elefante blanco en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo que a la fecha sigue sin ser funcional y no ser una opción real para nadie.
Posteriormente, se inició una construcción de una refinería, Dos Bocas, en Tabasco. A la fecha es momento que esa refinería no funciona. Miles de millones de pesos a la basura. En el mismo sentido tenemos el ejemplo del Tren Maya, que además de millones de pesos tirados a la basura representó un verdadero ecocidio en la Península de Yucatán.
Aunado a lo anterior, tenemos los escándalos de Segalmex, la deuda de PEMEX, la venta del avión, y especialmente el esquema de Huachicol Fiscal, mismo que me atrevería a decir que es el esquema criminal más redituable de la historia del mundo. Es un escándalo absoluto, del cual la gente parece no dimensionar su verdadero tamaño, pero que representa según algunas fuentes una pérdida de casi seiscientos mil millones de pesos.

Con todo esto, es evidente que no hay dinero que alcance, menos para ocurrencias dictadas desde el gobierno. La enorme carga de los programas sociales hacen inviables las finanzas públicas. Por eso, estimado lector, no hay obras de infraestructura, ni carreteras en buenas condiciones, ni servicios de salud dignos y adecuados.
Justo por lo anterior, el gobierno federal inicia una política de recaudación de impuestos sumamente agresiva en perjuicio del contribuyente. Ahora, con el Poder Judicial de la Federación siendo una oficina más del Ejecutivo, el contribuyente está a merced de lo que se le ocurra al gobierno decidir en materia de impuestos.
Desde el gobierno de López Obrador se anunció que no habría más impuestos. Si bien formalmente no se han creado impuestos, si se han incrementado las bases de contribuyentes, extendiendo los impuestos existentes a actividades que antes no se estimaban gravables, o sobre las cuales el gobierno no tenía mayor forma de revisar para vigilar el pago oportuno de los impuestos. Decidieron obligar a las empresas tecnológicas (como Uber) a retener impuestos a sus conductores. Esto representó que el conductor de Uber recibiera menos ingreso porque en este caso la empresa adquirió la obligación de retener impuestos.
Además, se amplió el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa para incluir el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos (factureros). En este caso, el gobierno utiliza el terror fiscal para someter a los gobernados.
Recientemente fueron aprobados aumentos a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por parte de la mayoría oficialista. Las tasas para el refresco aumentaron casi 87% y ahora se incluye también dentro de este gravamen a bebidas con edulcorante naturales o artificiales no calóricas, mismas que antes no estaban gravadas. El pretexto de estas reformas es promover la salud encareciendo estos productos, aunque en realidad se trata de medidas recaudatorias absurdas.
Vinculado al tema fiscal, pero que genera incertidumbre al gobernado, se suma otro tema. La semana pasada, el Congreso de mayoría morenista le entregó al gobierno más facultades para vigilar con mayor detalle a los ciudadanos y contribuyentes. A través de una reforma a las disposiciones fiscales, el gobierno ahora cuenta con la potestad de revisar los datos contenidos en las plataformas digitales de ciudadanos (redes sociales, servicios de streaming, entre otros) en tiempo real. La sanción en caso de incumplimiento, será el bloqueo temporal de acceso a dicho servicio digital.
No puede decir el gobierno que no hay nuevos impuestos cuando estira los actuales hasta el punto de cubrir otras fuentes que antes no estaban gravadas. Así como el impuesto a las ventanas, también se aprobó un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento. Igualmente, un incremento en los impuestos a juegos y sorteos.
El gobierno está desesperado tratando de sacar más recursos para poder cubrir el ritmo de gasto excesivo y absurdo que mantiene. Parece que fue ayer cuando López Obrador y sus secuaces decían que la gasolina costaría diez pesos por litro. Ahora, no solo no cuesta eso (pues mantienen el IEPS) sino que siguen sacando dinero de todos lados.
El problema es que la gente parece no darse cuenta de que cada vez paga más impuestos y tiene menos libertades. Pero bueno, esto fue por lo que la mayoría de la gente votó. Como diría El Buki, ¿A dónde vamos a parar?