-La inocente pregunta del exlíder de Morena
-¿Y para cuándo mano derecha de Fuentes Vélez?
-Mario Vázquez y un informe con timing

La jueza, Saida Deborah Arellano Valencia, extendió una audiencia penal hasta las tres de la mañana del pasado miércoles por no saber qué hacer ni cómo resolver un asunto que, si bien no era de mero trámite, tampoco era tan complejo como para alargar una diligencia de lo más común.
Nerviosísima, nos reportan, la penalista hizo el oso de su vida después de que en campaña presumió su maestría en derecho penal y su amplia experiencia en el litigio, la academia y el servicio público, en el que estuvo los últimos años como asesora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado.
Frente a las partes en conflicto, Arellano Valencia dio una cátedra de lo que no debe hacerse; nomás porque no ha salido la grabación de la audiencia no se ha convertido en un video-meme de esos que han comenzado a saturar las redes, valiéndose de la ignorancia, incompetencia y desconocimiento de los nuevos juzgadores que llegaron a los poderes judiciales a partir de este mes en curso.
Hay que asentar -antes de que surjan los conservadores burlones de la justicia estilo 4T- que la nueva jueza procede de un acordeón fifí-panista-judicial, tal como consta en la imagen que dejamos en la versión digital de GPS. Para que luego no digan que nomás los “jueces del bienestar” sirven para dos cosas.
Vale la pena dejar constancia porque así de caras han sido las facturas cobradas a los abogados particulares, defensores de oficio, agentes del Ministerio Público, imputados, testigos y víctimas, al tener que comparecer ante los juzgadores que no saben de plazos ni términos procesales, tampoco de medidas cautelares u otros detalles puestos a debate en las audiencias.
Eso sin contar a las partes en conflicto que han debido aguantar diferimientos innecesarios de audiencias, debido a que los juzgadores no saben cómo comenzar a llevarlas.
Lamentablemente, era tan grande el desconocimiento de los candidatos a jueces, muchos ahora convertidos en tales, que consideraban suficiente auxiliarse con los secretarios y secretarias de sus juzgados cuando fueran electos, algo que en realidad no pueden hacer durante las audiencias.
En esas diligencias los juzgadores deben dominar las normas, argumentar con base en los instrumentos jurídicos, explicar y fundamentar sus resoluciones, ni modo de decretar receso tras receso para leer o repasar artículos o recibir clases gratuitas al momento de los MP y los defensores para dictar una decisión.
Ojalá que la curva de aprendizaje de los juzgadores no vaya a extenderse tanto como la dichosa audiencia de Arellano Valencia, de la que todo mundo habla en los tribunales para ponerla como mal ejemplo.

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“Pregunta inocente: si la Sra. Montiel, Adán Augusto y Monreal, no tienen credencial de elector de Chihuahua, ¿por qué son ellos quienes tienen que decidir a nuestros candidatos?”, soltó el exdirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, en sus redes sociales.
La referencia del profesor Chaparro Payán fue muy clara porque es muy conocido que la secretaria del Bienestar, el coordinador de los senadores y el líder de los diputados federales, son las cabezas de los grupos de interés que pretenden concentrar las decisiones políticas del estado.
No nada más tiene cada uno su perfil para la gubernatura (la propia Ariadna Montiel o su delegada en Chihuahua, Mayra Chávez; la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar), sino que pretenden incidir en todas las demás definiciones.
El comentario hizo ruido especialmente en las bases de los fundadores morenistas de la entidad, que han debido conformarse con ver cómo llegan arribistas al partido para quedarse con las mejores posiciones, alentados por esas cabezas grupales que operan desde aquí hasta Tabasco y Yucatán, pasando por la Ciudad de México.
La inocente pregunta es más bien una nada inocente reflexión del exdirigente; es también un reflejo de la percepción de un amplio sector del partido de la 4T, marginado de esas decisiones y aplastado con las imposiciones de candidaturas.
Veremos qué papel juega el orgullo de los fundadores de Morena en el estado en el proceso interno para la sucesión de 2027, después de tres elecciones (2018, 2021, 2024) en las que han sido completamente desplazados, a lo mucho silenciados con humildes premios de consolación en la burocracia.
Aquellos tótems de Morena no han de haber visto con buenos ojos las encerronas que tuvieron ayer la gobernadora, Maru Campos; y el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y su secretario de Seguridad Pública, César Muñoz, con la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y los otros miembros del gabinete de seguridad.

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No falta nada para que la Fiscalía Anticorrupción ejecute las órdenes de aprehensión vigentes por peculado agravado, giradas en contra del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.
Sólo resta ver las consecuencias de la detención del ahora prófugo de la justicia. Son 743 millones de pesos los que el exfuncionario corralista dispuso del erario público en hechos distintos: los casos del Ichisal, de Ficosec y de aquel despacho López Elías, que, milagrosamente, reestructuraría la deuda pública particular.
Casos que fueron revisados y validados por la entonces directora jurídica, Abril Portillo de la Fuente.
Muchos se preguntan si hubo embarrada de manos a la funcionaria Portillo de la Fuente, pues no debemos olvidar que, al ser el brazo derecho del exsecretario, no sería raro que también tuviera alguna propiedad de lujo en Tepoztlán, Morelos, como el inmueble asegurado a López Elías esta semana.
Así las cosas, el “Bayo” Valenzuela debería darle una escarbada a los expedientes para fincar las responsabilidades que a cada quien correspondan. Tal vez ni todas las estampas de santitos que acostumbra tener en su oficina la licenciada Portillo la salven de esta.

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Ha anunciado el senador Mario Vázquez Robles que su Primer Informe de trabajo se realizará el sábado 11 de octubre, justo en vísperas del Día de la Raza.
La pregunta obligada es por qué esperar un mes, cuando en la primera quincena de septiembre se efectuaron tanto el Informe Presidencial como la mayoría de los presidentes municipales y legisladores.
Y quizá sea justo por eso, por un asunto de “timing”, político.
Y es que de aquí a octubre sucederán hechos que pueden abonar al evento del nacido en Namiquipa.
Por un lado, el gobierno mexicano estará inmerso en la revisión del Tratado Internacional de Aguas, un tema en el que el senador panista ha estado muy pendiente, con incluso una propuesta para elevar a rango constitucional que el agua sea prioridad nacional.
También está la posible gira de la presidenta Sheinbaum, quien tiene la deuda de acudir a apoyar al sector ganadero, terriblemente afectado por el cierre de la frontera estadounidense.
Ahí, el senador ha propuesto modificar la ley en la materia para que Chihuahua pueda hacerse cargo de su región sanitaria.
En su hándicap, Vázquez Robles tiene haber sido dirigente estatal del PAN, pero más aún, formar parte, junto con el ahora fiscal César Jáuregui Moreno, del círculo más cercano de la gobernadora Maru Campos, incluso desde tiempos de la alcaldía. Los tres enfrentaron las embestidas de Javier Corral en la fallida Operación Justicia para Chihuahua.

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En política pocas veces se habla del agua como un asunto de largo plazo, casi siempre, las obras giran en torno a pavimentación, luminarias o programas sociales inmediatos, porque son los que “se ven” y los que generan beneficios electorales; sin embargo, en la administración del alcalde, Marco Bonilla, le está apostando al aseguramiento del abasto de este vital líquido a largo plazo.
La firma del convenio para la elaboración del Plan Municipal Hídrico coloca a la capital del estado como una de las primeras ciudades del país en contar con una estrategia integral de largo alcance. No es un estudio más, sino un documento que busca garantizar la seguridad hídrica por lo menos para los siguientes 30 años.
Lo relevante es que no se trata de un esfuerzo aislado del Municipio, ya que el proyecto suma al IMPLAN, UACH, JMAS y la JCAS, con una inversión inicial de 3.5 millones de pesos, que ayudarán para evitar llegar a ese “día cero” que ya le pasó a Monterrey.
Recordemos que Chihuahuas está ubicada en una zona árida, donde el agua es sumamente importante para nuestra vida, para los empleos, para la productividad en general.
Este plan tiene por objeto garantizar que Chihuahua pueda contar con agua los siguientes 30 años, pues dictará medidas que ayuden a cuidarla, usarla de la mejor manera y a señalar las fuentes futuras.