-La IP en Palacio con Maru...y con Bonilla
-Avanzan puentes en tiempo y forma
-Harán constitucional el Plan B
No bateó de hit sino de jonrón la magistrada de la Sala Penal Regional de Parral, María Elizabeth Macías Márquez, con la ayudadota que le dio a Fernando Ramírez, conocido como “El Chino” en aquellos lares, pero más afamado como “El Chapito” entre sus mejores “amigos”. Ha demostrado que sus influencias pesan más que la justicia.
El sujeto fue quien disparó contra Eloy Soto Payán, Héctor Villasana y Enrique Muñoz, el 29 de septiembre del año pasado, en la funeraria donde era velado Luis Carlos “Coco” Baca Herrera. Bueno, todo mundo sabe que fue el atacante, pero la magistrada lo puso en duda, con razonamientos que apuntan, casi, casi, a poner en duda la mismísima existencia de Parral.
El espectáculo escandalizó a los parralenses, quienes especularon de todo como razón de fondo del pleito: lío de faldas o de amores, algún problema de los muchos que azotan a los sufridos ganaderos de la región sur o el añejo litigio por una herencia, debido a que en la capital del mundo casi todas las élites están emparentadas y casi todos peleados entre sí.
Como haya sido, el sujeto de la pistolita fue sometido por quienes trató de agredir. Más reducido que de costumbre, fue entregado a la policía y después puesto frente al juez Elmer Lerma Fontes, quien, en su momento, hasta denunció presiones políticas por parte del magistrado que opera como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado aunque le falte aún tiempo para lograrlo, Gerardo Acosta Barrera.
Total, “El Chapito” terminó vinculado a proceso y recluido en prisión, hasta diciembre del año pasado, cuando, en otra ayudadota del aparato estatal de justicia que ya quisieran los miles de inocentes presos en los Ceresos, le cambiaron la medida por una flexible reclusión domiciliaria.
Las influencias políticas y esa madeja de relaciones familiares en la cima del poder, en la que también se encuentran las víctimas, le valieron no sólo para el cambio de medida cautelar. Cuatro meses después el Sistema de Notificaciones del TSJE salió con la novedad de que se había revocado el auto de prisión por el cual era considerado presunto responsable de homicidio en grado de tentativa.
En su resolución, Macías Márquez -seguramente sin presiones y tras un profundo análisis jurídico digno de los más elevados principios de la justicia mexicana- consideró que a “El Chapito” ni siquiera le probaron que traía la pistolita con la que trató de “desvivir” a uno, con tan mala puntería, por fortuna, que acabó por herir a otro.
Con tecnicismos ridículos, hasta el informe policial de la detención fue puesto en duda y las pruebas en contra fueron más ilegales que portar un arma e intentar meterle un balazo en la cabeza a una persona.
Bueno, ahora Soto Payán, Villasana, Muñoz -y todos los parralenses que dudaron de su estabilidad emocional y responsabilidad social, con cero conductas antisociales en su haber- hasta perdón deben ir a pedirle a “El Chapito” con pistolita.
Así la justicia estatal, muy seguido en niveles de escándalo político.
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Quedo claro que hay sincronía entre el sector privado y el Gobierno del Estado para elaborar el proyecto de semaforización, indispensable para la pujante ciudad de Chihuahua y su cada vez mayor tránsito vehicular, derivado precisamente de su crecimiento.
Esa concordancia parece confirmarse de los resultados obtenidos del encuentro efectuado ayer por la gobernadora y los empresarios, que en el proyecto priorizan el aprovechamiento de la infraestructura existente a través de su actualización selectiva.
Hubo espaldarazo con reconocimiento por generar proyectos conjuntos con la administración estatal, en un plan integral que desmenuza la estadística y mapea cruces y vialidades conflictivas, proponiendo controladores, nuevo software central, fibra óptica y tecnología inteligente.
Fue reunión de buen nivel, con la parte resolutora estatal, en la persona de la gobernadora y su operador financiero, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; Jesús Carrillo subsecretario Técnico y de Seguimiento; César Komaba, subsecretario de Movilidad; Rodrigo Tena, presidente de Ficosec.
También estuvieron Jaime Cruz Russek, consejero de Ficosec y Luis Carlos Bustamante, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad de Chihuahua; Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua; Jorge Cruz y Oliver Torres, presidente y director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), entre otros.
Y adivinen quién estuvo siempre al lado de la gobernadora; en efecto, el alcalde de Chihuahua y precandidato a gobernador, Marco Bonilla.
Hay nomás para los despistados en el gabinete y otros rumbos que no lo creen...o no quieren creerlo.
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La construcción de los puentes viales avanza a buen ritmo en los tres frentes de obra del gobierno municipal.
Los compromisos del alcalde, Marco Bonilla, se van materializando en tiempo y forma, contrario a lo que varios quisieran.
Y todo avanza sin que hasta el momento se presenten graves afectaciones a la circulación. Debe decirse que los cierres de calles han sido socializados con oportunidad.
Se han habilitado con oportunidad rutas alternas; y aunque siempre pueden generarse molestias, han sido las menos.
Precisamente el municipio avisó que esta semana habrá un nuevo cierre temporal a la circulación en las obras de la Gaza de Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda, a la altura de la Dirección de Tránsito y Vialidad del lado de la Ortiz Mena.
La calle lateral será cerrada durante una semana por los trabajos en la línea de agua potable.
Los automovilistas están siendo alertados de todo ello por la autoridad municipal con el llamado a tomar las debidas precauciones, al tratarse de un crucero tan concurrido.
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Ha sido previsto que para mañana, el Senado de la República declare la constitucionalidad de la reforma electoral, mejor conocida como Plan B, y que es algo así como una versión sumamente light de lo que pretendía originalmente Palacio Nacional.
Hay algunos aspectos que atañen a figuras políticas y a organizaciones en Chihuahua.
Una tiene que ver con la equidad de género en las dirigencias partidistas. Resulta que el PRI en su última reforma estatutaria “olvidó” esa alternancia en cinco comités directivos estatales, en abierto desacato al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el PRI de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, y Chihuahua los dirigentes varones permanecen desde hace ocho años, incluyendo a Alejandro Domínguez Domínguez por esta entidad, que repetirá para otros cuatro años.
El otro tema a discusión es el riesgo de que el crimen organizado se meta en las campañas y en los gobiernos, sobre todo municipales.
El lunes fue publicado un análisis de la organización Data Cívica, denominado “Votar entre Balas” en el que señala que, si bien reforma electoral establece una mayor fiscalización tanto en el INE como en las organizaciones partidistas, le echan la pelotita a las corporaciones de seguridad en el país, alegando carencia de recursos.
En febrero pasado, el senador panista Mario Vázquez propuso que toda persona postulada a cargos de elección popular sea sometida a valoraciones de idoneidad y confianza, incluyendo pruebas psicológicas, sobre consumo de drogas y propiedades.
Ambos temas no fueron tocados a fondo en la reforma y seguirá siendo parte del debate nacional. Como sea, mañana votan en el Senado su constitucionalidad.
