Huele a marranera patronato de Santa Rita
Desmoronándose, segundo piso de edificio judicial
Opaca venta de terreno sindical
El corredor Aldama-Ojinaga es el escenario de una guerra abierta y sin tregua entre las facciones de "Los Cabrera" y "La Línea", con saldo tétrico de al menos 44 personas asesinadas en un periodo de 16 meses.
La violencia ha escalado con quema de viviendas en comunidades como El Pueblito y Falomir, el robo de vehículos con violencia y la desaparición de 40 personas desde agosto de 2024, en evidencia clara de control territorial delictivo.
Ante ello, resulta alarmante la persistente ausencia de vigilancia federal efectiva en una zona donde grupos del narcotráfico circulan con libertad, incluso cerca de casetas de cobro y poblaciones como Coyame.
Viajeros de la última semana se lo confirman a GPS, una presencia de retenes y volantas delictivas, en impunidad total, sin que la Guardia Nacional tome la decisión de poner unos cuantos puntos de vigilancia, como sí lo hace a lo largo de la Panamericana entre Chihuahua y Juárez, donde hay atractivo por despojo a paisanos.
Es inexplicable que un corredor vital para el trasiego hacia Texas permanezca como un "punto ciego" para las fuerzas federales, permitiendo que el crimen organizado paralice la vida social y económica de comunidades enteras.
Esa presencia delictiva fue vista este fin de semana. Ahí no hay retenes oficiales de los federales. Deberían decir públicamente por qué, si la zona está que arde. Tal vez será por eso.
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Lo que parecía ser un quiebre hasta cierto punto terso entre la Feria de Santa Rita y el concesionario Fundación Expo Parque Ávalos S.C. y la operadora de Servicios Funcionales Geicoo S.A. de C.V., amenaza con salirse de esa tesitura simple de concluir operaciones.
A finales de julio, el Patronato de la Feria de Santa Rita difundió lo que calificó como un mensaje importante, en el cual anuncia simplemente un cambio de administración del patronato, pidiendo a quienes tuvieran pendientes, se comunicaran a un número de whatts app.
Hasta ahí todo parecía normal, pero hace unos días volvió de nueva cuenta el Patronato a deslindarse, ahora con nombres y apellidos. Pero, además, marcando la rayita para no reconocer adeudos.
Del primer mensaje al segundo pasaron cerca de 30 días, un momento en que administrativamente es periodo ordinario de cierre contable, balance de ingresos por taquilla, renta de espacios comerciales y liquidación a proveedores. Ahí es donde puede haber tronado el asunto.
El nivel de confrontación rebasó el mero cambio de administración para derivar en un deslinde con señalamientos explícitos.
Catalogan como fraudulentas las gestiones de 15 personas físicas —entre ellas integrantes de la familia Domínguez Anguiano y Domínguez Caldera— y advierten que no se reconocerán compromisos contractuales ni cobros extemporáneos.
La autoridad administradora anticipa la existencia de una cartera vencida o pactos comerciales realizados al margen de la representación oficial.
No sería nada extraño ver en las siguientes semanas las primeras denuncias penales con respecto al manejo del patronato que, de acuerdo a lo publicado, va de lo turbio a lo verdaderamente grotesco.
Donde le rasquen habrá pus…y cricko, y todo eso.
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Una imagen capturada esta misma semana en el segundo piso del edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde operan los tribunales laborales, pone en evidencia, una vez más, las precarias condiciones de infraestructura de la Ciudad Judicial de Chihuahua.
La fotografía coincide con la reanudación de actividades en el recinto tras las vacaciones. Muestra un boquete en el techo del pasillo que expone un entramado de tuberías, cableado eléctrico y conductos, con claras marcas de reparaciones previas e incluso parches improvisados.
Esta situación no es un incidente aislado, las fallas son crónicas; la imagen, lejos de representar un mantenimiento programado eficiente, parece reflejar una respuesta de "emergencia" a problemas persistentes.
La historia de la Ciudad Judicial está plagada de reportes sobre deficiencias desde sus primeros años, como la ruptura de tuberías que provocaron inundaciones significativas en diversas áreas.
Hay daños por goteras constantes en techos y plafones, e incluso el colapso de partes del techo en zonas de juzgados y el auditorio.
Estos incidentes no sólo han afectado la operatividad cotidiana y ha puesto en riesgo expedientes y equipo, sino que han alimentado la percepción de que el edificio sufre de vicios ocultos y requiere un diagnóstico técnico profundo, en lugar de simples "manitas de gato".
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La última noticia era que había sido autorizada la venta del terreno con que cuenta el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, una propiedad que tiene problemas hasta el tuétano. Es desconocido si ya fructificó dicha operación.
El dato es celosamente guardado, en aspectos inclusive del eventual comprador o de plano la nueva dirigencia con Conchita a cargo dio marcha atrás.
Lo delicado, piensan los trabajadores, es que vaya a venderse en lo escondidito y en las mismas condiciones con que Salvador Salgado obtuvo permiso, y que en síntesis consiste en recibir 60 millones, de los cuales sólo quedarían en el sindicato algo así como 14 millones, porque van 25 millones a los defraudados, 13 millones a los impuestos, 3 millones y medio en avalúos y 3 millones en comisiones por venta (con identidad de beneficiario desconocida).
Esos dineros no serían más que una aspirina en términos del compromiso en prestaciones que debe respaldar el fideicomiso en favor de los trabajadores jubilados y pensionados, y que ayer confirmaron los mismos beneficiarios, en situación de desesperación por el maltrato, que ya suma varias quincenas.
La venta del terreno sería apenas una aspirina. Habría dinero apenas para meses y a la mejor unos cuantos años, pero nada más.
La solución debe ser más integral y a largo plazo, considerando que los trabajadores deben hacer una mayor aportación, a lo cual se le ha dado largas. Cada día se hace más necesaria la dolorosa medida, con lo que ello implica.
