Jueces de Audiencia que rehúyen audiencias
Colgados de la brocha en Santa Rita
El reciente escándalo nacional protagonizado por la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., cuyo millonario contrato con la UNAM fue rescindido tras denuncias de "trampas" y falta de vigilancia en los exámenes de ingreso, repercutió hasta acá, como publicamos en portada desde ayer.
Esta misma compañía, hoy bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación por cobrar sumas millonarias por servicios deficientes, tuvo su contrato en la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el año 2021, en opacas adjudicaciones directas otorgadas bajo el amparo de la administración del exgobernador, Javier Corral Jurado; y la gestión del entonces rector Luis Alberto Fierro Ramírez.
Mientras Territorium Life operaba en la UACH, aplicando exámenes que hoy generan una crisis institucional en la UNAM, con Fierro, el alma mater chihuahuense se hundía en crisis por omisión de pagos multimillonarios a Pensiones Civiles del Estado y la implementación por imposición del desastroso modelo educativo "UACH-DS".
Luis Fierro, quien renunció meses antes de terminar su encargo, no sólo dejó una deuda asfixiante, sino también un historial de presuntos desvíos por 38 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción investigó y en su momento trascendió que judicializó.
En este contexto, el vínculo con Territorium Life no parece una coincidencia técnica, sino un síntoma de un modelo de administración que priorizaba a proveedores hoy desacreditados por su falta de ética y eficacia.
Mientras la UNAM exige la devolución de bases de datos y aplica auditorías tecnológicas a Territorium, en Chihuahua los contratos UACH-DA-A190301-2021-DC y UACH-DA-A060501-2021-DC, pasaron la prueba del ácido de la Auditoría Superior del Estado.
No estaría nada mal volverle a dar una revisada. Fueron pagados tres millones de pesos a dicha empresa, contratada por adjudicación directa…monto que de manera evidente rebasa el límite para dicho mecanismo de compra, por eso la partieron en dos contratos y no en uno.
Para empezar, sólo en eso, tiene carnita la Fiscalía Anticorrupción, o la Secretaría de la Función Pública, o la misma Auditoría que preside Héctor Acosta.
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El sistema de justicia oral en materia familiar en Chihuahua enfrenta una contradicción, la existencia de juzgados diseñados para la inmediatez procesal que operan en la práctica bajo el esquema del papel y el escritorio.
Las estadísticas de mayo de 2026 revelan una preocupante inactividad en las salas de audiencias por parte de varios titulares electos en 2025, quienes, a pesar de presidir juzgados "por audiencias", han mantenido sus salas vacías durante la mayor parte del mes.
Es grave que, en un modelo de oralidad, los jueces Ever Antonio Villalobos García (2°), Yadira Loya García (3°) y Claudia Alejandrina Barraza Ramos (7°) registraron cero actividad en el área de audiencias durante todo el periodo reportado.
Otros juzgadores como Graciela Guerrero Quiñones (6°), con apenas 2 convenios celebrados, y Rafael Alexis Acosta Flores (5°) y Gloria Farfán Terrazas (9°), con sóolo 3 y 5 acciones respectivamente, evidencian un desempeño que ignora la naturaleza pública y presencial del cargo que ostentan.
En el extremo opuesto, el compromiso con el nuevo modelo judicial es rescatado por Jorge Arturo Rivas Escárcega (10°) y Lariza López Estrada (8°), quienes lideran el dinamismo en el distrito con 38 y 37 actos procesales realizados directamente ante las partes.
Estos jueces demuestran que la justicia oral es posible al emitir sentencias en sala y cerrar instrucciones de forma transparente, contrastando con el modelo de "despacho oculto" que predomina en el resto de las unidades.
La gravedad de esta inactividad radica en que los ciudadanos esperan una justicia rápida y de frente, tal como se prometió en la reforma judicial.
Que un juzgado de audiencia no tenga audiencias no es sólo una falla administrativa, es una simulación procesal que desvirtúa la función jurisdiccional y mantiene el rezago bajo la comodidad del trámite escrito que el legislador pretendió erradicar.
Ahí está la estadística judicial, salvo que esté equivocada, parece reflejar lo que ya se sabía, que los jueces del acordeón prefieren ocultarse bajo papel que exhibirse en la cámara de audiencias grabadas.
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El conflicto en la Feria de Santa Rita apenas está agarrando color, con incertidumbre para decenas de proveedores que temen quedar -literal- colgados de la brocha, toda vez que el extinto patronato no concluyó la liquidación de adeudos.
A más de dos meses del cierre, proveedores, artistas, personal operativo y empresas de iluminación están con el Jesús en la boca, con deudas que cubrir y sin liquidez, porque los adeudos están ahí acumulados, y pendientes de reconocimiento por quien asuma el nuevo patronato, tras el deslinde del anterior, quien temen se haga ojo de hormiga.
La sombra es la de un desfalco millonario por parte del Patronato encabezado durante los últimos cuatro años por Andrea Domínguez Anguiano, en estructura directiva donde también figuran Nayeli Aileen González —quien pasó de dirigir una empresa proveedora de seguridad a incorporarse al patronato, percibiendo presuntamente doble sueldo—, Pablo Alejandro Santa Cruz, como coordinador de puntos, y Daniela Alexa González en la representación legal.
Ni modo que no circulara dinero, con un esquema comercial que operaba mediante el cobro de espacios de 3x3 metros con tarifas entre los 25 mil y los 65 mil pesos, cuyo saldo se liquidaba mediante pagarés al término del evento.
Sin embargo, en la edición 2026 los expositores reportaron marcados favoritismos, desorganización en la distribución de giros al colocar puntos de venta de cerveza contiguos y disparidad en las inspecciones de la Dirección de Gobernación, la cual clausuraba y decomisaba a ciertos comerciantes mientras omitía la revisión en otros puestos de bebidas preparadas.
Esta situación provocó que cerca del 50% de los comerciantes registrara pérdidas o apenas alcanzara el punto de equilibrio tras cubrir sus costos operativos y el arrendamiento del stand.
En ese contexto de desorganización, el que parte y comparte se queda con la mayor parte. Las indagaciones apenas inician.
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Hay reuniones que, aunque oficialmente tienen un carácter técnico, políticamente dicen mucho más de lo que parece. El encuentro que sostuvo Marco Bonilla con administradores y representantes de organismos operadores de agua de 32 municipios del estado es uno de esos casos.
El tema central fue el agua, un servicio esencial y particularmente complejo para Chihuahua, donde cerca del 97 por ciento del recurso utilizado proviene de pozos.
Sin embargo, detrás de la agenda técnica también se empieza a dibujar algo que merece atención, Bonilla sigue sumando estructura e interlocución fuera de la capital.
Sentar en una misma mesa a representantes de 32 municipios significa tener contacto directo con liderazgos que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades. Son operadores, administradores, técnicos y responsables de uno de los servicios que mayor cercanía genera entre los gobiernos y los ciudadanos.
En este encuentro también apareció Mario Mata Carrasco, quien destacó la importancia de los 49 organismos operadores que existen en el estado, además de las juntas rurales y comités de agua. Es decir, una estructura territorial amplia, con presencia prácticamente en todos los rincones de Chihuahua y con contacto cotidiano con miles de familias.
Por eso, más allá de las bombas, los pozos, las redes de distribución y las nuevas herramientas digitales para atender a los usuarios, la reunión deja una fotografía política interesante.
