La controversial y caprichosa decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de trasladar las Salas regionales civil y penal de la Capital del Mundo a la ciudad de Chihuahua, escaló en confrontación por descaro de ofrecer peras por manzanas, solución a medias con toque de eufemismo.

El conflicto, con antecedente de rechazo público y evidente polarización, tomó nuevo rumbo frente a la estrategia de prometer más juzgados de primera instancia, como si su creación compensara la pérdida de las Salas.

O más en el fondo, como si resolviera las ineficiencias claras mostradas en el desempeño de las Salas, con cargo a sus comodinos titulares, a quienes la caprichosa decisión -solicitada por ellos mismos- les resuelve la vida, o eso piensan.

Estos días se sumó formalmente a la polémica el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), organismo que desde hace dos décadas representa corresponsabilidad entre el sector empresarial y las autoridades.

Desde la Mesa de Seguridad en Parral, el fideicomiso advirtió que la supresión física de las Salas colegiadas representa un retroceso institucional que impacta de manera directa en la transparencia y en el seguimiento ciudadano de los procesos judiciales.

Para Ficosec la medida incrementa los costos económicos y operativos para las víctimas y procesados de la zona sur y de la Sierra Tarahumara, obligándolos a trasladarse a la capital -para litigio de oído-, cuando el TSJ debió fortalecer la justicia digital sin desmantelar la sede regional.

El Cabildo de Hidalgo del Parral vino a consolidar el frente común con un punto de acuerdo unánime donde exige al TSJ la suspensión del traslado y la apertura inmediata de mesas de trabajo. Mínimo diálogo.

Vinieron entonces a echar montón representantes legislativos locales y federales que ven un intento del Poder Judicial por sustituir la función de los magistrados con juzgados de cuantía menor o de primera instancia, sin atender el reclamo de fondo.

Es derecho ganado de parralenses y habitantes de toda la amplia zona sur del estado.

Para agudizar más el pleito, frente a la tozudez oficial, vendrán más amparos adicionales a los que ya fueron admitidos, en busca de que la justicia federal corrija el desatino mediante estándar del principio de progresividad de los derechos humanos y las garantías de accesibilidad judicial.

Con esta cadena de recursos y posturas, la decisión del Tribunal Superior deja de ser un asunto de ajuste presupuestal o administrativo interno para convertirse en un litigio sujeto a la revisión del PJF, llevando a otra cancha un tema altamente politizado.

¿Qué necesidad?

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Además, tenemos otros datos en relación con productividad de las salas relocalizadas, que permiten ver incapacidades por rezago rebosante que no quiere ser visto. Ahí pudiera haber razón de fondo, que no justifica la decisión.

La Sala Civil de Parral tiene un alto dinamismo y productividad, visible en la estadística del TSJ. Opera con volúmenes de trabajo que incluso supera a las sedes de mayor población.

Durante el semestre, registró picos de litigiosidad significativos, destacando mayo de 2026 con 49 asuntos turnados, la cifra más alta de nuevos ingresos en todo el estado para una sola sala, logrando resolver 45 asuntos en ese mismo mes con un flujo constante de salidas que promedia las 25 resoluciones mensuales. Ahí no está el problema.

Pese a su alta productividad, la sala presenta rezago en el dictado de sentencias definitivas, lo que constituye su principal debilidad operativa, ya que al cierre de junio de 2026, reportó 11 recursos de apelación pendientes para sentencia, el volumen de atraso más alto de la entidad compartido únicamente con la Primera Sala de Ciudad Juárez.

Este indicador revela que, aunque la sala es capaz de procesar un gran volumen de trámites, la fase final de resolución de fondo se encuentra saturada. El magistrado Yamil Athie ha de tener en su escritorio sentencias sin leer ni dictar.

Tiene fortaleza indudable la magistratura, porque sus resoluciones -contrario a la penal- goza de una ratificación federal cercana al 88%, como puede verse en el consolidado del primer semestre.

Este balance estadístico demuestra que, a pesar de la presión por la carga de trabajo, los criterios aplicados mantienen un alto estándar de calidad y firmeza legal. Debe reconocerse, pero no es suficiente.

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Del otro lado de la moneda está la Sala Penal de Parral, que tiene sus propios problemas. Bajo la conducción de Elizabeth Macías es una instancia de alta productividad operativa, con promedio de 14.2 resoluciones mensuales en el sistema acusatorio.

Durante el primer semestre de 2026, mantuvo un flujo constante de ingresos, registrando en el mes de junio 15 nuevos asuntos y logrando la salida de 17 expedientes.

Es una de las Salas más activas del estado, lo que contradice el argumento de una supuesta subutilización física de sus instalaciones. Sin embargo, su inventario de casos pendientes se duplicó al pasar de 15 expedientes en enero a 34 al cierre de junio.

Tiene el índice de litigiosidad constitucional más alto de la entidad con 371 amparos interpuestos en seis meses, pero no sólo ello. La justicia federal ha revocado sus fallos en 20 ocasiones, mientras que sólo en dos casos ha ratificado plenamente el criterio de la Sala.

Este escenario constituye ineficiencia por "retrabajo", pues la Sala se ve obligada a emitir recurrentemente autos de nueva sentencia para corregir errores detectados por los tribunales federales.

En síntesis, la Sala de Parral es un órgano vivo pero sobrepasado por una carga de amparo que demanda un fortalecimiento de sus criterios jurídicos y de su soporte administrativo, que no se corrige optimizando espacios para la primera instancia.

Trasladar la Sala sin corregir la baja tasa de ratificación federal de sus sentencias ni la carencia de actuarios en el distrito sólo desplaza geográficamente un problema que requiere intervención de fondo. ¿Mejor personal?, ¿Es la magistratura la que no funciona?

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El traslado de ambas Salas, autorizado por el Órgano de Administración Judicial el 13 de julio, es justificado como una estrategia de modernización digital y unificación de criterios.

No obstante, el diagnóstico técnico mezcla problemáticas de distintas instancias al pretender solucionar el colapso de los juzgados de primer grado mediante el desplazamiento físico de la Sala de segunda instancia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

El problema que tiene cada una de las Salas está claro en la estadística, quieren ser resueltos desahogando su carga, para evitar un colapso que viene, por desatención o ineficiencia. El problema pudiera estar en los magistrados mismos.

No hay un estudio actuarial público que demuestre la correlación directa entre el traslado de una magistratura y la agilización de la primera instancia, ocurrencia ofrecida esta semana.

Los sectores vivos de Parral y lugares circunvecinos insisten el retroceso de la medida que impone barreras geográficas y económicas, y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.

Al radicar a los magistrados en la capital, se pierde la comprensión de la dinámica social y la idiosincrasia regional, factores que los litigantes consideran inseparables de una correcta valoración de las pruebas y los hechos en materia penal. Por ahí insistirán en amparos.

El colapso operativo de los juzgados de primera instancia necesita solución por cuerda separada junto con fortalecimiento de la segunda instancia, no hay porque mezclar niveles de jurisdicción distintos, como pretendió hacer la presidenta del TSJ, Marcela Herrera.

Enjugar el dedo en la boca de los colmilludos parralenses es camino equivocado.