Da Rocha Moya otra ronda de oxígeno al PAN

Maru y panistas a campamento en Creel

Durante los últimos días, varios centros de rehabilitación para personas con adicciones han sido visitados, sancionados y hasta clausurados, a pesar de que contaban con suspensiones dictadas dentro de un juicio colectivo de amparo para continuar con sus operaciones en la ciudad.

Previamente, algunas instalaciones habían sido vigiladas por presuntos inspectores encubiertos de la Subdirección de Gobernación, según puede apreciarse en el video de una cámara cercana a un centro ubicado en la colonia Obrera, por el cruce de las calles 39 y Privada de Donato Guerra.

“Según ellos muy a la sorda...”, dice una voz en off sobre el momento captado (el video puede verse en la edición digital de GPS), en el que dos personas pasan caminando frente al lugar y le toman fotos, de forma previa a una inspección posterior que derivó en la clausura del lugar.

El pequeño detalle, nos aseguran, es que los encargados cuentan con suspensiones vigentes de la justicia federal, además de que les fueron aplicados de forma absurda reglamentos referentes a la regulación de actividades comerciales y espectáculos, cuando esos lugares funcionan bajo otras normas, obviamente.

Por si fuera poco, los encargados de los centros de ayuda a personas con adicciones han sido sujetos a intentos de extorsión por presuntos empleados públicos que los presionan para pagar cuotas a cambio de “no pegarles”, aprovechándose de supuestas denuncias de irregularidades en esos lugares.

Pese a ello, algunos centros han sido clausurados, incluso con pacientes adentro, alrededor de medio centenar, según los reclamos, cerrándoles toda posibilidad de regularización bajo normas locales adecuadas a su giro.

El acoso a los centros de rehabilitación debería ser tomado con seriedad, porque la autoridad no brinda alternativas para el tratamiento de las adiciones, un problema de salud pública que las asociaciones civiles le ayudan a atender a los gobiernos.

Por eso mismo, desde luego que deben ser verificados, inspeccionados y revisados en todo momento para que cumplan los estándares mínimos de salud, pero con absoluta transparencia y sin acciones de hostigamiento para atacarlos.

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Entre los morenistas dicen que el regreso al poder del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por EU, resulta interesantísimo para la política interna del país por el evidente duelo entre las corrientes del expresidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pleito al interior de la 4T es un gran elemento de análisis; otro es el mensaje de la influencia de la narcopolítica, no privativa del morenismo, pero sí con exagerado descaro en este caso; y otro es el desafío que representa la decisión del mandatario para Washington, que de por sí estaba inconforme porque México bateó de jonrón su petición de detención y extradición.

Pero hay otra vertiente de mayor impacto en Chihuahua: el oxígeno que le da de nuevo a la oposición, en especial al PAN, que desde Chihuahua ha sabido sacarle jugo a esa socialmente perceptible vinculación del morenismo con el crimen y a las presiones de EU por los casos de Rocha Moya, Adán Augusto López, “Andy” López, el huachicol, etc.

Por eso, ayer en Palacio de Gobierno y en la sede estatal del PAN, cuando vieron el tempranero “tuit” del sinaloense con el anuncio de su reincorporación, casi hacen fiesta porque llega en el momento en que la campaña creada en Chihuahua, la de “Morena y muerte es lo mismo”, aunque censurada y prohibida por el INE, ha dado algunos chispazos favorables al albiazul en varias plazas del país.

Con la determinación del gobernador, en el día en el que casualmente la presidenta Sheinbaum se reportó engripada y no salió a dar la mañanera, los traviesos panistas echaron a andar su creatividad que, quizá, no tardaremos en ver en más espectaculares, mientras Morena desafía toda lógica política y todo sentido común.

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Por cierto, la gobernadora Maru Campos, la dirigente estatal del albiazul, Daniela Álvarez y buena parte de la estructura del Sistema PAN acudieron ayer a la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna, para un campamento de la Fundación Konrad Adenauer.

Patrocinado por la Secretaría Nacional de Elecciones del PAN, la cumbre fue denominada “EsLíder: Campamento Conquista 2.0 Formación Estratégica para la Organización Electoral 2027”, por lo que fueron convocados dirigentes, asesores y operadores de todos los estados del país.

Ese fue el objetivo oficial, hasta donde sabemos, para un curso intensivo dirigido a los encargados electorales de Acción Nacional, para ser capacitados en análisis de información, planeación estratégica, comunicación política, inteligencia artificial aplicada en campañas, organización territorial y estructura electoral, entre otros temas.

Desde el jueves en la noche y ayer por la mañana había versiones de que, de forma paralela al campamento en medio del bosque, habría reuniones privadas, de esas ultrasecretas de la élite del panismo estatal, en una especie de retiro fuera de los reflectores de la capital para trazar algunas estrategias políticas internas.

Suena lógico el dato de algún encuentro en la lejanía para poner los puntos sobre las íes al proyecto que encabeza el alcalde Marco Bonilla para la gubernatura, especialmente por que la indefinición de la candidatura en Chihuahua sigue siendo un tema caliente y de riesgo para el panismo.

Pero, bueno, nada fue confirmado hasta la tarde, más allá del curso intensivo con duración del jueves hasta mañana domingo, con noches incluidas de fiesta moderada en el pueblo mágico de la Sierra Tarahumara.

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Con más de un mes de atraso, por fin pudo el Instituto Estatal Electoral notificar a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, la morenista Ana Laura González Ábrego, la denuncia presentada en su contra por la promoción de su imagen en despensas entregadas a comunidades indígenas.

El secretario jurídico del PRI y representante del partido ante el IEE, Óscar Antonio Núñez López, recibió el aviso de la diligencia, luego de las inconcebibles cuatro semanas que pasaron desde la presentación de la denuncia y la admisión por parte de la autoridad electoral.

En GPS hicimos alusión al tema al comienzo de la semana porque la notificación a la morenista no había sido entregada debido a las condiciones de inseguridad y violencia que privan en la región serrana, justificación del retraso incluso oficializada desde el organismo.

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La revocación de la administración de la Feria de Santa Rita el 30 de junio reveló más grietas de la gestión irregular que operó bajo las razones sociales de Fundación Expo Parque Ávalos y Servicios Funcionales Geicoo.

Ahora se abrió la puerta para que los abusos internos laborales salieran a la luz. Hay denuncia pública de un auxiliar administrativo quien decidió romper el silencio tras más de dos años de servicios, que terminaron abruptamente cuando los guardias de la Feria no lo dejaron entrar.

En los dos años que prestó servicios hubo retrasos salariales, omisiones completas en el pago de aguinaldos, primas vacacionales y utilidades, además de aportaciones extemporáneas al IMSS y al Infonavit.

Los trabajadores están en el límite del plazo legal de dos meses para interponer sus demandas por despido injustificado o exigencia de prestaciones devengadas. Veremos cuántas llegan.

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Publicó el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tres edictos de emplazamiento a audiencia inicial el pasado 29 de julio de 2026, contra exfuncionarios y directivos adscritos a las propias áreas encargadas de la vigilancia, control interno y mejora regulatoria de la administración pública estatal.

La paradoja es que las conductas presuntamente irregulares se gestaron en el seno de las mismas estructuras diseñadas para prevenir, auditar y sancionar las desviaciones de los servidores públicos ocurridas a finales de la administración de Javier Corral en 2021.

En el primer caso, a Sonia Denisse Zamudio Escobar, ex titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Deporte, se le imputa "Abuso de Funciones" por archivar de forma presuntamente arbitraria un expediente de investigación en agosto de 2021, beneficiándose a sí misma, casi igual que a Eduardo Martín Laure Castillo, a quien se le abrió expediente por una inactividad procesal dolosa de más de nueve meses que provocó la prescripción de las facultades sancionadoras del Estado en un procedimiento previo de responsabilidades administrativas.

Finalmente, Alejandro Guerrero García, en su carácter de director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la propia SFP, es señalado por "desvío de recursos públicos" al destinar la suma de $1,586,793.00 pesos para la contratación de un sistema de gestión con la empresa ESC SMART SOLUTIONS, S.C., el cual presentaba múltiples deficiencias que lo hacían inviable.

Las audiencias iniciales están programadas para los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2026. A ver si se llevan a cabo, porque si están emplazando por edictos, es porque no hay domicilios, andan lo que se dice desaparecidos.