La educación es, muy seguramente, el legado más trascendental que la sociedad y la política pueden entregar a las nuevas generaciones. No hay obra pública más duradera que aquella que se siembra en la formación de una niña o de un joven. Todo lo demás envejece, pero la educación permanece.

En su dimensión material, esa responsabilidad se traduce en hechos concretos. Un gobierno cumple cuando entrega salones funcionales, laboratorios equipados, mobiliario adecuado e instalaciones seguras que respondan a las necesidades del estudiante. Hablamos de escuelas dignas, donde los jóvenes puedan explorar sus capacidades y perfilar su proyecto de vida.

Con esa convicción, en el Gobierno del Estado hemos emprendido giras por todo el territorio para entregar equipo, rehabilitar espacios y mejorar planteles de educación básica. Cada aula renovada representa una oportunidad ampliada. Cada mejora en infraestructura es una apuesta por el futuro.

Pero somos muy conscientes de que la educación no se agota en el concreto ni en el mobiliario. Hay una dimensión más profunda y más determinante.

En los encuentros con maestras, maestros y comunidades escolares se hace evidente esa otra dimensión del legado educativo: la inmaterial, aquella que no se mide en metros cuadrados, sino en contenidos, valores y visión de sociedad.

La política educativa, a través de planes de estudio y enfoques formativos, influye profundamente en la manera en que los jóvenes comprenden y habitan el mundo. Por ello, las decisiones en esta materia exigen altura de miras y una verdadera responsabilidad histórica.

Es legítimo que en una sociedad plural existan distintas corrientes pedagógicas. La pedagogía crítica ha aportado reflexiones valiosas sobre justicia social y conciencia histórica. Pero, por otro lado, el humanismo educativo jamás puede reducirse a una sola perspectiva o idea, por ejemplo, la de que solo existen amos y esclavos.

Como advierte Edgar Morín, educar en nuestro tiempo implica enseñar a pensar la complejidad, evitar reduccionismos y formar mentes capaces de integrar ciencia, ética, cultura y tecnología en una comprensión amplia de la realidad. Simplificar o dividir el mundo no forma ciudadanos más libres; los vuelve más vulnerables.

Soy una convencida de que no se puede hablar de transformación educativa si los estudiantes aprenden en condiciones indignas y si, además, no se considera su futuro. Tampoco puede hablarse de justicia social si se debilitan los aprendizajes fundamentales.

En su análisis sobre los riesgos del nuevo plan de estudios en nuestro país, el Instituto Mexicano para la Competitividad advertía sobre aspectos que no pueden ignorarse: la falta de claridad en la progresión de aprendizajes, la ambigüedad en los mecanismos de evaluación y la insuficiente definición de contenidos en áreas clave como matemáticas y ciencias. También ha señalado el riesgo de fragmentar el sistema al no garantizar continuidad entre niveles educativos.

Es muy claro también que reducir la exigencia educativa no eliminará las brechas, sino que las profundizará. Bajar estándares no protege a los jóvenes; los deja indefensos ante un entorno global competitivo y cambiante que no desaparece por decreto de nadie.

Nuestros estudiantes necesitan pensamiento crítico, sí, pero necesitan también ciencia, tecnología, disciplina, creatividad y el rigor que el siglo XXI demanda. Necesitan herramientas para competir y para liderar.

En Chihuahua hemos expresado con claridad nuestra postura respecto al nuevo enfoque educativo. Lo hemos hecho con firmeza y con argumentos, pero también con respeto a las resoluciones institucionales, porque entendemos que cumplir la ley también es educar en valores democráticos.

Hoy, más que nunca, deberíamos coincidir en algo esencial: la educación no pertenece a ningún grupo ni a ninguna coyuntura. Es un proyecto perfectible y colectivo. La responsabilidad de formar a niñas y niños no puede concebirse como plataforma ideológica ni como instrumento de preservación política. La historia nos ha enseñado que, cuando la educación es capturada por visiones únicas, las consecuencias suelen ser profundas y dolorosas.

Ejercer un cargo público implica tomar decisiones con perspectiva de futuro, fortalecer instituciones y asumir que los resultados no se medirán en encuestas, sino en trayectorias de vida.

Por nuestra parte, en Chihuahua seguiremos trabajando en ambas dimensiones del legado educativo. Continuaremos invirtiendo en infraestructura y equipamiento, porque las condiciones dignas son el punto de partida. Y también defenderemos el derecho de nuestros estudiantes a recibir una formación integral, completa en contenidos, exigente y acorde con los desafíos de su tiempo.

Si logramos combinar justicia con excelencia, conciencia con competencia y pluralidad con rigor, habremos entregado a las nuevas generaciones algo más que edificios y programas. Les habremos dejado criterio, capacidades y rumbo. Y ese es el legado que verdaderamente transforma.