Una democracia mantiene su esencia cuando los ciudadanos designan libremente a sus gobernantes. Desde la presidencia de la república, gobernadores, diputados locales y federales, senadores, presidentes municipales, etc.
Ese objetivo se logra a través de elecciones libres y garantizando el voto secreto. Y es necesario un instituto soberano, imparcial, independiente y manejado autónomamente por ciudadanos que no pertenezcan ni al gobierno ni a partidos políticos.
Las elecciones deben ser confiables. Que a quienes ganen se les reconozcan el resultado y quienes las boletas no les sean favorables civilizadamente reconozcan la derrota. Y así, todos ganamos porque en una democracia la alternancia es indispensable.
El Partido Revolucionario Institucional mantuvo el control total del Congreso de la Unión, aunque su nombre oficial es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicano. Esa hegemonía la mantuvo por décadas, finalmente la última vez fue en la LVI Legislatura de 1994 a 1997. Después de este año, la perdió, pero siguió conservando la mayoría.
Sí hubo intentos de maquillar la democracia. En 1946 llegó la Ley Federal Electoral, con la cual se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, pero dependía directamente de la Secretaría de Gobernación y también la conformaban otro miembro del gabinete presidencial, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos con mayor relevancia. Las decisiones se tomaban en la cúpula. Es decir, 5 a 1. En 1917 ya se había formalizado el nacimiento de la Junta Empadronadora, pero seguía en manos del gobierno. En 1973 surgió la Comisión Federal Electoral en que se aceptó la participación de representantes de los partidos registrados. José López Portillo expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) y se agregó a un notario. Pero conservó los mismos vicios. Tenía seis representantes propuestos por el presidente y los representantes de partidos tenían voz, pero sin voto. Un retroceso monumental. En 1996 se creó el Instituto Nacional Electoral que se conformó sin la presencia del gobierno y por fin, tuvimos certidumbre del resultado de las elecciones. Después se le cambió el nombre al de Instituto Federal Electoral. Y ahora estamos entrando en el proceso de una nueva reforma electoral.
El actual régimen no tiene llene. Tienen el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y quieren más. Desean controlar a su antojo las elecciones mediante mecanismos rancios. Nada de independencia, nada de organismo autónomo y por supuesto inclinar el resultado electoral a sus intereses. Vamos directo –otra vez- al unipartidismo y directo al autoritarismo autócrata.
Digamos lo que digamos, propongamos lo que sea, Morena tiene los votos más que suficientes para aprobar esa famosa Ley Electoral.
Desde el nacimiento del INE se criticó que necesitaría un presupuesto muy alto. La democracia sí es cara, pero vale la pena. En la reforma lo primero es reducirlo y con ello amarrarle las manos. No sabemos a ciencia cierta en qué consisten esos cambios, lo sabremos cuando fast track ya esté aprobado.
No dudo que ahora se vote con numeritos, que tan buenos resultados le dieron al gobierno para elegir a los miembros del poder judicial. Se entregarán papelitos de cómo debes votar y que los sufragios se cuenten en lo oscurito.
Se están tomando las experiencias de los cubanos y de los nicaragüenses. Que tienen elecciones, pero hay un solo partido. Seguir el ejemplo de Nicolás Maduro que “ganó” las elecciones sin tener la fastidiosa necesidad de demostrarlo con actas en la mano.
En fin, vamos directamente a una dictadura disfrazada de democracia. Porque ahora sí, la ley es mi ley y debe cumplirse.
Si con reglas claras los partidos de oposición no tienen oportunidad de ganar, con reglas ad hoc menos. Y lo más importante. No ha surgido ningún político que tenga un apoyo popular. Es una tristeza porque Augusto Pinochet, en una dictadura férrea y violenta fue capaz de reconocer la derrota, en México esto no ocurrirá. Hace falta un líder social inteligente, carismático, valiente… pero ¿quién o quiénes?
Después de la Reforma Electoral les toca a las leyes para censurar la libertad de expresión para que nadie tenga la oportunidad de hacer críticas al gobierno. Todo sea por una paz porfiriana.
Mi álter ego se pregunta ¿para qué quiere el gobierno todos nuestros datos personales en los teléfonos celulares? ¿para detectar a los delincuentes? ¿para espiar lo que decimos, saber a quiénes llamamos? En nuestro país existen 150 millones de teléfonos móviles ¿se podrán registrar todos en un plazo tan corto? Y a quien no se registre ¿cortarán su línea?