Durante los últimos días, los titulares de medios nacionales y de Estados Unidos anunciaron el apocalipsis económico que representaría el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) con la no renovación del mismo, arma con la que Donald Trump había amenazado de forma constante.
Fue un conjunto de mensajes alarmistas que, de fondo, revelan cierta transición o evolución del paradigma del libre comercio -que el mundo comenzó a conocer desde 1948, cuando entró en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)- a un nuevo modelo desglobalizador cada vez más claro.
La realidad es que el T-MEC no se acabó. Las exportaciones continúan, las reglas comerciales también y las maquiladoras no amanecieron paradas; los puentes internacionales y las cadenas de suministro de América del Norte permanecen tan intactas como la portería mexicana en el Mundial de Futbol hasta hoy.
Lo que sí ocurrió es que Estados Unidos decidió no otorgar la renovación automática del tratado por otros 16 años y, en cambio, mantenerlo sujeto a revisiones periódicas durante la próxima década.
Eso no mata a uno de los acuerdos comerciales regionales más valiosos del mundo, pero sí le suma una complejidad con resonancia especial en Chihuahua, un estado que no deja de padecer su lejanía política con la Ciudad de México y su dependencia casi absoluta de la economía estadounidense.
En términos estrictamente jurídicos, el acuerdo sigue vivo, pero en términos económicos y políticos, comenzó una nueva etapa, una costosa década de incertidumbre, lo que para ningún estado mexicano puede considerarse un asunto menor. Mucho menos para Chihuahua, que arrastra también años de estancamiento y constantes confrontaciones, malos gobiernos y escándalos políticos y de seguridad nada favorables para el desarrollo.
La estatal es una de las economías más integradas al mercado de EU. Miles de millones de dólares en mercancías cruzan cada año por los puentes internacionales; la industria manufacturera de electrónica, médica, automotriz, aeroespacial y buena parte de la actividad agropecuaria dependen en gran medida del T-MEC.
Por eso, el problema no es que el tratado desaparezca mañana, sino que a partir de ahora, cada nueva inversión queda supeditada a la incertidumbre sobre si las reglas serán las mismas el año siguiente, si habrá nuevos aranceles, si se endurecerán las exigencias de contenido regional, si cambiará el escenario político en Washington o habrá nuevas presiones a causa de lo que es el “narcogobierno” mexicano, a los ojos de Trump.

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Los factores más políticos y cambiantes que técnicos sobre el T-MEC le dan otra dosis de complicación a un tratado trilateral de más de 30 años. Y en asuntos económicos, pocas cosas generan más daño que la incertidumbre.
Las empresas pueden adaptarse a nuevas reglas; aguantan ajustes regulatorios e incluso nuevos impuestos; los mercados pueden amortiguar incluso noticias negativas, pero les resulta mucho más difícil invertir miles de millones de dólares sin saber si el entorno permanecerá estable.
Aunque el T-MEC siga vigente, la decisión estadounidense básicamente dice que la confianza ya no es la misma hacia sus socios, en particular a los mexicanos, por la tirante relación que tiene su eje en las exigencias de actuar de forma más dura contra el crimen organizado incrustado en la 4T.
Los factores políticos de este lado -la protección a morenistas como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de inicio- han pasado por alto el impacto que tiene la decisión de Estados Unidos.
La industria automotriz es la primera en parar antenas, pues además del contexto político, desde hace varios años Washington ha insistido en endurecer las reglas de origen y limitar la participación de componentes chinos dentro de las cadenas productivas de Norteamérica. Para Chihuahua, convertido en un polo de manufactura avanzada y de proveeduría industrial, cualquier modificación puede tener repercusiones importantes.
También la industria electrónica, particularmente la asentada en Juárez, enfrenta un panorama de riesgo. Lo mismo ocurre con la industria de dispositivos médicos, uno de los motores económicos más importantes de la frontera y uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo.
El sector agropecuario es otro no observado ni calculado, a pesar de que es altamente dependiente del mercado estadounidense y particularmente vulnerable ante cualquier medida proteccionista.
Ninguno de estos ramos productivos enfrenta hoy una crisis inmediata, pero todos ellos sí tienen un horizonte menos predecible. Eso puede ser peor, pues, que incluso noticias directamente negativas.

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La gobernadora Maru Campos, insistente en las últimas semanas en criticar al “gobierno de la muerte” de Morena y su protección a personajes acusados por Estados Unidos, posiblemente tenía algo de información de la administración de Trump, porque fue de las primeras en apuntar el riesgo que corría el T-MEC.
Desencantada de los esfuerzos por mantener la cordialidad con la Federación, la mandataria advirtió que el ambiente político entre México y Estados Unidos podía terminar pegándole a la revisión del tratado.
Desde Palacio Nacional sus declaraciones fueron desestimadas, pero sin duda fueron la razón para alentar versiones y golpeteo contra Campos Galván por los bienes que aparecen en sus declaraciones patrimoniales y el manejo político del estado, lo que aprovecharon sin dudar Ariadna Montiel, Andrea Chávez y hasta Cruz Pérez Cuéllar.
Quizá Campos planteó un escenario de ruptura inminente del acuerdo, en una exageración en la que fácilmente cualquiera podría caer, pero no estaba equivocada al advertir que el clima bilateral se había deteriorado, por la compleja razón de que el problema de fondo nunca ha sido únicamente comercial.
Así, la realidad terminó ubicándose en un punto intermedio, porque realmente la relación entre los dos países vive sus momentos más delicados en décadas por asuntos que hoy aparecen completamente entrelazados: migración, combate al fentanilo y los señalamientos sobre vínculos entre políticos y el crimen organizado.
La exigencia estadounidense de proceder contra Rocha Moya y las versiones sobre investigaciones relacionadas con otros personajes morenistas llevaron la tensión bilateral a un nivel inédito. La posición mexicana de exigir pruebas adicionales y no actuar fue interpretada por algunos sectores estadounidenses como una señal de desconfianza y resistencia.
Por ello, cuando Maru Campos advertía que el ambiente político podía contaminar la revisión del T-MEC, no hablaba de aranceles o reglas de origen, sino de la creciente percepción en EU de que los temas de seguridad, narcotráfico y cooperación judicial ya no pueden separarse de la relación económica con México.
Obviamente, para Chihuahua esa es la mayor preocupación, porque el baño de sangre originado en los pactos criminales con las autoridades sigue siendo una constante.
Y porque si Washington decide convertir las revisiones del T-MEC en un instrumento de presión política, cada encuentro anual podría convertirse también en un espacio para exigir mayores acciones en las que la 4T -por orgullo, soberanía, sospechas del intervencionismo imperial estadounidense o abierta protección a presuntos criminales- no está dispuesta a ceder.

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De esta forma, la relación comercial ha dejado de ser meramente comercial. Ahora es geopolítica y plantea varios horizontes para el país y el estado.
En un escenario optimista, las revisiones anuales podrían ser mero mecanismo administrativo, con el tratado estable y la integración económica de Norteamérica profundizándose de manera natural, porque la región tampoco puede separarse del todo por decreto.
En una posibilidad intermedia, equilibrada, cada revisión generaría episodios de tensión y nerviosismo, con el acuerdo vivo y las empresas y mercados resilientes, mientras aprenden a operar en entornos de incertidumbre constante. Así como el mundo ha logrado adaptarse a un Trump recargado en su segundo mandato.
Pero en un escenario pesimista, las tensiones políticas entre los dos países podrían agudizarse, de tal forma que la seguridad, la migración y el narco se convertirían en moneda de cambio en las negociaciones comerciales; y algunas inversiones replantearían su permanencia o expansión en territorio mexicano, con clara pérdida de empleos y oportunidades de desarrollo para el país.
Es imposible predecir cuál de las posibilidades vaya a concretarse, pero lo que sí es real es que ha terminado la era en la que el T-MEC era visto exclusivamente como un acuerdo comercial de largo plazo.
El tratado es ahora una herramienta de presión política, un instrumento de guerra y un espejo que refleja la situación de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
La condición política significa ahora un riesgo mayor a los que por décadas ha enfrentado el país por cuestiones económicas, financieras y comerciales.
Si antes Estados Unidos estornudaba y a México le daba pulmonía, ¿qué podemos esperar ahora que ambos países están enfermos de forma grave, uno con trumpismo expansionista radical y otro con 4T soberanista hasta el punto de negar la realidad del desafío que representa la narcopolítica?
Para Chihuahua, con asiento en primera fila para observar esta realidad por su ubicación, dependencia y condición fronteriza, el costo puede ser más alto que cualquier arancel o cierre de la frontera.