NO HAY ABOGADOS LIBRES SIN JUECES LIBRES

Cada 12 de julio México celebra el Día del Abogado. Como ocurre con muchas fechas conmemorativas, abundan las felicitaciones, los reconocimientos y los discursos sobre la nobleza de una profesión indispensable para la convivencia democrática. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una pregunta mucho más profunda: ¿qué celebra realmente una sociedad cuando reconoce a sus abogados?

La respuesta no se encuentra solamente en los tribunales, en los códigos ni en los títulos profesionales. Está, esencialmente, en las personas.

Celebramos a mujeres y hombres que han decidido dedicar su vida a la defensa de la libertad, del patrimonio, de la familia, de la igualdad y, particularmente, de la dignidad humana. Porque detrás de cada expediente existe una persona con temores, afectos, bienes, derechos y un proyecto de vida; alguien que deposita en el derecho la esperanza de encontrar una respuesta frente al abuso, la arbitrariedad o el poder.

El ciudadano no necesita un abogado únicamente porque exista un juicio. Lo necesita porque posee derechos que pueden ser desconocidos, una libertad que puede ser restringida, un patrimonio que puede ser afectado y una dignidad que jamás debería quedar indefensa.

El abogado es, en ese sentido, el puente que comunica al ciudadano con la justicia. Pero ningún puente puede conducir a su destino cuando, al final del camino, no existen tribunales independientes, juzgadores preparados y autoridades dispuestas a someterse a la Constitución.

Por eso hay una verdad que la abogacía debe recordar, especialmente en su día:

No hay abogados libres sin jueces libres.

El profesionista puede construir el mejor argumento, acreditar los hechos, invocar la Constitución y demostrar el derecho que asiste a su representado. Pero si quien debe resolver actúa bajo el peso del miedo, de la intimidación, de la presión política o de la conveniencia electoral, el derecho deja de ser la medida de la justicia para convertirse en una apariencia de legalidad.

Cuando los jueces abandonan el silencio

En Estados Unidos, un grupo de jueces hizo recientemente algo que durante décadas habría parecido impropio de la discreción tradicional de su investidura: salir de los tribunales, abordar un autobús y recorrer ciudades y plazas públicas para advertir que la independencia judicial se encuentra bajo presión.

La gira denominada Justice in Motion, organizada por agrupaciones cívicas no partidistas, recorrió comunidades de Ohio, Pensilvania y Michigan con un mensaje inquietante: los ataques contra los tribunales, la descalificación sistemática de sus resoluciones y las amenazas dirigidas a jueces y a sus familias están fragmentando la confianza pública en el sistema de justicia.

Durante siglos, los jueces hablaron principalmente mediante sus sentencias. Cuando consideran necesario abandonar ese silencio institucional para explicar ante la ciudadanía por qué su independencia está en riesgo, dejan de hablar únicamente como juzgadores: hablan como guardianes de una democracia que perciben amenazada.

No se trata de una inquietud retórica. Medios estadounidenses han documentado amenazas personales, mensajes de odio y entregas anónimas de pizzas en domicilios particulares, algunas realizadas con referencias de profundo contenido intimidatorio. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos reportó 564 amenazas contra jueces federales durante el último año fiscal disponible, frente a 509 del periodo anterior.

La imagen resulta perturbadora: juzgadores obligados a pensar no sólo en la solidez jurídica de sus resoluciones, sino también en la seguridad de sus hogares y de sus familias.

Su llamado no busca privilegios. Expresa una advertencia institucional: cuando una sentencia se responde con amenazas, represalias o campañas de hostigamiento, la controversia deja de resolverse mediante argumentos y pruebas. El miedo comienza a ocupar el lugar del derecho.

La independencia judicial no protege solamente a los jueces. Protege a los ciudadanos que algún día necesitarán acudir ante ellos.

El espejo mexicano

La preocupación estadounidense no puede observarse como un acontecimiento distante. México atraviesa su propia crisis judicial, distinta en sus manifestaciones, pero semejante en sus riesgos para el Estado de Derecho.

La reforma constitucional modificó radicalmente la forma de integrar los órganos jurisdiccionales y abrió la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sus defensores la presentan como un mecanismo de democratización y renovación del sistema. Sus críticos advierten que puede debilitar la carrera judicial, sustituir experiencia por popularidad y someter una función esencialmente técnica a las dinámicas de las campañas y de la competencia electoral.

La discusión no debería resolverse mediante consignas.

El Poder Judicial mexicano necesitaba transformaciones profundas. Resultaría equivocado idealizar su funcionamiento anterior, negar sus deficiencias o desconocer que existieron prácticas que alejaron a la justicia de amplios sectores de la población. La opacidad, el nepotismo, la lentitud, la desigualdad en el acceso y los actos de corrupción debían ser enfrentados.

Pero reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación sea necesariamente correcta, ni impide examinar sus costos humanos, técnicos e institucionales.

Nadie gana todo ni nadie pierde para siempre. Las sociedades avanzan mediante procesos complejos en los que resulta indispensable aprender de los errores, corregir los excesos y conservar aquello que ha demostrado servir al interés colectivo.

La justicia no se improvisa. Juzgar exige independencia, pero también oficio: años de estudio, disciplina, audiencias, conocimiento de precedentes, dominio procesal, prudencia y capacidad para resistir presiones. Detrás de cada juzgador experimentado existen miles de horas de trabajo, errores corregidos, criterios afinados y conocimientos que no pueden reemplazarse de manera automática por una campaña electoral o por la sola voluntad de renovar las instituciones.

Cuando ese conocimiento acumulado desaparece abruptamente, el país no pierde únicamente personas. Pierde memoria institucional.

Reconstruir después del derrumbe

Es difícil reconstruir cuando mucho se ha derrumbado. Las instituciones no renacen por generación espontánea, ni la confianza pública se recupera mediante decretos, discursos o ceremonias.

Crear nuevamente a partir de las cenizas exige un esfuerzo gigantesco: inteligencia, humildad, voluntad de diálogo, prudencia y una profunda convicción ética.

La experiencia histórica demuestra que las grandes reconstrucciones no comienzan levantando edificios, sino restableciendo instituciones. Después de guerras, revoluciones, dictaduras y crisis constitucionales, siempre han aparecido mujeres y hombres del derecho redactando constituciones, organizando tribunales, conciliando libertades y devolviendo a la ley su capacidad de ordenar pacíficamente la convivencia.

El derecho es el lenguaje mediante el cual una sociedad lastimada puede volver a confiar en sí misma.

Por eso la dinámica social no entrega a los abogados un privilegio, sino una responsabilidad extraordinaria. La sociedad deposita en ellos la tarea de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorar la manera de procurar y administrar justicia y orientar el conflicto hacia soluciones civilizadas.

Ese liderazgo no deriva del título, de la cédula ni del cargo. Debe surgir de la autoridad moral, de la preparación técnica, de la congruencia y de la capacidad para colocar la justicia por encima del interés personal.

La toga no hace al juez, como la cédula no hace al abogado. Lo que verdaderamente distingue a ambos es su voluntad de mantener al derecho por encima del poder, incluso cuando hacerlo resulte incómodo o implique avanzar contra la corriente de su tiempo.

Los derechos de quienes impartieron justicia

A esta transformación institucional se suma un problema profundamente humano: la situación de quienes dejaron sus cargos.

Más de doscientos exjuzgadores federales han reclamado el cumplimiento integral de las compensaciones y prestaciones que consideran reconocidas en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional. Ese precepto contempla, para determinados jueces y magistrados que concluyeran anticipadamente su encargo, un pago equivalente a tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.

La discusión no puede reducirse a una disputa presupuestaria ni presentarse automáticamente como defensa de privilegios.

Si el Estado exige a sus juzgadores aplicar la ley, también está obligado a cumplirla frente a ellos. La autoridad moral de un sistema jurídico se fractura cuando quienes dedicaron su vida profesional a reconocer derechos ajenos deben acudir ante las instituciones para reclamar el respeto de los propios.

Independencia judicial también significa certeza respecto de los derechos de quienes ejercen la jurisdicción. No para colocarlos por encima de los demás trabajadores, sino para impedir que la separación del cargo se convierta en castigo, represalia o abandono.

Una reforma que pretende fortalecer la justicia debe comenzar por actuar justamente frente a las personas afectadas por su implementación.

La justicia tiene rostro humano

La inmensa mayoría de las personas jamás leerá una sentencia de la Suprema Corte ni estudiará un tratado de derecho constitucional. Sin embargo, todos esperamos que, cuando un conflicto toque nuestra puerta, exista un juez capaz de decidir con independencia y un abogado dispuesto a defender nuestros derechos con libertad.

Puede tratarse de una persona cuya libertad está en riesgo; de una madre que busca proteger a sus hijos; de un trabajador que reclama su salario; de una víctima que exige reparación; de una familia que intenta conservar su patrimonio, o de un ciudadano que enfrenta el abuso de una autoridad.

Para ellos, la justicia no es una abstracción académica. Es la diferencia entre la protección y el desamparo, entre la libertad y la prisión, entre conservar su hogar o perderlo, entre ser escuchados o quedar abandonados frente al poder.

Un expediente mal comprendido puede destruir una vida. Una sentencia dictada bajo presión puede afectar a generaciones enteras. Un tribunal sin independencia puede convertir el derecho en una promesa vacía.

Por eso la carrera judicial no es un adorno corporativo, como tampoco la defensa técnica constituye un obstáculo para la justicia. Ambas son garantías construidas para proteger al ciudadano.

La experiencia estadounidense y la mexicana, aunque diferentes, comparten una advertencia: cuando los jueces son intimidados, descalificados o convertidos en piezas prescindibles, se debilita la capacidad del ciudadano común para encontrar un límite frente al poder.

El compromiso social de la abogacía

En este Día del Abogado no basta con celebrar nuestra profesión. Debemos refrendar su compromiso social y su vocación profundamente humanista.

Los abogados no fuimos llamados únicamente para administrar épocas de tranquilidad. Nuestra función adquiere su significado más profundo cuando el tejido social se rompe, cuando las instituciones pierden credibilidad, cuando el poder pretende desplazar a la razón o cuando una persona queda sola frente a una injusticia.

Entonces la sociedad vuelve la mirada hacia la abogacía, no porque sus integrantes sean infalibles, sino porque conocen el lenguaje mediante el cual una comunidad puede resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia: el lenguaje del derecho.

Los abogados no son propietarios de la justicia. Son sus servidores.

Su responsabilidad no consiste únicamente en ganar litigios, sino en impedir que el conflicto sustituya al derecho, que la fuerza sustituya a la razón y que el poder sustituya a la justicia.

La democracia no se mide solamente por la celebración de elecciones. También se mide por la fortaleza de sus contrapesos, por la calidad de sus tribunales, por el respeto a las minorías y por la disposición del Estado para obedecer sus propias reglas, incluso cuando esas reglas protegen a quien piensa distinto o ya no ocupa un cargo público.

Los jueces no deben ser intocables. Deben rendir cuentas, actuar con transparencia y responder por sus abusos y actos de corrupción. Pero rendición de cuentas no significa subordinación; democratización no debe confundirse con politización, y renovación no puede convertirse en destrucción de capacidades indispensables.

Defender la justicia

Tal vez ese sea el verdadero significado del Día del Abogado: no celebrar una profesión, sino recordar que toda sociedad necesita mujeres y hombres dispuestos a interponer el derecho entre el ciudadano y el poder.

Cuando la libertad, el patrimonio, la familia o la dignidad de una persona se encuentran amenazados, el abogado deja de ser únicamente un profesionista. Se convierte en la voz de quien necesita ser escuchado, en el puente hacia la justicia y en el recordatorio permanente de que ninguna autoridad puede situarse por encima de la Constitución.

Defender la independencia judicial no significa defender personas, corporaciones o privilegios. Significa preservar el derecho de cada ciudadano a encontrar, cuando más lo necesite, un tribunal libre y un abogado capaz de hablar con la autoridad que nunca debería perder vigencia: la fuerza de la razón y el imperio del derecho.

Un abogado puede perder un juicio. Lo que no puede perder una sociedad es la confianza en que ese juicio fue resuelto por un juez libre.

Hoy, cuando juzgar puede significar enfrentar amenazas, presiones o incertidumbre, defender la justicia también significa defender a quienes tienen la responsabilidad de impartirla.

Ese es nuestro compromiso social. Esa es nuestra vocación humanista. Y ésa debe ser, por encima de cualquier reconocimiento, nuestra mayor responsabilidad como abogados.

Porque cuando el derecho deja de ser el límite del poder, el abogado deja de ser defensor de la justicia para convertirse en simple espectador de la fuerza.

*Presidente del Colegio de Juristas “Jorge Mazpulez Pérez”, secretario de Información y Propaganda de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados y miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.