Como algunas enfermedades se revelan por contraste, así podrían encontrarse los padecimientos del sistema de justicia del país, basado más en los discursos que disfrazan las venganzas políticas que en la técnica jurídica orientada a dar a cada quien lo que merece.

Basta observar la manera contrastante con la que el poder reacciona frente a unos casos y otros para entender que el verdadero debate no gira alrededor de la inocencia o culpabilidad de determinados personajes, sino sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de buscar justicia.

Esta semana volvió a ocurrir. Maru Campos respondió con dureza el viernes a las declaraciones hechas desde Palacio Nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum intentara marcar distancia entre el escándalo que envuelve a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y las investigaciones que los últimos meses han traído a la mandataria chihuahuense como tiro al blanco.

La traición a la patria, la defensa de la soberanía, la presión que Estados Unidos -como única oposición política en el país- ejerce sobre México por los casos de presuntos narcopolíticos morenistas que el régimen de Sheinbaum se niega a entregar, fueron los temas que le dieron contexto a la discusión política.

Campos Galván sostuvo que los casos -el de ella y de su homóloga- no sólo son distintos, sino que representan conductas de naturaleza completamente diferente, y aprovechó para insistir en que el Gobierno Federal ha decidido proteger a los suyos mientras persigue con mayor intensidad a quienes militan fuera de Morena.

El mensaje de Maru llegó alrededor de 12 horas después de que se conociera la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, acusado de “huachicol” fiscal, en medio del escándalo por los audios de Marina del Pilar en los que negociaba la entrega de información de seguridad a EU a cambio de impunidad.

Ávila -según la información que difundió el periodista Héctor de Mauleón y se convirtió en escándalo nacional- buscaba protegerse de las investigaciones estadounidenses sobre redes políticas y criminales; las filtraciones habrían sido producto de “fuego amigo”, de una traición, una trampa del antecesor también morenista de la gobernadora, Jaime Bonilla, de negra memoria para los bajacalifornianos.

Pero eso no fue considerado traición a la patria de parte de Marina del Pilar, ni fue objeto de juicios anticipados. En cambio, en medio del escándalo fue detenido para ser juzgado el primer gobernador panista que tuvo el país, en lo que parece mero distractor o un mensaje claro y hasta perturbador de la 4T, no porque Ruffo sea una blanca palomita o un santo, sino por el doble rasero utilizado para tratar a los militantes y a los opositores.

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La Fiscalía General de la República detuvo a Ruffo acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Según la propia FGR, se trata de una investigación desarrollada durante más de un año que derivó en órdenes de aprehensión contra diversos integrantes de una compleja red dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde Estados Unidos; para ello cooperó el país vecino, además.

La acusación no es menor. Y no se trata de un personaje cualquiera, es el hombre que rompió 70 años de hegemonía priista en Baja California y abrió el camino de la alternancia política nacional hace ya unas décadas, por lo que su captura tiene, inevitablemente, una enorme carga simbólica.

Y lo deseable es que, si existen pruebas suficientes para acreditar los delitos que le atribuye la FGR, que enfrente el proceso y, de ser responsable, reciba la sanción correspondiente.

Así debe funcionar el estado de derecho.

Pero la gravedad de ello es la contundencia institucional reservada únicamente para determinados expedientes, porque mientras Ruffo Appel era detenido en un operativo de alto impacto y presentado como resultado de una investigación de gran complejidad, otros asuntos igualmente delicados han transitado por una ruta muy distinta.

Marina del Pilar es un caso, pero siguen sin avanzar las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de esa entidad; las referencias constantes al entorno político de Adán Augusto López por “La Barredora”; y los cuestionamientos dirigidos hacia el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal en investigaciones relacionadas con presunto huachicol fiscal.

En todos esos episodios, la respuesta institucional ha girado, una y otra vez, alrededor del mismo argumento: hacen falta más pruebas, hay que esperar, no existen todavía elementos suficientes para proceder en territorio nacional.

El argumento jurídico de la 4T, por sí mismo, es perfectamente válido. Nadie debería ser procesado sin pruebas ni ser condenado por rumores, pero tampoco nadie debería ser sentenciado desde una conferencia mañanera o desde las redes sociales, donde operan los grupos políticos sus estrategias de linchamiento.

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La presunción de inocencia existe precisamente para evitar que el Estado castigue sin evidencia, pero ese mismo principio debe aplicarse con idéntica firmeza para todos.

Con los casos de Ruffo ahora, y antes el de Maru Campos, cuya escalada fue frenada por razones políticas, la persecución penal y política dejó de parecer imparcial y evidenció el sesgo en el trato de los protagonistas.

Eso exhibe que la velocidad de aplicación del Código Penal Federal depende de la credencial partidista que cargue cada persona, una práctica que no es nueva ni inventada por la 4T, pero Morena ganó el poder con el ofrecimiento de cambios profundos que hasta la fecha no ha concretado. No al menos en materia de justicia.

La historia política mexicana ofrece demasiados antecedentes como para ignorar esa percepción, porque durante décadas el viejo régimen convirtió a las procuradurías -o fiscalías, ahora autónomas en el papel, pero igual de subordinadas al Ejecutivo como siempre- en instrumentos de control político.

Los expedientes avanzaban o se congelaban según las necesidades del poder en turno. El adversario incómodo era castigado mientras el aliado encontraba siempre una explicación jurídica para permanecer intocable, como ahora está Rocha Moya, incluso entre versiones de que quiere regresar a su cargo de gobernador de Sinaloa.

Precisamente contra esa forma de ejercer el poder se construyó buena parte del discurso de la llamada Cuarta Transformación. “No somos iguales”, repitió durante años Andrés Manuel López Obrador, mientras su espejo, en este renglón en concreto, reflejaba a viejos tricolores de los peores años que ha vivido el país.

Debido a eso, la exigencia de justicia sin colores es mayor en este régimen que prometió romper con el pasado y no ha hecho más que administrarlo con distinto uniforme.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el caso Ruffo no tiene motivaciones políticas y que corresponde exclusivamente a una investigación sustentada en pruebas, cuya valoración final recaerá en los jueces.

Ojalá así sea; ojalá el expediente resista cada audiencia y cada recurso legal y que la Fiscalía demuestre que actuó únicamente con base en evidencia. Pero esa misma convicción tendría que observarse cuando los reflectores apuntan hacia el propio oficialismo.

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Maru al banquillo y Ruffo al penal, Marina y Rocha Moya a un altar, no puede ser la premisa con la que actúe una Fiscalía cuya autonomía jamás podrá acreditar por el número de opositores que logre detener o ensuciar, si no tiene la misma disposición para investigar a quienes forman parte del grupo gobernante.

Pero la discusión no debería reducirse a Ernesto Ruffo, Maru Campos, Marina del Pilar, Rocha Moya, Adán Augusto o a cualquier otro nombre; todos ellos son pasajeros.

De nada servirá a la justicia encarcelar a un exgobernador panista si, al mismo tiempo, la ciudadanía conserva la impresión de que existen gobernadores morenistas protegidos por una muralla, perseguidos únicamente por Estados Unidos y las amenazas intervencionistas de Donald Trump, convertido en la oposición más eficiente que tiene México, porque ningún partido o actor político ha sido capaz de hacerle frente.

Mantener esa línea por parte del Gobierno Federal representará llevar al país al límite de la ebullición política con consecuencias indeseables porque, acabado el Mundial de Futbol este día -con un esperado encuentro cara a cara de Sheinbaum y Trump en el partido final entre España y Argentina-, también terminará el impasse que marcó las relaciones con el poderoso vecino.

Más que la suerte de los panistas y de otros opositores mexicanos que tratan de desacreditar a la 4T a punta de embates discursivos, el país y su modelo político y de justicia podría quedar bajo el fuego norteamericano, debido a su conocida extraterritorialidad y la necesidad trumpista de validarse con miras a las elecciones de medio término que tiene en el mes de noviembre.

Si la justicia del régimen federal sigue con esa necedad de distinguir entre colores, las consecuencias de su involución no las pagarán únicamente los políticos presos sino todos los mexicanos que en cualquier momento podrían quedar a expensas de los abusos del poder.

De ser así, no importará quién ocupe Palacio Nacional, porque simplemente regresamos al viejo México que tantas veces prometió dejar atrás el grupo que ahora gobierna.