Y “Manque” Granados calladita...

¿Políticas de salud y prácticas nocivas al mismo tiempo?

Narcomenudeo, entre los principales delitos


Algo deben intuir, sospechar o tener bien medido en Palacio de Gobierno, porque fueron encargadas más vallas metálicas para blindar todos los inmuebles públicos alrededor de la Plaza Hidalgo, con el fin de resguardarlos de los actos de vandalismo que han distinguido las marchas por el Día de la Mujer en los últimos años.

La operación a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal está concentrada ahora en el Cereso de Aquiles Serdán, también blindado y escondido de los ojos de cualquier persona. De ahí ha estado saliendo en partes la armadura de acero, hierro y hasta madera para los edificios.

Las barreras de protección se han colocado desde 2024 en el Palacio de Gobierno, la Casa Chihuahua o Palacio Federal, la torre del Congreso del Estado y el edificio del Ayuntamiento, enfrente de la Catedral Metropolitana, en la plancha de la Plaza de Armas.

Ahora, la instrucción de la SSPE es rodear también la sede de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, uno de los blancos favoritos de las manifestantes; así como los edificios administrativos estatales, Héroes de la Revolución y Héroes de Reforma, donde están oficinas de Hacienda, Educación y otras áreas.

En las anteriores marchas del 8M, las vallas han logrado contener la furia del llamado “Bloque Negro”, conformado por golpeadoras (¿y golpeadores?) anónimos, que se cubren el rostro y llegan con bates, palos y botes de spray para plasmar sus reclamos, mientras destruyen lo que tienen a su alcance, trátese de culpables o inocentes.

Después de varias marchas con tolerancia, a veces excesiva, a los destrozos en los inmuebles, cuya reparación termina costándole a los demás ciudadanos, las onerosas barreras han comenzado a desquitar su precio. Eso es lo que se espera para esta nueva edición programada para este próximo domingo.

Ojalá que las provocaciones, los excesos de autoridad y los intereses político-partidistas sean dejados de lado y no sea lo que predomine en una protesta que sigue sin perder vigencia, en gran medida por el control machista de las instituciones.


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Mientras los aspirantes hombres a la candidatura del PAN por la alcaldía de Chihuahua no dejan de hacer ruido, con la idea de posicionarse en la adelantada contienda interna, la diputada federal, María Angélica “Manque” Granados, se mantiene calladita.

La legisladora no ha pintado bardas, no ha buscado como desesperada espectaculares en la capital ni otras formas de hacerse promoción, más allá del plazo que la ley le permite para publicitar sus informes de gestión. Está muy alineada al discurso de que primero son los resultados y luego las aspiraciones.

Esa discreción, a los ojos de los panistas, genera hasta sospechas de que la legisladora tiene más información de la suelta en la carrera por tan preciada candidatura, por un asiento que ella misma ya ocupó de forma interina.

Debe saber que todavía faltan muchas definiciones, para comenzar el género de los que sean electos candidatos a la gubernatura, municipios más grandes, diputaciones locales y federales.


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Los resultados en materia de seguridad no se construyen de la noche a la mañana, sino con constancia.

Muestra de los anterior son los datos que compartió este martes el comisario, Julio César González, donde destacó el dato de que durante febrero se detuvo a 247 personas por su presunta relación con distintos hechos ilícitos y de ese total, 104 están vinculadas con narcomenudeo.

El dato no es menor, casi la mitad de las detenciones están relacionadas con este delito, lo cual habla de una estrategia focalizada.

El combate al narcomenudeo no sólo impacta en la distribución de droga al menudeo; también incide en dinámicas que, históricamente, escalan hacia delitos de mayor violencia. Ahí está una de las claves.

La coordinación operativa y la concentración de esfuerzos en puntos específicos generan efectos indirectos. Atender el eslabón más visible de la cadena delictiva puede contribuir a contener fenómenos más graves, entre ellos los homicidios.

En conclusión, más allá de cifras aisladas, lo que se observa es una línea de trabajo sostenida: detenciones, patrullaje, inteligencia y seguimiento, se confirma así que en seguridad pública no existen soluciones mágicas, pero sí estrategias que cumplen con los resultados que permanentemente exige el alcalde capitalino, Marco Bonilla.


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Es contradictoria la política de salud pública del gobierno federal. Por una parte busca mejorar la calidad alimentaria y prevenir enfermedades crónico-degenerativas en la población, pero se beneficia por otra parte con los recursos que provienen de ciertas prácticas nocivas.

Ayer se publicó que en enero pasado la recaudación por el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS), sin contar gasolina y diésel, ascendió a 46 mil 171.6 millones de pesos, el mayor registro que se tiene hasta ahora.

Y de ese monto, 9 mil 200 millones correspondieron a los llamados “impuestos saludables” aplicados a las compras en cigarrillos así como en bebidas alcohólicas, energizantes y saborizantes, además de alimentos altos en calorías.

Esto significa que los fumadores empedernidos prefirieron pagar más que abandonar un hábito ciertamente dañino para su salud, lo que habla por sí mismo del fracaso de esa supuesta política de disuasión.

El otro tema que generó polémica entre nutriólogos es que el 26 de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al directivo ejecutivo global de la Coca-Cola, Henrique Braun, quien anunció una inversión de 6 mil millones de dólares en México, en el contexto de la gira nacional de la Copa de la FIFA 2026.

Lo desconcertante es que por un lado se buscan eliminar los “alimentos chatarra” en las escuelas y promover el deporte, y por el otro se da la bienvenida a un gigante de la industria.

La triste realidad es que el bienestar económico y el de la salud no siempre son compatibles, y generalmente gana el primero.


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Luego de que, finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de reforma electoral para enviarse al Congreso de la Unión, pudo conocerse la eliminación del fuero, la homologación de fechas para los comicios judiciales, la revocación de mandato y la desaparición del PREP.

Con eso quedan claras “las contradicciones” que corrigió la mandataria en el texto original, para concentrarse en la nueva composición del Poder Legislativo y en los ahorros en las campañas electorales.

Respecto del PREP, tras una enésima reunión nocturna en Palacio Nacional, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, reconoció que la Presidenta les comentó que ella nunca propuso desaparecerlo, sino que los cómputos iniciaran conforme llegaran las actas de casillas.

Tanto para la eliminación del fuero, como para la revocación del mandato y la alineación de las elecciones judiciales para renovar a la mitad de jueces y ministros, se acordó que podrían trasladarse a 2028.

Los partidos aliados y la Presidenta se han montado en su macho.

El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró que no avalarán la reforma pues se corre el riesgo de regresar a un partido único, en tanto que Carlos Puente Salas, del Verde, terció que fijarán una postura hasta que se discuta el documento oficial.

Pero la Presidenta sigue más firme que una roca.