-Sobreviven Jáuregui y “Manque”

-Amagan productores con retomar bloqueos

-Mantiene Bonilla nivel en encuestas


Dos mandos de la Fiscalía del Estado y otros dos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron algunos de los muchos hombres exhibidos en la marcha del Día Internacional de la Mujer, que este año fue menor en intensidad, además de mejor contenida por las autoridades.

Lo que llamó muchísimo la atención en las instancias de seguridad fue una aparentemente bien orquestada estrategia para exhibir a mandos policiacos que tienen antecedentes cuestionables.

Los volantes y pancartas que circularon denunciaron como “agresores” -sin mencionar más detalles salvo ese término- a gente como Refugio Moreno, director de la Policía Bancaria, Comercial e Industrial, una división casi extinta de la Policía Estatal desde alrededor de un año, cuando la ejecución de uno de sus integrantes destapó algunos escándalos internos.

Otro con el mismo calificativo que aparece en los volantes que tapizaron algunos tramos del recorrido de la marcha del 8M fue Carlos Cervantes Xicoténcatl, subcoordinador de la Zona Centro de la FGE. Uno más de los señalados fue el comisario jefe de la Policía Estatal en la capital, Amelio Rogelio Parada Montes.

Los tres son unos angelitos que están en ese tramo gris entre la ley y el crimen, pero no son sus actividades como jefes policiales las que fueron cuestionadas propiamente, sino sus relaciones laborales internas, también envueltas en polémicas.

Estos señalamientos en particular levantaron las sospechas de que algunas mujeres policías, funcionarias o empleadas de las instancias de seguridad, se hayan sumado al llamado “Bloque Negro” de la marcha del 8M, la facción más radical de las colectivas que participan en los movimientos feministas.

El tema da para mucho: si los mandos arrastran denuncias y no han sido sancionados, qué mal mensaje manda la autoridad porque están obligados a trabajar en la seguridad de todos y todas, pero hacen lo opuesto; y si los señalamientos son falsos, qué peligrosa forma de jugar con la gobernabilidad de las instituciones de seguridad.

Y es que pudimos saber de apellidos como Ponce y Arvizu que aparecieron entre quienes grillaron el domingo al jefe ministerial de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres (FEM) Adalberto Ortiz.

Esos apellidos infiltraron el nombre del comandante en la marcha de mujeres precisamente como si se tratara de agresor pero su cárdex limpio habla precisamente de lo contrario, del buen papel desarrollado al frente de su cargo.

Las movilizaciones de mujeres en busca de justicia son sobradamente legítimas y hasta necesarias para visibilizar la violencia de que son objeto muchísimas, pero en algunos casos son también aprovechadas para desquites y venganzas personales. Parece que es este último caso.

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Por cierto, el blindaje de concreto, metal y hasta plafón a los edificios públicos, que sacrificó en gran medida a los ciudadanos por el cierre del primer cuadro de la ciudad, funcionó de la forma esperada, además de que las organizaciones de mujeres optaron por bajarle dos rayitas a la protesta, incluso en las áreas desprovistas de protección.

La evolución de la manifestación -de menor vandalismo al tiempo en que sostuvo la legítima exigencia de justicia- también puede tener explicación en que ahora otros grupos feministas menos radicales también se sumaron a la marcha.

Participaron legisladoras del PAN, funcionarias estatales y municipales, regidoras, además de otras corrientes que se encargaron de enderezar la marcha contra conocidos personajes misóginos morenistas, como Adrián Sánchez “El Chupas” y Miguel Riggs, con lo que hubo mayor equilibrio político.

Eso también ayudó a la contención política de la protesta, que había permanecido secuestrada por una corriente con alta influencia de las más radicales.

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Ayer circuló profusamente la encuesta de marzo de Massive Caller sobre los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua, en la que, del lado panista, otra vez el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, se colocó por encima de sus contrincantes internos.

Jáuregui sumó el 23.8 por ciento de las preferencias, por encima del secretario de Desarrollo Humano, Rafa Loera Talamantes, quien alcanzó un 19.3 por ciento, seguido de la diputada federal y exalcaldesa interina, María Angélica “Manque” Granados, quien obtuvo 16.1 por ciento.

Los panistas de inmediato revisaron un estudio previo, de febrero y de otra casa encuestadora, Rubrum, en la que el fiscal alcanzó el 25.6 por ciento de las preferencias, seguido de “Manque”, con un 24.4 por ciento y Loera, con un 22.2 por ciento.

La lectura del compendio de encuestas de los últimos meses es que, independientemente del acomodo del segundo lugar, Jáuregui Moreno parece imbatible en la punta del tren, mientras que la legisladora conserva la ventaja del género sobre los dos funcionarios hombres, ante la eventualidad panista de que la capital requiera de candidata y no de candidato.

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Para nadie es novedad que en la encuesta mensual que la casa encuestadora Rubrum hace pública, el alcalde Marco Bonilla aparezca en el primer lugar en el apartado de trabajo y desempeño y cercanía. Gasta mucha suela para mantener esa posición.

Lo que sí es novedad este mes, es que el gobierno municipal de Chihuahua haya logrado el primer lugar en percepción de seguridad.

Ese resultado tampoco es por casualidad, sino el resultado del cuchillito de palo de Bonilla, que no suelta el tema en su agenda diaria y porque en la Dirección de Seguridad Pública el jefe Julio Salas y su equipo de trabajo han implementado operativos puntuales para reducir el índice delictivo en temas que le corresponden resolver a la Policía Municipal.

Otra clasificación que también apareció en número es el tema de servicios públicos, donde entran a escena todas las direcciones municipales que prestan servicio directo a la sociedad, desde la recolección de basura, alumbrado, atención de parques, bacheo entre otros que por hacer bien su trabajo los chihuahuenses lo reconocieron con buen puntaje y eso colocó abonó para que este mes la administración de Bonilla apareciera en primer lugar en todo: trabajo y desempeño, servicios públicos, cercanía del presidente con la población y percepción ciudadana de seguridad.

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Bien dice el refrán popular que no se deben hacer promesas imposibles cumplir.

Algo similar pareciera sucederle al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también a la Secretaría de Gobernación.

En diciembre se quitaron de encima a los agricultores que a finales del 2025 bloquearon varios tramos carreteros en demanda de mejores precios para el frijol, entre otras demandas.

Antes que se acercara la navidad, el gobierno federal anunció con bombo y platillo que, a cambio de parar las protestas, establecerían mesas de trabajo.

Pero ahora el chihuahuense Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, del Frente Nacional para el Rescate Nacional del Campo Mexicano, amaga con regresar a los bloqueos el próximo 20 de marzo si no se atienden otras demandas pactadas en el pliego petitorio.

El problema es que no son asuntos fáciles de resolver en el corto plazo. Involucra a otras dependencias que lo hacen más engorroso, como el de regular el mercado de alimentos, constituir una banca de desarrollo agropecuario, y sacar los granos básicos del T-MEC.

Además los productores criticaron que los apoyos de la Sader para comercializar granos básicos como el maíz amarillo, llegaron tarde y de manera parcial, con 600 pesos por tonelada del gobierno federal y 150 pesos de los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas.

Quizá convenga de nuevo la intervención de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para evitar otro daño a la economía nacional.

Esta ocasión, y aunque no le falte razón, no sería prudente acusar de nuevo que detrás de estas protestas hay partidos de oposición y dirigentes agrícolas “con historial negro”. Para qué rascar la panza al tigre.