-Agarran a Abdo con las “Manos en la Cancha”
-Cruz y Bonilla en el equívoco de Tony Muñoz
-Sin mayores novedades el Plan B
En el mundo del litigio y la justicia, causó conmoción la muerte del exjuez Heber Fabián Sandoval Díaz, encontrado sin vida en el baño de su departamento de la Torre Tec, en los alrededores de Nombre de Dios, tras varias horas de no responder llamadas ni mensajes.
La investigación oficial apunta al suicidio, por diversos elementos y evidencia encontrados en el lugar del deceso la mañana del lunes pasado, aunque sus amigos y conocidos siguen sin creer plenamente la hipótesis debido a la energía y vitalidad que le caracterizaba.
Otros tantos consideran que, como nomás el que lo carga sabe el peso del costal, es posible la idea de que haya tomado la decisión de acabar con su existencia, pero exigen claridad absoluta en las investigaciones que inició la Fiscalía Zona Centro.
El caso generó tal consternación en el gremio porque Sandoval Díaz, de 45 años de edad, tenía una larguísima carrera en el aparato de justicia y la academia de más dos décadas, durante las cuales tuvo muchos amigos, compañeros, alumnos y seguidores.
Las condolencias de organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales -como las que aparecen de ejemplo en la versión digital de GPS- dan cuenta de los alcances profesionales y personales que tuvo el otrora impartidor de la justicia, sin mancha alguna en su expediente.
Fue docente de la Universidad Autónoma de Juárez, del Tecnológico de Monterrey, del Instituto Estatal de Seguridad Pública y del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia, del que, además, fue director en dos periodos, de 2011 a 2014 y también en el año 2024.
Fue juez penal y secretario de segunda instancia, con funciones de juzgador en un tribunal especializado en violencia de género, además de candidato a juez federal en el pasado proceso de elección del Poder Judicial, pero no logró el triunfo a pesar de miles de votos obtenidos.
Ojalá, pues, que su muerte sea plenamente esclarecida y sin lugar a dudas se establezcan las condiciones en que ocurrió. Descanse en paz.
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Otro posible suicidio que, sin pudor alguno, han aprovechado algunos para generar especulaciones, es el del juez penal Omar Felipe García Cano, registrado en la ciudad de Parral a mediados de diciembre pasado.
Todavía hasta la fecha circulan rumores malintencionados que tratan de ligar su muerte con una causa penal que conoció apenas marginalmente el juzgador, una de tantas del exgobernador César Duarte, aunque no haya evidencia alguna de vinculación.
El caso de García Cano, que estaba en funciones en la capital del estado, pero iba habitualmente a su ciudad natal, también fue considerado suicidio en la Fiscalía Zona Sur, fuera de cualquier duda sembrada con más morbo y perversidad que una legítima intención de justicia.
Lo que sí es que dos suicidios de personal judicial de alto nivel en unos cuantos meses, aunque Sandoval Díaz ya no estuviera en funciones, deberían servir para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado busque la forma de cuidar la salud mental de los juzgadores, que puede ser afectada por las condiciones de trabajo, a veces extremas porque la carga laboral en ese ámbito suele ser emocionalmente pesada.
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Sonó a puya pero se trató solo de lamentable error el cometido ayer por Tony Muñoz, el nuevo presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), al equivocar el apellido del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, con el de Santiago de las Casas, líder del sector privado.
No hallaba Tony dónde meterse como nuevo presidente de ese gremio cuando fue otorgada la palabra a Santiago y extrajo éste la espinita clavada al presentarse nuevamente como Santiago de la Peña. Detalle menor, al alcalde Marco Bonilla, también le fue ligeramente modificado el apellido.
Simples datos para el anecdotario en el contexto de un evento que tuvo más realce justo por la asistencia del alcalde pero también por la presencia de su contrincante por la gubernatura, e igualmente invitado especial, el alcalde moreno de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quién ya no se pierde ni graduaciones de kínder en esta capital.
Eso fue lo que levantó más comentarios.
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Como lo ha trabajado en territorio el alcalde Marco Bonilla, desde el Instituto Municipal del Deporte, Juan Abdo impulsa una agenda de trabajo comunitario que combina deporte, participación ciudadana y apropiación de espacios públicos.
El programa “Manos a la Cancha” que ha llevado Abdo a las colonias, no solo se mide con el número de porterías reparadas y canchas modernizadas. También se refleja en la respuesta de la gente, que participa y se involucra.
El titular del Deporte Municipal anda en territorio supervisando trabajos de rehabilitación y a su vez, para dialogar con promotores, escuchar a padres de familia y convivir con deportistas.
El contacto directo con la gente sigue siendo uno de los activos más valiosos, dado que el trabajo silencioso suele hablar más fuerte que los discursos. Eso lo debe saber bien el funcionario municipal que, suponemos, debe tener también la vista fija en las candidaturas de 2027.
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Desde hace 15 días, todos en masa y obedientes como suelen ser, los morenistas circularon una imagen comparativa del costo de las unidades de la Policía Municipal de la capital y las de Juárez.
Aseguran ahí que en la frontera pagaron menos por cada patrulla, cerca de un millón 200 mil pesos, precio que solo creen los ingenuos porque eso cuesta la unidad sin equipamiento.
Ayer, el mismo oficial mayor, Mario Alarcón, explicó con detalles el propósito del arrendamiento, que palabras más, palabras menos, es para garantizar la seguridad de manera constante y de esta forma no descuidar los recorridos en caso de sufrir la patrulla algún accidente.
Para reforzar, el jefe de la Policía, Julio Salas, mostró las estadísticas de delitos del fuero común, desde un antes y un después de la entrada en circulación de las nuevas unidades.
Y como los números son fríos, lo más interesante son los que muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esas cifras indican que los índices van a la baja, lo que demuestra que mantener una patrulla recorriendo continuamente las calles sí abona a reducir el crimen, incluido el homicidio pues han ocurrido 11 muertes mientras en Juárez van 29 en estos 17 días transcurridos de marzo.
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En el marco del Día de la Expropiación Petrolera, al gobierno federal se le complica cada vez más su política energética de mantener bajo control los precios de los combustibles.
A nivel internacional se han disparado por el cierre del estrecho de Ormuz.
El pasado 11 de marzo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los empresarios gasolineros del país renovaron un pacto por otros seis meses para mantener el precio de la magna en 23.99 pesos, a cambio de beneficiarlos con estímulos fiscales en el IEPS.
Sin embargo datos recientes muestran que, si los precios del petróleo crudo se mantienen el resto del año cerca de los 100 dólares por barril, el déficit en las finanzas nacionales podría ubicarse entre el 4.5 y 4.8 del PIB y la deuda en torno al 54 por ciento.
El otro impacto negativo está en el diésel, que el pasado lunes subió de 26.37 pesos a 28.23 por litro, y que lleva un alza del 1.86 al 7.05 por ciento desde el inicio de la guerra en Irán.
México enfrenta problemas estructurales mal atendidos y agudizados por la guerra que ponen ciertos nubarrones en la celebración de este día histórico, desde que el 18 de marzo de 1938 Lázaro Cárdenas arrancó el control a 17 petroleras extranjeras.
Hoy las decisiones deben ser igualmente patriotas pero sobre todo más pragmáticas.
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A menos que la presidenta Sheinbaum le haya metido una coma adicional, haya detectado una falta de acento o corrigió sintaxis, no se detectaron mayores cambios en el Plan B que ayer en La Mañanera explicó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Sheinbaum aclaró que siguen adelante las elecciones judiciales para 2027, en que también serán electos 17 gobernadores “para atender todo de una vez”.
Ya en los detalles, la titular de Gobernación informó que serán reducidas las regidurías en municipios y se limitará a una sindicatura. En congresos locales habrá un tope presupuestal.
También establece que los funcionarios electorales no podrán ganar más que la Presidenta.
Respecto a la revocación de mandato, propone que se realizará el primero de junio del tercer o cuarto año de mandato.
Las modificaciones a las leyes secundarias contemplan un cómputo inmediato en la elección federal, uso de tecnología en materia de fiscalización, obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes de partidos, prohibir recursos provenientes del extranjero y de aportaciones en efectivo.
Con esos cambios, la presidenta se disponía ayer mismo a enviar la iniciativa al Senado.