“Hay muchas vacas haciendo telenovelas”. — Alejandro Jodorowsky

Un poco de historia

La historia de la CIA en México abarca décadas de operaciones encubiertas, intercambio de inteligencia y colaboración en materia de seguridad. Su presencia ha fluctuado desde el espionaje ideológico durante la Guerra Fría y el monitoreo de movimientos sociales, hasta la asistencia técnica contra el narcotráfico en la actualidad.

Los inicios y la Guerra Fría

Espionaje de movimientos: Durante los años sesenta, setenta y ochenta, el enfoque principal de la agencia era ideológico. La CIA y agencias mexicanas aliadas compartían información para desarticular movimientos estudiantiles y guerrilleros, así como para evitar la propagación del comunismo.

Infiltración: Agentes estadounidenses trabajaron en conjunto con aparatos de inteligencia mexicanos para vigilar a figuras disidentes, académicos e incluso a diplomáticos extranjeros y refugiados políticos en el país.

Guerra contra las drogas (años 80 y 90)

El caso Camarena: El asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 marcó un punto de inflexión, impulsando a la CIA a una mayor intervención directa y al apoyo tecnológico en el rastreo de cárteles de la droga.

Controversias: Durante esta época y en el contexto de la Operación Irán-Contra, se documentaron operaciones en las que los esfuerzos de inteligencia en la región llegaron a mezclarse con redes de tráfico para financiar a “la Contra”, en las cuales el entonces gobierno mexicano tuvo intervención para el tránsito de agentes encubiertos de la CIA.

El siglo XXI y la Iniciativa Mérida

Ejes de seguridad: En las últimas décadas, el enfoque se desplazó hacia el combate al crimen organizado transnacional, el lavado de dinero y la migración ilegal.

Nueva Ley de Seguridad Nacional: Tras un incremento constante en el intercambio de información, entre 2020 y 2021 el gobierno mexicano endureció las reglas, obligando a los agentes extranjeros —incluidos los de la CIA y la DEA— a registrarse formalmente y limitando su inmunidad diplomática.

Presidentes de México y la CIA

Repercusiones diplomáticas: Este tipo de sucesos provocó tensiones políticas, reabriendo el debate nacional sobre el alcance de la intervención de agencias extranjeras en territorio mexicano sin pleno conocimiento de las autoridades.

En el marco de la operación encubierta LITEMPO, la CIA reclutó a cuatro mandatarios mexicanos para que actuaran como informantes clave y facilitaran programas de espionaje en el país. Ellos fueron:

Adolfo López Mateos (1958-1964): inició el programa de colaboración y proporcionó personal para intervenir embajadas; su nombre clave era Litensor.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970): continuó con la red de espionaje durante el movimiento estudiantil de 1968, bajo el nombre clave LITEMPO-2 o LIMPO.

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976): profundizó el sistema de escuchas y vigilancia de actores políticos y diplomáticos.

José López Portillo (1976-1982): continuó entregando transcripciones e información confidencial a cambio de tecnología y asesorías estratégicas.

Con el propósito de emitir una opinión sobre los eventos que actualmente ocurren en México, relacionados con el combate al narcotráfico y con funcionarios públicos de alto nivel presuntamente involucrados, la presidenta exigió pruebas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, según diversas versiones, dichas pruebas ya existen, al grado de que dos funcionarios fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Nueva York y además se les congelaron las cuentas como “medida provisional”. Es decir, aunque la presidenta continúe negándolo, las pruebas están aflorando.

La FGR finalmente inició investigaciones bajo la presión del gobierno estadounidense. Apenas se destapó el hormiguero en Sinaloa; ahora habrá que ver quién sigue. Morena recibió un duro golpe desde el momento en que uno de los señalados fue el gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios. Durante este fin de semana continúan apareciendo nuevos señalamientos. Los dirigentes de Morena ya no pueden ocultar la suciedad que se está derramando.

La presidenta y legisladores de Morena están acusando a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria, figura que encuadraría en el artículo 123 del Código Penal Federal, el cual establece: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación para someterla a un grupo, persona o gobierno extranjero”.

Asimismo, la FGR señaló que solicitó información a la gobernadora de Chihuahua. No debe dejarse de lado que las cúpulas del poder en Sinaloa continúan protegidas por el Gobierno Federal. ¿Qué hacía Javier Corral Jurado en Sinaloa reunido con Enrique Inzunza Cázarez? Ambos con fuero. Extraña visita.

La gobernadora ha negado rotundamente las acusaciones y, desde un análisis de la norma citada, bajo el supuesto de la intervención de la CIA en el aseguramiento de un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas, surge la interrogante sobre hasta dónde alcanza la tipificación de afectación a la independencia, soberanía o integridad de la nación.

Claro está que, dependiendo de la interpretación bajo la cual se pretenda encuadrar este delito, podría derivarse un proceso cuya competencia correspondería al Congreso del Estado de Chihuahua.

El Gobierno Federal no se ha pronunciado sobre este operativo, en el cual intervinieron el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. ¿Por qué? “Dicen que a los agentes de la CIA no los vieron”.

El partido oficial mantiene un ataque constante desde distintos frentes, como ocurrió hace una semana durante una marcha en la ciudad de Chihuahua encabezada por Morena y grupos afines.

Es decir, el debate no es jurídico; como casi siempre, es político. En otros países, como España, al margen del debate político, los poderes Legislativo y Judicial abren procesos, les dan trámite y los resuelven, aunque inevitablemente existan tintes políticos, como parte natural de la vida institucional de cualquier país.

El PAN y los demás partidos de oposición se han centrado en las acusaciones contra funcionarios públicos señalados por presunta participación en delincuencia organizada. En estos casos sí existen procesos abiertos. Las pruebas fueron presentadas, como la presidenta lo pidió, y actualmente las investigaciones continúan. Desde luego, los señalados conservan la presunción de inocencia.

Bajo este contexto, las protestas de Morena contra la gobernadora son mediáticas; hasta el momento no se tiene conocimiento de que se haya presentado una denuncia formal por traición a la patria. Es decir, hasta ahora no existe investigación ni proceso abierto por ese delito.

Como ya lo señalé, estos hechos presuntamente delictivos deben resolverse en las instancias correspondientes. Los foros de discusión en medios y las protestas públicas son únicamente eso. Hasta este momento, los únicos procesos abiertos son contra funcionarios ligados a Morena, mientras la oposición desarrolla su propio circo mediático.

De lo que busca ser un análisis personal en este texto, resulta claro que la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de quienes recaban información —“gises”—, así como la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación, por el poder y control que ejercen sobre los grupos delincuenciales, difícilmente podrían desconocer lo que ocurre. Es decir, si nadie sabía, entonces la pregunta sería: ¿todo el Gobierno mexicano es traidor a la patria?

Pero nosotros, el “pueblo bueno”, como dice la presidenta, solo falta que nos quiten el apellido… por pendejos.

Salud y larga vida.