-Recibió Maru arropada citatorio de la FGR

-El casi millón y medio de vistas de Bonilla...de a gratis

-Sucursal HSBC a 100 km de distancia

Tal vez hayan quedado expuestos intereses de Javier Corral en Sinaloa, ahora que el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere, acusados de narcotráfico, al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázares y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, junto con mandos policiacos de aquella entidad.

Eso explicaría que el exgobernador por el PAN, convertido por gracia de la traición en senador de Morena, acudiera a arriesgarse al Country Club de Culiacán para encontrarse con su compañero de bancada, Inzunza, sobre el que pesa una ficha roja de Interpol para ser detenido en cualquier parte del mundo... menos en México.

Las justificaciones que dio el exmandatario de Chihuahua resultan ridículas y no explican por qué decidió exponerse a reunirse con un prófugo de la justicia de su país de origen. Porque Corral es ciudadano de Estados Unidos, jamás ha dejado de serlo, aunque según él había renunciado a la ciudadanía; como tal debe saber que camina en terreno que, si bien no parece ilegal para la 4T, si resulta inmoral para cualquiera fuera de esa esfera de poder.

Pero las redes de la narcopolítica sinaloense no nacieron ayer. No son sólo obra de Rocha Moya ni surgieron cuando Andrés Manuel López Obrador, en 2018, ganó la Presidencia de la República. Limitarlas en el tiempo de la 4T es demasiado simplista, sesgado o ingenuo.

Esas vinculaciones se remontan a mucho tiempo atrás, pero hay extrañas coincidencias muy turbias en los años recientes, como, por ejemplo, cuando Corral fue gobernador de Chihuahua (2016-2021) con casa en Mazatlán, al tiempo que su colega sinaloense era el priista Qurino Ordaz (2017-2021).

Casualmente, el jefe de Asesores de Ordaz Coppel era Rocha Moya, quien luego fue postulado para senador tras dejar su priismo de lado y abrazar el morenismo; mientras Inzunza, por aquellos años, era el “intachable” magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa (2016-2021), para luego irse de secretario de Gobierno del ahora gobernador obligado a pedir licencia.

Así, la red de vinculaciones es muy extensa y pública, al menos más pública que el Country Club donde Corral e Inzunza tuvieron su encuentro fallidamente discreto.

La DEA o, cuando menos, la Embajada de Estados Unidos en México, deben tener presentes esos y más detalles.

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Tras la inmoralidad de la foto del viernes pasado de Corral e Inzunza, la Fiscalía General de la República, convertida en la defensora de oficio de ambos y otros tantos, reaccionó rápido: el sábado al mediodía llegaron a Palacio de Gobierno los agentes Joel Cruz y Roberto Chaparro con un citatorio para Maru Campos.

La mandataria bajó de su despacho a recibir a los elementos del Ministerio Público Federal. Fue arropada por sus asesores panistas nacionales, Roberto Gil Zuarth y Max Cortázar; el consejero jurídico, José Carlos Rivera y los secretarios Particular y de Gobierno, Fernando Álvarez Monge y Santiago de la Peña.

Tras darles la bienvenida, leyó el documento y aprovechó el momento y las cámaras para lamentar el absoluto quebranto a la institucionalidad, al llamarla a comparecer a pesar de que la protege el fuero constitucional, mientras al morenista gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni la FGR ni cualquier otra autoridad mexicana se había atrevido a tocarlo.

La FGR consiguió la fotografía institucional de una gobernadora citada a declarar en medio de investigaciones federales de alto impacto político. Un hecho histórico, sin precedentes, pero no para bien, dado que profundiza el deterioro de la instancia investigadora, que persigue a unos y protege a otros, a conveniencia.

Maru, por su parte, convirtió el acto en un mensaje público de resistencia y confrontación, en la misma línea que había adoptado hacia el final de la semana pasada.

Tras el citatorio, fijado para el miércoles a las 10 de la mañana, dicen que surgieron distintas posturas en la cúpula del poder estatal. Algunos aconsejaron responder por escrito o no comparecer, pero seguramente será hasta el último momento cuando Campos Galván tome la decisión, como lo hizo cuando fue “invitada” al Senado de la República.

Para “empatar los cartones”, después de la notificación la FGR dio a conocer que ya había llamado también al gobernador de Sinaloa, así como a todos sus colaboradores acusados de narcotráfico en Estados Unidos; y precisó que Maru, junto con el exfiscal César Jáuregui, era citada nomás en calidad de testigo, lo que no debía ser interpretado como ilegalidad ni como una violación al Estado de Derecho.

Pero más allá de la ruta jurídica, o lo que la FGR trata de mostrar como tal, el mensaje político está muy claro, por la escalada que representa la mera notificación a una gobernadora en funciones de la que, de sobra, sabe que tiene una protección constitucional diseñada, precisamente, para esos efectos penales que pueden surgir de los conflictos políticos.

Al hacer eso, la FGR sigue arriesgándose a ampliar la discusión más incómoda para la 4T, sobre las muy claras dos varas con las que mide los casos políticos más explosivos del país.

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Debido a que el foco de atención lo teníamos puesto en las redes morenistas donde aliados, paleros y simpatizantes no paran de contar las reacciones de “me divierte”.

Y también de comentarios críticos a cada participación que hacen, habíamos descuidado el seguimiento a las publicaciones que el mismo alcalde, Marco Bonilla, hizo en respuesta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum por el tema de las patrullas de Chihuahua con logotipos de la Policía de Nueva York, a raíz del “hermanamiento” que firmaron de capacitación de los agentes en aquella ciudad.

Pues como decía el mismo fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador: benditas redes sociales, porque quizás hoy desde Palenque se esté retorciendo en su mecedora.

Esas redes sociales que tanto le ayudaron, con un poco de impulso económico por tanta granja de bots que pagaron, hoy le está jugando en contra y de manera orgánica, o sea gente real de carne y hueso.

Recordemos, tras las declaraciones de la presidenta en la Mañanera sobre las patrullas de Chihuahua y la respuesta directa que el alcalde Marco Bonilla dio con un video publicado en redes, las visualizaciones de este video le trajeron muchas sorpresas al alcalde.

En un día y medio, alcanzó un millón 400 mil vistas, de las cuales supimos que 100 mil eran de seguidores y el resto de gente que quizá lo había escuchado pero no tenía mayor referencia. Hubo reacciones de todo el país.

Más de un millón trescientas mil personas que no conocían o no habían visto a Marco Bonilla hoy lo conocen, lo vieron y respondieron asertivamente a su mensaje.

Seguramente hoy los guindas andan arrepentidos de haberle dado reflector nacional gratuito.

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Los bancos en México están cerrando sucursales físicas por ahorro de costos, digitalización, apps y modernización de servicios.

Al cierre del 2025 estaban funcionando en el país 11 mil 486 sucursales, 357 menos que en 2024. Desde el 2019 al 2024 hubo la desaparición de mil sucursales más.

Las personas están realizando los trámites desde su móvil o por línea telefónica segura, sin tener que acudir a la sucursal. Las mismas instituciones bancarias están estimulando este uso de la banca móvil, en una especie de luna de miel, pero no todo es de color de rosa.

Esta semana, HSBC difundió que a partir del tres de junio próximo la Sucursal 1132 localizada en el Hipermart Delicias, en calle 7a Oriente #604, locales 604 y 606, dejará de operar.

Es parte de ese cierre de sucursales, pero, lo que llama la atención es que pone a disposición de sus cuentahabientes la sucursal del mismo banco localizado a casi cien kilómetros de distancia en la ciudad de Chihuahua.

Así es, dice textual el anuncio, “te invitamos a acudir a la Sucursal HSBC 218 Universidad (Av. Universidad #2701, col. San Felipe, etapa I., Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31203, horario: L-V de 09:00 a 16:00 hrs., tel. (614) 4132183) donde estaremos listos para atenderte con nuestros servicios HSBC”.

No tienen idea los financieros que manejan a la institución la distancia entre una ciudad y otra. Imaginamos al comerciante, la madre de familia o el agricultor, viajar hasta la capital para resolver un problema que requiere atención personal.

Tendría que intervenir en este tema la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF.

Ya habíamos publicado hace meses en este mismo espacio un cambio similar, de Aldama a esta ciudad, pero este cambio excede en 70 kilómetros aquel. Inaudito.