México se encamina a una de las elecciones intermedias más importantes de los últimos años. En 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y más de dos mil presidencias municipales. La competencia partidista ya comenzó, pero existe un asunto mucho más delicado que debería ocupar desde ahora un lugar central en la discusión pública: la creciente intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

No se trata de una amenaza hipotética. Las elecciones de 2021 y 2024 dejaron suficientes antecedentes para entender que las organizaciones criminales han encontrado en la política otra forma de ampliar su poder. Ya no les basta con controlar territorios, rutas, mercados ilegales o policías. Ahora buscan influir o, incluso, determinar quién gobierna.

En 2021, organizaciones dedicadas a la observación electoral -como DECA Equipo Puebla- estimaron que entre 30% y 35% del territorio nacional fue afectado por el crimen organizado durante el proceso de aquella elección. Hubo candidatos amenazados, operadores políticos privados de su libertad y lugares donde la violencia alteró las condiciones de la competencia. En Michoacán, incluso, el Tribunal Electoral acreditó intervención criminal en determinadas zonas.

Con el tiempo se han acumulado señalamientos sobre otra modalidad menos visible, pero igual de peligrosa: el financiamiento ilegal de campañas. En diversas ocasiones se ha mencionado que recursos provenientes del huachicol fiscal terminaron en campañas políticas. Una de las investigaciones conocidas sobre estas redes ha apuntado incluso al posible financiamiento de ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha advertido que organizaciones dedicadas al contrabando de combustibles utilizan sus ganancias para financiar campañas, influir en medios y corromper funcionarios en México.

Ahora bien, en 2024 la violencia política volvió a aparecer. Organizaciones como Data Cívica y Laboratorio Electoral contabilizaron decenas de candidatos y aspirantes asesinados durante el proceso de ese año, además de amenazas, secuestros y atentados contra personas relacionadas con actividades políticas.

Por eso preocupa llegar a 2027 sin mecanismos robustos para impedir la infiltración criminal en las candidaturas. El problema es tan evidente que el propio INE creó una Comisión Permanente de Verificación de Integridad de Candidaturas para revisar posibles vínculos de aspirantes con actividades delictivas. Es un avance, aunque con una limitación considerable: la revisión depende de la solicitud de los partidos y la autoridad electoral no puede retirar una candidatura como resultado del procedimiento.

En esas circunstancias debe analizarse lo ocurrido en Chihuahua. El Congreso del Estado decidió incorporar a la legislación electoral mecanismos para enfrentar la intervención del crimen organizado. Entre otras disposiciones, la reforma estableció consecuencias cuando existiera injerencia de la delincuencia organizada en una elección y buscó impedir que personas vinculadas con ella pudieran convertirse en candidatos. La reforma respondía a un problema que ya había mostrado su gravedad en dos procesos electorales y que hoy preocupa a las propias autoridades. Así, fue aprobada por diversas fuerzas políticas. Prácticamente todos los partidos representados en Chihuahua acompañaron el propósito de blindar las elecciones.

La excepción fue Morena.

Después de oponerse en el Congreso local, Morena llevó la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días, la Corte invalidó algunas de sus disposiciones, en particular las relacionadas con la pérdida o cancelación de candidaturas y aquellas que establecían consecuencias por beneficios derivados de actos realizados por terceros.

Desde el punto de vista jurídico quizá existan argumentos sobre competencias, proporcionalidad, derechos electorales o la manera correcta de construir estas restricciones. Pero esa discusión no debe ocultar el aspecto político del asunto. Una cosa es cuestionar si una disposición fue redactada correctamente y otra preguntar cuál debe ser la respuesta política frente al fenómeno que pretendía combatir.

La sentencia puede eliminar disposiciones de una ley, pero no elimina las condiciones que llevaron a crearlas. Siguen existiendo organizaciones criminales con enormes cantidades de dinero, capacidad de fuego y control territorial; municipios donde competir implica enfrentar amenazas; y un incentivo evidente para intentar colocar o financiar autoridades que después tendrán control sobre policías, presupuestos, permisos, obra pública e información gubernamental.

Por eso llama la atención la oposición de Morena. Ante una reforma cuyo propósito era impedir la penetración criminal en las elecciones, su respuesta no fue proponer un blindaje distinto o mecanismos más eficaces, sino oponerse e impugnar.

Morena estaba en su derecho de hacerlo. Lo pendiente es la explicación política. Si consideraba incorrectos los mecanismos aprobados en Chihuahua, debería decir cuáles son los adecuados. Si las sanciones eran excesivas, tendría que proponer otras. Si considera que una legislación estatal no es el instrumento apropiado, debería explicar cuál sí lo es. Lo difícil de justificar es que, después de 2021 y 2024, la respuesta sea desmontar barreras sin colocar otras en su lugar.

Chihuahua tendrá ahora que elaborar una nueva reforma que atienda los criterios de la Suprema Corte. Debe hacerlo. Si una herramienta no superó el control constitucional, habrá que construir otra. Lo que no podemos hacer es fingir que el problema desapareció junto con los artículos invalidados.

Y Morena tendrá que definir también su posición frente al problema de fondo: qué propone para evitar que dinero criminal llegue a las campañas; cómo impedir que las amenazas alteren una elección; qué hacer frente a candidatos vinculados con organizaciones delictivas y qué consecuencias debe tener la intervención del crimen organizado.

Chihuahua intentó un blindaje. Morena decidió combatirlo y la Suprema Corte le dio la razón respecto de diversas disposiciones. Esa es la realidad jurídica.

La realidad política es bastante más incómoda: el crimen organizado seguirá ahí en 2027. La pregunta final es: ¿a quién le conviene dicha situación?