La historia reciente nos ha enseñado que las democracias rara vez mueren asesinadas de golpe y que, más bien, mueren por una corrosión paulatina provocada por quienes “juraron” protegerlas.
Estos días recordé dos lecciones que, leídas juntas, nos permiten profundizar en la idea anterior. Por un lado, Tzvetan Todorov, en Los enemigos íntimos de la democracia, advertía que los mayores peligros para un régimen democrático no vienen de fuera, sino de la distorsión de sus propios valores constitutivos.
Por otra parte, el expresidente de México Felipe Calderón, en su participación en el foro América Libre, mencionó que "las instituciones pueden tardar décadas en construirse y muy poco en destruirse". El exmandatario citó la obra de Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para señalar que las democracias contemporáneas mueren por el desmantelamiento gradual, legal en apariencia, de los contrapesos que las sostienen. Esta destrucción se acelera cuando el Estado de Derecho se debilita y más aún, cuando se hace desde el interior mismo de las instituciones.
Esa doble lección ha dejado de ser una advertencia lejana y se ha convertido en una descripción cada vez más precisa de lo que está en juego en nuestro propio país.
Hace unos meses, en Chihuahua tomamos una decisión que ningún otro estado del país ha tomado: establecer en nuestras leyes, a través del Congreso del Estado, que una elección se anule cuando en ella intervenga el crimen organizado o cuando el candidato tenga vínculos con esa forma de terrorismo que hoy padecen muchas regiones del país. Se trata de una respuesta directa a lo que ya hemos visto en otras partes del país —estados donde el narcotráfico decide, de facto, quién se registra, quién compite y quién gana—. La reforma la votaron a favor todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Todas, menos una: la bancada de MORENA.
Al no alcanzarle los votos para frenar la reforma dentro de la propia legislatura, MORENA acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla. Lo que hay que tener muy en claro es que este litigio no se trataba de un simple tecnicismo jurídico. Lo que se estaba defendiendo es que el voto de los chihuahuenses se decidiera en las urnas y no en los cuarteles o las mesas del crimen organizado. Como todos pudimos ver, esta reforma fue rechazada, con lo que en Chihuahua perdimos la única herramienta legal del país para anular una elección en la que se demuestre que el crimen organizado intervino con dinero, armas o amenazas.
En adición a esta lamentable noticia para Chihuahua y para el país, conviene nombrar con claridad lo que hoy prácticamente nadie se atreve a decir en voz alta: la polarización sostenida durante los últimos años, esa forma de reinterpretar doctrinariamente la historia de nuestro país bajo un criterio de división y de odio, ha normalizado, poco a poco, formas de violencia y de persecución política y mediática. Se trata de un clima en el que ciertos espacios de poder han tolerado —cuando no alentado— un lenguaje y unas prácticas que erosionan el respeto mínimo que una sociedad debe guardarse a sí misma, incluso en el desacuerdo más profundo.
Las personas pueden disentir de una gestión. Eso es, precisamente, el ejercicio legítimo de la crítica democrática. Sin embargo, lo que no puede permitirse, sin dañarse a sí misma, es que la discrepancia política se traduzca en actos que celebran la destrucción del adversario. Porque ese umbral, una vez cruzado con naturalidad, no distingue después entre estatuas, instituciones o personas.
Finalmente, quiero señalar otro elemento que se suma a todo este contexto: en los últimos meses se ha vuelto común apelar a un discurso "soberanista" que invoca a la patria y al pueblo, pero que sólo beneficia a unos cuantos. Conviene que todos nos preguntemos con honestidad: ¿de qué soberanía se habla cuando se defiende a un partido antes que a las instituciones?; ¿de qué soberanía se trata cuando se sigue protegiendo y se deja la puerta abierta a quienes siembran terror y muerte? Ese es precisamente el riesgo que Todorov señalaba: el momento en que la democracia se desprende de su vínculo con las instituciones y se abre el espacio al poder sin límite y, en el presente caso, a poderes que —desde dentro— amenazan a las familias y el orden que tantos años ha costado construir.
La soberanía real no se puede identificar con el color de una bandera partidista, es la capacidad efectiva del Estado para impedir que el crimen organizado tome las riendas del país, para combatir con determinación a quienes generan terror, y para fortalecer —no debilitar— la división de poderes y las vías legítimas de la democracia. Defender esa soberanía es, precisamente, lo que Chihuahua intentó hacer con esta ley.
Una servidora lo ha dicho en días recientes y aquí lo reitera. Acataremos lo que finalmente resuelva la Corte, porque ese es el principio que defendemos: el respeto a las instituciones, incluso cuando sus decisiones no nos favorecen. Lo que no vamos a aceptar es la resignación. Si nos cierran un camino, abriremos otro, porque lo que está en juego va más allá de una ley; es si en México el voto pertenece a los ciudadanos o si empieza a ser del crimen.
