Primero llegaron las llamadas regulaciones sobre los derechos de las audiencias. El argumento puede sonar impecable: proteger al público, garantizar información plural, equilibrar contenidos y establecer responsabilidades para los medios.
El problema aparece cuando, bajo el noble paraguas de proteger a las audiencias, cualquier autoridad pretende terminar diciéndole a la radio, a la televisión o a los medios qué deben transmitir y cómo deben hacerlo.
Pero, ojo: la propia Suprema Corte ha establecido que la libertad de expresión es un componente esencial de una sociedad democrática y que el debate público debe ser abierto, robusto y desinhibido. Incluso ha reconocido que la crítica hacia personajes públicos puede incluir expresiones vehementes, cáusticas y mordaces.
Después apareció la llamada “Ley Antimemes”, una etiqueta que, por cierto, no describe literalmente el contenido completo de la reforma. El Senado aprobó modificaciones que contemplan penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA cuando se utilicen identidades gráficas, dominios o documentos oficiales para inducir al engaño con una finalidad ilícita y en determinadas circunstancias comerciales. La reforma todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados.
Es importante decirlo con precisión: la reforma no establece que hacer un meme o burlarse de un político sea, por sí mismo, un delito. Pero también es legítimo preguntar si una redacción que genera dudas puede terminar inhibiendo la sátira, la parodia o la crítica política. Esa es precisamente una de las preocupaciones expresadas por opositores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿Y ahora qué sigue? ¿La Ley del Tapabocas? Podría ser algo así: “Artículo primero: para hablar mal del gobierno deberá solicitarse previamente autorización. Artículo segundo: para hablar bien, no hace falta permiso. Artículo tercero: quien insista en opinar por cuenta propia deberá presentar tres copias de su opinión, identificación oficial y carta de buena conducta”.
Por ahora es una exageración. Y precisamente por eso conviene hacer la pregunta antes de que algún día deje de serlo. Porque la censura rara vez llega anunciándose con trompetas. No toca la puerta diciendo: “Buenas tardes, vengo a que te calles”.
Y nadie puede estar en contra de proteger a las audiencias, combatir el fraude o defender los derechos de terceros. El problema comienza cuando la protección termina convirtiéndose en control.
Porque si cada crítica tiene que pasar primero por una ventanilla gubernamental, ya no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando de expresión con permiso.
Y eso sería bastante parecido a aquello de “puede usted hablar, pero diga exactamente lo que nosotros le autorizamos”. El humor mexicano, además, merece una consideración especial.
Este país ha sobrevivido presidentes, crisis económicas, devaluaciones, terremotos, políticos, campañas electorales y discursos interminables gracias, entre otras cosas, a una capacidad extraordinaria para reírse de sí mismo.
Aquí hemos convertido presidentes en memes, funcionarios en caricaturas, discursos en chistes y tragedias políticas en frases de cantina. El mexicano puede quedarse sin dinero, pero difícilmente se queda sin ocurrencias.
Por eso resulta preocupante cualquier ambiente en el que la gente empiece a preguntarse antes de publicar: “¿Me pueden denunciar por esto?” Porque cuando el ciudadano comienza a autocensurarse, ya no hace falta que alguien le cierre la boca: él mismo se la tapa. Y quizá ese sea el verdadero peligro.
No necesitamos una Ley del Tapabocas para que todos terminemos hablando bajito. Basta con crear un ambiente donde cada periodista piense dos veces antes de investigar, cada caricaturista mida el tamaño de la nariz del político, cada ciudadano revise su meme tres veces.
Entonces tendremos algo mucho más silencioso que la censura tradicional: el miedo a expresarse. Y una sociedad que deja de hablar por miedo empieza, poco a poco, a dejar de preguntar. Y cuando dejamos de preguntar, dejamos de cuestionar. Y cuando dejamos de cuestionar, el poder puede empezar a sentirse demasiado cómodo.
Por eso la pregunta no es solamente “¿y si nos ponemos un tapabocas?” La pregunta verdaderamente importante es: ¿Quién nos lo va a poner y quién decidirá cuándo podemos quitárnoslo?
Porque una democracia puede soportar una crítica injusta, un meme de mal gusto y hasta una caricatura terrible. Lo que no se puede normalizar es que alguien tenga que pedir permiso para decir: “no estoy de acuerdo”. Ese derecho no necesita tapabocas. Necesita defensa. Al tiempo.
