Pone PAN hielo a candidatura por la capital
Insulta TEE con invitada que da vergüenza
Mucho brinco con los celulares

Entre el morbo que levanta la reclusión del exfiscal César Jáuregui en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, sobresale el dato de que jamás aceptó cambiar de su perfil de Facebook el logo del “YoconMaru”, como se mantiene hasta la fecha.
Seguramente nadie más tenía acceso a esa cuenta de redes sociales, de varias que tenía el panista a su nombre, manejadas por su gente de confianza, que han empezado a ser cambiadas y actualizadas con el reclamo de libertad.
O, tal vez, la contraseña se les perdió en la movilización urgente de papeles y computadoras que su equipo organizó el sábado pasado por la mañana, en una oficina de la avenida Pascual Orozco, en San Felipe, cuando se enteraron de la detención registrada en La Cantera.
La imagen principal de Jáuregui Moreno en esa red social (puede verse en la edición digital de GPS) corresponde a una reunión con vecinos, entre los que aparece también uno de sus principales impulsores, el exalcalde Juan Blanco, recientemente fulminado de la Secretaría de Hacienda, donde tenía a su cargo el Departamento de Carreteras de Cuota.
Entre su equipo dicen que le recomendaron cambiar, más de tres veces, el hashtag con el que iniciaron las movilizaciones contra la 4T cuando comenzó la embestida federal tras la muerte de agentes en Morelos, pero siempre se negó a hacerlo.
Continuó, contradictoriamente, su activismo en las mismas redes contra la línea oficial de Palacio de Gobierno, en cuanto a la candidatura del PAN para la Presidencia Municipal, y a la vez contra la autoridad federal, a la que siempre definió como el enemigo, en especial por el manejo turbio del aparato de justicia, que se intensificó desde la cuestionada elección judicial.
Ahora, Jáuregui Moreno enfrenta precisamente a ese aparato de justicia que tanto cuestionaba, en todas las entrevistas y publicaciones en redes.

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El tema del Facebook de Jáuregui viene a cuento también porque, cuando estaba por salir la convocatoria del PAN para elegir candidatos a alcaldes, anunciada por la dirigente Daniela Álvarez y el secretario nacional de Elecciones, Luis Olmedo, surgen versiones de que el proceso será pateado hasta diciembre o más lejos.
Aunque haya oficiosos panistas que sugieren que es mínimo el impacto del caso Jáuregui en la decisión de Acción Nacional sobre quién hará fórmula en la capital con el candidato a gobernador, Marco Bonilla, hay otros que ven un riesgo de fractura si en estos momentos se pone el partido a seleccionar a su abanderado.
Empezar a construir una candidatura sobre lo que puede ser la tumba (a menos que la Fiscalía General de la República salga con alguna sorpresa) de César Jáuregui, sería tan arriesgado para el albiazul como alentar la división abiertamente.
Así que es muy alta la posibilidad de que la candidatura por Chihuahua sea puesta en hielo, en lo que se enfría políticamente en Almoloya el exfiscal. Eso si la 4T no ve la probabilidad de que, liberarlo catapultaría sus aspiraciones, en contra de lineazos del mismo PAN.

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El magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Hugo Molina Martínez, igual que sus compañeras magistradas Roxana García Moreno y Adela Jiménez Carrasco, son vistos como los responsables de un insulto total a los chihuahuenses, en especial a los abogados y abogadas expertas en la materia.
Resulta que el TEE traerá a la morenista poblana Nayeli Salvartori Bojalil a una conferencia para la conmemoración del voto femenino. “Mujeres y política. Avances, barreras y desafíos”, es la ponencia a la que invita el organismo para este viernes.
El problema es que los magistrados cayeron en esa tentación de mezclar farándula y política, que los llevó a traer como invitada una de las mujeres más repudiadas no sólo de Morena, sino de toda la clase política nacional.
“Nay” Salvatori revictimizó y se burló en vivo de una mujer que denunciaba haber sido golpeada por su esposo, cuando era conductora de radio en Puebla, antes de ser diputada morenista; luego, como legisladora federal, hizo un montaje de un supuesto ataque en su contra (ella misma reveló después que había sido falso), además de que llamó a legalizar la mariguana e invitó al mundo a fumarla a su casa a todo el mundo.
En otros episodios de pódcasts y ridículos al aire llegó a decir que los chihuahuenses eran “los más chillones de México” y también fue la que se burló de los adultos mayores con el dicho de que “huelen a baúl”, lo que su compañera legisladora Grace Palomares remató con un: “es que ya se están pudriendo”.
Si el TEE quiere exhibir alguna vena morenista o acomodaticia con miras a 2027, hay mil cuadros mejores de Morena para invitar a Chihuahua a dar conferencias de verdadero valor para la democracia.
No hay necesidad de hacer esos ridículos, como si no hubiera perfiles femeninos valiosos en el morenismo, más allá de una destemplada diputada local que ejemplifica con suma claridad la decadencia de la clase política en este país.

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La publicación del acuerdo oficial que regula el uso de teléfonos celulares en las escuelas de todos los niveles -y que entra en vigor el 3 de noviembre- deja abierta una puerta amplia que podría simplemente mantener el escenario actual, es decir, sin cambio alguno.
El documento establece que los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una intencionalidad pedagógica previamente programada, por motivos de salud o ante situaciones de emergencia, con sus reglas específicas de acuerdo al nivel de estudios.
Bajo estas condiciones, la decisión final recae en el criterio de cada docente frente a grupo, un margen de acción similar al que ha operado hasta ahora en la práctica cotidiana de los planteles educativos.
En el plano operativo, esta disposición traslada una carga compleja al personal docente. Por un lado, se restringe la presencia de los aparatos; por el otro, hay protecciones a la privacidad de los estudiantes que limitan la revisión directa de los dispositivos.
Cuando un alumno mantenga el teléfono en la mano argumentando un fin académico o una necesidad personal, el profesor enfrentará dificultades técnicas y normativas para verificar el verdadero uso que se le está dando al aparato en el aula.
Sin un mecanismo uniforme de control las escuelas enfrentarán un problema operativo, donde el resultado final dependerá de la interpretación individual de cada profesor, bajo riesgo de acusaciones de acoso académico.
A ver si no resulta peor la regulación a medias publicada en el Diario Oficial de la Federación hace más o menos 30 días, próxima para ser aplicada.

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Dicen que los errores de los médicos están en los panteones y el de los abogados en las cárceles, tal como le pasó al exfiscal César Jáuregui que eligió como su defensor a su compadre Villegas Montes, que lejos de ayudarlo lo terminó por hundir.
Existe en la Constitución el principio de juez natural o la garantía de competencia territorial, que establece que una persona debe ser juzgada por el tribunal penal competente de la localidad geográfica donde se cometió el delito, el cual suele ser el lugar más cercano a los hechos, los testigos y las pruebas.
Eso le garantizaría al exfiscal ser juzgado aquí mismo, pero sus representantes legales optaron por una defensa política para victimizarse.
Los abogados omitieron elementos técnicos al momento de solicitar prisión para protegerlo de una posible detención y traslado por la autoridad federal, que por cierto ya había informado horas antes de la orden de aprehensión en su contra por delito de traición a la patria.
Eso ocurrió antes que lo pusieran en libertad para llevar el proceso libre, por eso ahora Jáuregui está en el centro del país, por no prevenir que la FGR también lo iba a detener en cuanto tuviera un pie fuera.