En Chihuahua el Poder Judicial está bajo asedio. Lo más preocupante es que los golpes no vienen solo de fuera: llegan desde dentro de la propia institución y desde las fiscalías, ante el silencio de quienes tienen el deber de defenderlo.

Las últimas semanas nos han dejado señales que no conviene leer por separado. La jueza Marisol Campos fue suspendida a raíz de denuncias internas. Contra el juez Carlos Erives se presentó una denuncia penal por el caso Aras. En Parral, el juez Manuel Jurado fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción. Que se investigue todo lo que deba investigarse; nadie está por encima de la ley, y los jueces menos que nadie, porque su oficio consiste precisamente en aplicarla. Pero vistos en conjunto, estos hechos dibujan un patrón que debe inquietarnos: los jueces de primera instancia se están convirtiendo en los fusibles de un sistema que está quebrado. Cuando la presión social sube, lo primero que se quema es el juez.

El fuero no se negocia en un pasillo

El caso de Parral merece atención especial, porque ahí no hablamos de una opinión sobre la conducta de un juzgador, sino de una cuestión de procedimiento constitucional. Los artículos 179 y 183 de la Constitución Política del Estado establecen un camino para proceder penalmente contra quienes gozan de protección constitucional: el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado. Ese camino no es un privilegio personal ni un escudo para la impunidad. Es una garantía de la función: existe para que un juez no pueda ser removido de su asiento por la vía rápida cada vez que una resolución suya incomode a alguien con poder.

Una suspensión administrativa no extingue esa protección. El fuero no se negocia en un pasillo ni se borra con un oficio del Tribunal de Disciplina. Mientras el Congreso no se pronuncie, la ruta está cerrada, y abrirla por la fuerza no es valentía institucional, sino un atajo que tarde o temprano se paga caro.

Esa historia ya la conocemos. En 2020, con el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, fue la justicia federal la que terminó exhibiendo los excesos de las autoridades locales. La lección debió aprenderse entonces. Hoy parece que ni siquiera se guardaron las formas.

Cuando el fiscal repite ante los micrófonos que "la ley es para todos", tiene razón a medias. La ley es para todos, empezando por la autoridad, que es la primera obligada a respetarla. Saltarse el procedimiento no combate la corrupción: fabrica nulidades procesales. Y cada nulidad es una puerta que mañana podría dejar en libertad a los verdaderos responsables. Si de verdad se quiere castigar a un juez corrupto, lo último que conviene es un expediente que se caiga en el primer amparo.

La persona detrás de la toga

Pero reducir este tema a la discusión del fuero sería quedarse en la superficie. Detrás de cada una de estas noticias hay algo más profundo, y quienes vivimos los tribunales todos los días lo sabemos bien.

Los juzgados se renovaron de golpe. Muchos de quienes hoy juzgan son abogadas y abogados jóvenes, preparados y con vocación, que llegaron a salas desbordadas sin un respaldo institucional que los protegiera. Se les entregó una carga que habría quebrado a cualquier juzgador con décadas de experiencia, y se les exige que no cometan un solo error.

Hay jueces civiles y penales que sostienen audiencias ininterrumpidas de once horas. Conviene detenerse en esa cifra. Son once horas escuchando a las partes, valorando pruebas, resolviendo incidencias y decidiendo sobre el patrimonio, la familia o la libertad de una persona. Al final de esa jornada le exigimos al juez la misma templanza, la misma atención y la misma imparcialidad que en el primer minuto. Y al día siguiente, otra vez.

En Cuauhtémoc, una audiencia inicial por delitos tan graves como violación o violencia familiar puede tardar hasta dos años en celebrarse. Dos años en los que la víctima espera, revive lo ocurrido cada vez que la citan y termina convencida de que nadie la escucha. Eso no es rezago; es denegación de justicia. Es revictimización, y la estamos pagando todos con fondos públicos.

Exigir serenidad y rigor a quien el propio sistema desgasta física y jurídicamente es una forma de hipocresía institucional. No se puede pedir excelencia a quien se le niegan las condiciones mínimas para ejercerla.

También nos toca vernos al espejo

Los litigantes tampoco somos inocentes. Hay colegas que confunden la juventud de un juzgador con debilidad y apuestan a la intimidación en sala en lugar del debate técnico. Levantan la voz, amenazan con quejas y denuncias, y convierten la audiencia en una prueba de resistencia. Esa conducta no solo es poco profesional; contribuye al mismo desgaste que hoy lamentamos. Un juez nuevo merece enfrentarse a buenos argumentos, no a presión. Desde los colegios de abogados tenemos la obligación de decirlo con claridad y de predicar con el ejemplo.

La razón de ser de un tribunal

Aquí está el centro de todo. La razón de ser de un tribunal es juzgar. No es administrar crisis, ni apagar incendios mediáticos, ni sobrevivir a la siguiente denuncia. Un juez que teme ser el próximo en la lista, o que está tan agotado que ya no puede pensar con claridad, deja de juzgar bien. Y cuando eso ocurre, el afectado no es el juez: es el ciudadano que llega a un tribunal buscando justicia y encuentra una institución a la defensiva.

Proteger al juzgador no es un gesto corporativo. Es proteger la función de juzgar, que es lo que en última instancia protege a todos.

Tres medidas urgentes

Basta de discursos de autocomplacencia. Se requieren medidas de fondo, viables y urgentes.

Primera: defensa firme de la autonomía judicial. El Tribunal Superior de Justicia debe promover de inmediato las controversias constitucionales que correspondan cuando otra autoridad vulnere la protección constitucional de sus integrantes. Cuidar al juez no es encubrirlo. Es exigir que cualquier proceso en su contra pase, con todo rigor, por donde la Constitución ordena. Un tribunal que no defiende a sus jueces termina por no poder defender a nadie.

Segunda: reingeniería del despacho judicial y mediación obligatoria previa. Una parte sustancial de los asuntos civiles y familiares que hoy asfixian a los juzgados puede y debe resolverse fuera de sala. Para ello se necesitan centros de mediación con presupuesto real, personal capacitado y resultados medibles, no oficinas de membrete. Cada asunto resuelto por acuerdo es tiempo que el juez recupera para atender con cuidado los casos que sí requieren una sentencia.

Tercera: que las fiscalías litiguen en los tribunales y no en las ruedas de prensa. La persecución del delito exige expedientes sólidos, capaces de resistir el escrutinio de un amparo federal. Los titulares de veinticuatro horas se olvidan pronto; las nulidades procesales, en cambio, duran años y tienen costos que pagan las víctimas.

Un Poder Judicial de rodillas ante el poder político no le sirve a la sociedad. Solo le sirve a quien aspira a gobernar sin contrapesos. Si hoy permitimos que se atropellen las garantías de un juez, ¿qué le espera mañana al ciudadano común que pisa un tribunal?

Se comenta en los pasillos que el Fiscal de Distrito Zona Centro habría preguntado quién está detrás del amparo que obliga a la Gobernadora a responder la petición de los agentes del Ministerio Público. La pregunta sorprende, porque la respuesta no es un secreto: la demanda está firmada, consta en un expediente público y la sentencia de la jueza federal tiene nombre y número. Recuerda la escena de Lope de Vega en Fuenteovejuna. Cuando el juez pesquisidor, enviado por los Reyes Católicos, pregunta "¿Quién mató al Comendador?", el pueblo entero contesta: "Fuenteovejuna, señor". Así también aquí, a la pregunta de quién promovió el amparo, la respuesta es una sola: el Ministerio Público. Fueron treinta y seis agentes, con su firma y su cara, ejerciendo un derecho que la Constitución les garantiza como a cualquier ciudadano. No hay nadie "detrás"; hay servidores públicos que pidieron ser escuchados y un juzgado que les dio la razón. Buscar instigadores donde solo hay peticionarios equivocaría el enfoque, y además enviaría un mensaje inquietante a quienes, desde dentro de la institución, se atreven a reclamar lo que consideran justo. La pregunta que corresponde a la autoridad no es quién promovió el amparo, sino cuándo y en qué términos se va a cumplir. Y si aun así insiste en saber quién es el Ministerio Público, la respuesta de Lope sigue vigente: todos a una.

Coda: el corazón de la duda

El jueves por la noche, Casa Chihuahua se llenó por completo para la presentación de En el corazón de la duda, el más reciente libro de Jaime García Chávez. José Woldenberg participó en directo desde la Ciudad de México, y Dinorah Gutiérrez y Gerónimo Olvera lo presentaron en casa. A sus ochenta años, Jaime sigue siendo una de las voces más vigentes de la vida pública chihuahuense. Habló con franqueza de su propio recorrido: de aquel joven que, desde el marxismo, llegó a considerar el levantamiento armado, hasta el hombre que hoy apuesta por la cultura y el diálogo. Sin nostalgia, advirtió que "cuando hemos recurrido a la violencia, hemos retrocedido, aunque de momento algunos hayan disfrutado la victoria".

Describió nuestro presente como "tiempo nublado, tiempo de tinieblas", y frente a la política de adversarios que solo descansa cuando destruye al otro, recordó que en este país "cabemos todos por encima de nuestras muy grandes diferencias". Reivindicó la herencia liberal del Estado de Derecho y la vigencia de la ley, y reclamó una era en la que la justicia "no llegue condicionada". Pocas palabras podrían cerrar mejor lo que aquí he escrito sobre nuestros jueces. Su libro, dijo, no pretende contener un dogma ni una verdad, sino entender a los otros; porque a veces, frente a una biblioteca entera de certezas, basta un modesto libro que siembre la duda para que la ruta renazca. Larga vida a Jaime.

*ABOGADO LITIGANTE, presidente del Colegio de Juristas, vocero de la FECHCA, miembro de la AECHIH.