Corral, imitador de charro barato: Lily Téllez
Bonilla y Colosio, muchas coincidencias

Hay algo muy turbio en la causa contra Carlos Alberto Velázquez Nieto, propietario de Energética Carvel y una veintena de empresas ligadas a su nombre, detenido el jueves en circunstancias por demás opacas por elementos de la FGR, adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
De entrada, tenemos que la detención ocurre casi a un año en que surgió una serie de reportajes, basados en gran medida en supuestas investigaciones oficiales sobre las rutas de huachicol, técnico y fiscal, las cuales, a su vez, tenían bases en denuncias de 2020 y 2021 ante la Comisión Reguladora de Energía y la Cámara de Diputados.
A partir de septiembre del año pasado se intensificaron los señalamientos, filtraciones y golpeteo para vincular a Carvel y otras porteadoras, comercializadoras e importadoras de hidrocarburos en uno de los delitos que ha marcado a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo cual no implica que antes no existieran en mayor o menor medida, aunque no eran tan publicitados.
Por otro lado, las investigaciones que involucran a la Femdo (el género delictivo de delincuencia organizada) , y en particular a su Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales (Feiorpifamf, la especie delictiva), se extendieron desde la casa de Velázquez en el residencial San Francisco, hasta dos estaciones gasolineras en la capital.
Es decir, los posibles cateos (que bien a bien la FGR no ha dado conocer qué mandamientos judiciales ejecutó) fueron desde la detención del dueño de Carvel, hasta la revisión física de sus propiedades; desde el corporativo donde está una planta de unos mil millones de pesos, hasta negocios relativamente menores, como son las estaciones de servicio de la avenida Fuerza Aérea y de la Pacheco.
Otra vertiente de la opacidad es la detención oficial. Aunque su casa fue intervenida alrededor de las cinco de la mañana del pasado jueves, junto con oficinas de empresas en Chihuahua y Juárez, un hangar en la pequeña terminal de El Charco (porque Velázquez tiene su flota aérea, también), su captura oficial fue a las 13:59 horas de ese día, según el Registro Nacional de Detenciones.
¿Qué pasó entre la hora de los cateos y la aprehensión formal de Velázquez? ¿Trató de huir y por eso su detención se registró unas ocho horas después de las primeras diligencias? ¿No traían orden de aprehensión junto con las de cateo? ¿Dónde estuvo el detenido en esas horas?
Son demasiados cabos sueltos, montones las especulaciones y poca, muy poca, la claridad con la que el órgano investigador nacional maneja el procedimiento.
Así, independientemente de la afinidad comprobada de Velázquez con la 4T y las versiones de que su captura obedece más a una pugna interna por el poder en Morena, lo primero que debe hacer la FGR es transparentar el procedimiento y brindar explicaciones.

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La propuesta de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en la Cámara de Diputados, junto con el confuso intento de modificación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el Senado de la República, es lo que colectivamente terminó llamándose como la “Ley Antimemes”.
Las dos ideas de cambios legales, surgidas ambas desde Morena, son distintas en lo técnico, pero han generado la percepción, atizada por priistas y panistas, de que están orientadas a lo mismo, a censurar y castigar el uso de imágenes incluso en redes sociales para impedir el deporte nacional de hacer burla de los actores públicos.
Es otra amenaza a la libertad de expresión, finalmente, fundamentada en cortos criterios de propiedad intelectual individual y en supuestas amenazas a la seguridad de las personas.
Lo real es que las nuevas normas podrían derivar en castigos con tufo al siempre presente temor, a veces infundado, pero otras veces no tanto, de que en México sea instalada una dictadura.
De ahí que la senadora panista Lily Téllez la emprendió contra el morenista que dice que no es de Morena, el expanista Javier Corral, con mensajes en redes que ilustran por qué es necesario siempre ampliar el régimen de libertades en vez de promover más restricciones.
“Escríbele y háblale, aquí te dejo los datos del imitador de charro barato, Javier Corral, que encubre narcosenadores mientras hace una ley para encarcelar ciudadanos que hagan o compartan memes y sátiras del narcogobierno de Morena”, posteó la legisladora en Facebook (imagen en versión digital de GPS), agregándole los datos de contacto del exgobernador de Chihuahua.
Claro que Téllez hace lo suyo como opositora radical a la 4T, pero también, claro que Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores, se ha ganado un lugar especial en la actividad política, la del traidor del PAN y arribista de Morena, capaz de promover leyes riesgosas para salvar el pellejo.

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En la secretaría del Trabajo y Previsión Social han llegado -por sus pobrezas presupuestales- a pedir a los litigantes o trabajadores llevar hojas de papel e incluso pagar copiadora para obtener copias de expedientes.
Y si son copias certificadas, hay que ir a foliar personalmente en las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Trabajo, porque alegan que no hay suficiente personal.
Pensábamos que sólo ocurría esta situación anómala en dicha dependencia federal, pero ahora resulta que también ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde las diferentes áreas tienen que comprar ellos mismos sus hojas para imprimir expedientes.
No es solamente la carencia de insumos, saturación de servicios, en área médica, sino las carencias franciscanas que dan lástima también en otra área como la psicológica, para cuestiones elementales como es el papel.

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En política, dicen los conocedores, las coincidencias rara vez son solamente coincidencias.
El encuentro entre el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, bien podría leerse bajo esa lógica.
Dos políticos jóvenes, dos figuras del norte del país y dos nombres que aparecen vinculados al escenario de las gubernaturas de 2027.
Bonilla tiene abierta su ruta hacia el Gobierno de Chihuahua, mientras que Colosio ha reconocido que buscará una gubernatura en 2027, aunque todavía mantiene abierta la definición entre Nuevo León y Sonora.
En agosto, su presencia en un encuentro de MC en Hermosillo incluso provocó que militantes lo recibieran al grito de “¡Gobernador, gobernador!”, alimentando la versión de una eventual candidatura sonorense.
Por eso llama la atención el mensaje que Bonilla publicó después de recibirlo en Chihuahua, porque no sólo fue presumir una reunión entre amigos o a hablar de temas administrativos, habló de un “cambio generacional”, de “cambio de ideas”, de nuevas formas de gobernar y, particularmente, de la necesidad de que los estados participen en una nueva etapa para México.
Si el PAN en Chihuahua va en ruta con Bonilla y MC en Sonora explora hasta dónde puede llegar con Colosio, el diálogo entre ambos abre una posibilidad de alcanzar puntos coincidentes.

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Ha sido intrincado el camino administrativo para blindar las finanzas estatales frente a la volatilidad de las tasas de interés.
Durante el desarrollo de la Licitación Pública SH/LPDP/008/2026, en la sesión de fallo celebrada a finales de agosto, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua procedió a adjudicar la cobertura de siete financiamientos entre las instituciones participantes, otorgando seis de ellos a BBVA México y reservando el instrumento relativo al Financiamiento SANTANDER 3 a Banco Azteca, por presentar una prima de 849 mil 890 pesos.
Sin embargo, ese mismo día -el 26 de agosto-, Banco Azteca notificó de manera oficial a la autoridad financiera que no formalizaría ni reconfirmaría la operación adjudicada, ante lo cual, la Secretaría de Hacienda echó mano de sus facultades legales para reestructurar el fallo mediante el oficio SH-0790/2026, re-adjudicando a la segunda mejor postura, perteneciente a BBVA México.
A pesar de esta maniobra totalmente legal para salvar la asignación individual del paquete de créditos, el incidente de abstención por parte de Banco Azteca terminó por desarticular la figura agrupada del procedimiento.
Al no consolidarse las confirmaciones conforme a los esquemas contractuales previstos para la opción conjunta bajo la modalidad de Cap Espread, la Secretaría de Hacienda se vio en la necesidad legal de declarar desierta la alternativa.
Por ese motivo la autoridad estatal emitió una nueva Licitación Pública con número SH/LPDP/009/2026, diseñado de manera exclusiva para la contratación de los tres instrumentos derivados que quedaron al garete, que esta semana y la que viene debe quedar concluida, para entrar en vigor el primero de octubre.
Error de cálculo el de Banco Azteca al entrar, en un contexto donde más empresas del corporativo están buscando el juicio de concurso mercantil por quiebra.