-Sin transparencia en elección de magistrados
-Las molestias de Taibo y Corral
Hay un detalle del cual no se ha tenido conocimiento en uno de los dos accidentes de migrantes ocurrido en menos de quince días, en la carretera Chihuahua-Juárez.
Nos referimos a la volcadura de una Expedition 1997 con placas EAN524B, conducida por Josué Alexis Valdez China.
Pues resulta que esas placas no corresponden a ese vehículo, sino a un Mustang, modelo 1994, que tiene adeudos de casi cinco mil pesos en Recaudación de Rentas, de puro adeudo vehicular.
Checamos varias veces las placas e incluso el reporte elaborado por la Guardia Nacional División Caminos, y es la placa correcta, la que buscamos en la base de datos de Recaudación, contra la que fue documentada en el reporte de la GN.
Recordemos que el conductor de la Expedition llevaba arrastrando otro automotor, un Spark azul; pues en esas condiciones, con placas sobrepuestas –salvo que la autoridad diga lo contrario- el temerario conductor recogió a los migrantes y los llevaba hasta la frontera, cuando sobrevino el accidente en el kilómetro 120+200 a las 12:20 horas del cuatro de abril pasado.
A la responsabilidad económica por las lesiones, etcétera, se suma entonces esta anomalía administrativa, que adquiere otras dimensiones ante el tremendo accidente donde resultaron lesionados ocho indocumentados.
Veremos qué tratamiento da a este dato la autoridad correspondiente.
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El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado utilizó más de 10 hojas para justificar y reiterar la negativa a publicitar las documentales presentadas por los aspirantes a magistraturas ya designadas y a otras tres que están pendientes por diferentes razones.
La determinación es de reserva hasta por tres años, debido a que el proceso para elegir a los magistrados y/o magistradas, aún no ha concluido.
“Pues si bien fueron integradas la mayoría de las ternas e incluso algunas de ellas electas por el Pleno del Poder Legislativo, el proceso de esta Comisión continua…porque existen dos salas vacantes en las que, con motivo de diversos juicios de amparo, el H. Congreso del Estado, se encuentra impedido de constituirse como colegio electoral y designar al titular de la magistratura dentro de las ternas integradas”, dice el resolutivo en poder de GPS.
“Asimismo –dice la resolución del mencionado Comité- la convocatoria para una sala vacante se declaró desierta, por lo que no se encuentra la terna debidamente integrada, mientras que otra terna enviada por la Comisión Especial, fue rechazada por el Congreso del Estado, por lo que es necesario volver a integrarla”.
Para conocer entonces la documentación, en sus versiones públicas, presentadas por los diversos aspirantes a magistrados, habrá que esperar a que el proceso concluya en la totalidad de las magistraturas. ¡Pufff!
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Aún y cuando ya cumple algunos meses el texto, nos llama la atención en el sentido de que dos personajes de la 4T –uno de siempre y el otro advenedizo y convenenciero- deben seguir mortificados por observaciones y omisiones realizadas en el libro “Gracias” de Andrés Manuel López Obrador.
El primero de ellos es un auténtico morenista y con camino recorrido en el estudio de la historia, pilar en el tema histórico de la cuarta transformación, particularmente la Revolución Mexicana y por supuesto el Villismo.
No referimos a Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica. El presidente lo menciona en varias ocasiones pero de pasadita, para resaltar la figura de Hidalgo, pero a quien se refiere con una extensa observación es a Friedrich Katz, al estudiar a Francisco Villa y Francisco Indalecio Madero.
El otro es Javier Corral, que intentó por todas las formas arrebatar a Cuchillo Parado el reconocimiento nacional como Cuna de la Revolución, tratando de imponer a Guerrero con Pascual Orozco.
“Es un placer visitar Cuchillo Parado en Chihuahua, donde comenzó la Revolución Mexicana antes del 20 de noviembre de 1910”, escribe AMLO en la página 216. De Guerrero ni una palabra.
De Friedrich Katz, dijo textual, “riguroso historiador de la Revolución Mexicana”.
De Paco Ignacio no hace otra cosa que ponerlo de referencia; Corral, no existe en ninguna de las 556 páginas del libro.
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Ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, que a los gobiernos de Morena les gusta la opacidad, esconder o reservar cifras de costos y contratos, tanto en Chihuahua como en el resto del país donde son gobierno.
En lo local, tenemos como ejemplo el caso de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes Cynthia Marina, detenida por peculado, mientras que a nivel federal está el desfalco de 15 mil millones de pesos a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), donde el director Ignacio Ovalle, ya tenía un pasado turbio en el sexenio de Carlos Salinas, cuando se llamaba CONASUPO y que por cierto, terminó su hermano Raúl en la cárcel.
Ante toda esta problemática, el coordinador de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Marco Bonilla, prometió que durante el gobierno de Xóchitl Gálvez, se harán modificaciones a la ley, para priorizar los concursos de licitaciones en todas las obras, compras y servicios, con el fin de reducir los contratos por adjudicación directa, que son los preferidos por el sexenio federal.
La candidata de la coalición, al igual como ya se hizo aquí en Chihuahua capital, cuando Bonilla estaba como alcalde, es perfeccionar las instituciones ya existentes como el INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia, pero irá más allá porque en el caso de la Fiscalía la hará verdaderamente autónoma y una Auditoría Superior de la Federación, que verdaderamente investigue y no sea palero del gobierno federal en turno.
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Con independencia de las investigaciones que dieron la vuelta al mundo abiertas en contra del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que constan en el expediente abierto apenas el día nueve de abril, número J/108/2024, hay una truculenta historia de presuntas conductas sexuales de uno de sus principales colaboradores.
El acuerdo emitido por la presidenta de la SCJN, Norma Piña, describe nombres y situaciones concretas presuntamente atribuidas al número dos del Consejo de la Judicatura Federal, cuando el titular era Zaldívar.
Las acusaciones no sólo son por una presunta conducta inadecuada, proposiciones, incluso literal actos sexuales no consentidos, etc., sino por la intentona de construir expedientes en contra de otros funcionarios, para inculparlos en acoso sexual y otros temas delicados.
En quince páginas, el acuerdo da cuenta de lo que con seguridad es uno de los asuntos con mayor cantidad de funcionarios involucrados en una trama para beneficiar a un gobierno y a varios particulares, con sentencias a modo, con el agregado morboso de lo sexual.
