-De la risa a la preocupación por plazos judiciales
-Los formulismos groserones de Conagua

Resolvió la Sala Guadalajara el pasado jueves dos asuntos acumulados en relación a la elección de ayuntamiento de la ciudad de Chihuahua. 
El mecanismo de acumulación busca resolver en una sola sesión los temas que pudieran estar vinculados con una sola elección con la finalidad de evitar fallos que pudieran ser incongruentes entre ellos. 
Se trata de los asuntos 572 y su acumulado 575, y el juicio de revisión constitucional electoral 212, todos del año en curso, promovidos por “ciudadanos” y el Partido del Trabajo, contra el acuerdo plenario dictado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua el 31 de julio pasado, mediante el cual emitió aclaración de sentencia respecto la recomposición de la votación de la elección del Ayuntamiento de Chihuahua.
Los agravios fueron considerados infundados toda vez que quienes se ostentaron como ciudadanos sin interés jurídico en los asuntos, realmente si lo tenían, como es el caso de Tania Aguilar Gil y Hugo Gonzáles, conocidos y reconocidos como dirigentes del PT y Morena.
Quisieron agarrarse de un error cometido en la sentencia –y después corregido en una aclaración de la misma que no fue impugnada- para echar abajo los cómputos y la composición del cabildo, pero no les valió la argucia, por el momento.
Por ese motivo creemos que la elección de Ayuntamiento de Chihuahua está en camino a quedar firme, particularmente por lo que hace al tema de la representación proporcional en regidurías, que es el último asunto debatido. 
Aún queda la posibilidad de qué los asuntos resueltos en la sala Guadalajara pudieran ser conocidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero para que así ocurra, se requieren una serie de requisitos muy puntuales entre ellos –en términos muy generales- que plantee un aspecto de inconstitucionalidad. 
Luego entonces no es nada sencillo que los asuntos puedan brincar la barda para ser conocidos por el máximo tribunal electoral. 
Aun así hay que esperar a que transcurran unos días para que ya pueda considerarse que no hay ningún asunto pendiente en relación con la elección del Ayuntamiento de Chihuahua, en alguna de sus vertientes, en este caso lo que tiene que ver con representación proporcional de regidores.

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Hay un tema que de la risa -por su carácter absurdo- pasa al nivel de preocupación de los operadores de justicia. Es el consistente en otorgar un plazo forzoso para que los asuntos sean resueltos en sede jurisdiccional federal o estatal.
Y pasa de la risa a la preocupación el asunto porque si Morena y sus aliados consiguen la mayoría calificada, comprando, convenciendo, cooptando, o como sea, a los tres senadores que les harán falta, con la mano en la cintura pasará la reforma sin importar las consecuencias que ello pudiera tener. Ya lo dijeron hasta el cansancio en los foros.
El plazo de seis meses señalado en la reforma para resolver asuntos fiscales y un año para los penales, es imposible de conseguir en un sistema garantista que le permite a la víctima o al presunto responsable, acudir a los medios de defensa que tiene a su alcance, para dilatar procesalmente o para combatir de manera sustantiva la acusación que se sigue en su contra. 
Cualquier persona puede acudir a la apelación contra la sentencia definitiva y/o en su caso a la apelación extraordinaria con la cual puede combatir decisiones no definitivas pero que podrían causarle una lesión en sus derechos sustantivos.
Debido a lo anterior, para que pudieran ser efectivos esos seis meses o el año pretendidos como plazo máximo de un juicio, habría que eliminar la posibilidad de recurrir a la apelación y al juicio de amparo, porque este último es la garantía que tiene el justiciable cuando siente que en la apelación el magistrado no está atendiendo adecuadamente sus agravios. 
Y no sólo eso, habría que limitar el recurso de revisión o el recurso de queja o inclusive la posibilidad de atracción que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Luego entonces no es tan sencillo en un sistema jurídico garantista como el de México, que se ha construido a lo largo de décadas, imponer plazos caprichosos como el que pretende la mayoría morenista en su propuesta de reforma judicial. 
Sin embargo en el ámbito de las ocurrencias todo es posible, de ahí la preocupación real por dicha decisión, en el foro de abogados y entre quienes imparten justicia, una vez autorizada en el INE la súper mayoría morenista en el Congreso de la Unión.

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Casi seis meses después que el Congreso del Estado envió un exhorto pidiendo recursos extraordinarios para infraestructura hidráulica, al fin llegó la respuesta de Conagua.
Está muy lejos de ser positivo el contenido de la carta firmada por la ingeniera, Mariana Faviola Navarro Mora, alta funcionaria de Conagua.
En pocas palabras, sin cortesía alguna de por medio -lo vamos a estudiar, vamos a ver, etc.-, le dicen al Congreso chihuahuense que, si quiere dinero, debe ceñirse a los tiempos y modos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Es decir, participar en la etapa de elaboración del presupuesto federal, durante los meses de junio a julio, para que el ejecutivo federal lo envíe al Congreso el ocho de septiembre.
“Es importante que las instituciones del estado se apeguen a los diferentes instrumentos normativos administrativos para acceder a recursos federales, además de establecer un mecanismo de coordinación con la Conagua a través de la Dirección Local Chihuahua”, les dice la funcionaria.
El problema es que Chihuahua siempre ha acudido en tiempo y forma a solicitar los recursos, haciendo gestión desde la delegación local de Conagua, y no le hacen caso.
La infraestructura hidráulica necesita recursos emergentes, extraordinarios, por encima de la presupuestación normal de cada año.
Por eso la petición enviada desde febrero y contestada apenas a fines de julio, en vísperas de que la federación envíe el presupuesto federal al Congreso.
Quien sabe que lenguaje utilizan en Conagua, porque el exhorto es muy claro al referirse el Congreso a recursos extraordinarios, pero es claro que no utilizan el castellano.