En medio de un pedacito de lo que queda de un bosque privatizado, se alza una mansión de dos plantas y todos los servicios a la mano. Es una zona donde, suponemos, no alcanzan a escucharse los balazos de cuerno de chivo que muy seguido despiertan y atemorizan a los habitantes.
La obra que duró unos cuantos meses no está fuera de los estándares de las viviendas de los fraccionamientos urbanos de clase media o media alta, pero sí resulta llamativa en una comunidad como Guachochi, donde más del 63 por ciento de sus 50 mil habitantes vive en la pobreza.
Esa casita empieza a generar voces de inconformidad y sospechas. Vox pópuli se la adjudica a algún empresario, a algún prestanombres, a algún político de la élite caciquil regional que encabeza el alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo, un priista reelecto en junio de este año con apenas nueve mil votos, mientras que su competencia de la alianza PT-Morena sacó casi ocho mil sufragios.
El indicador electoral es importante porque deja en evidencia el profundo desgaste del viejo tricolor.
Ubicada atrás de Coppel y cerca del principal acceso, entre la avenida Las Garzas y la callejuela interior Cerro del Mohinora, la construcción se ha vuelto el símbolo de la apatía, el desinterés y la probable complicidad del sector público con los grupos criminales que pelean el control de todos los negocios ilícitos en esa ya poco apacible región serrana.
La capital turística de la Sierra Tarahumara, como fue concebida cuando la Gran Visión comenzaba a serpentear hasta allá, vive ahora su peor época por una disputa criminal que le ha costado sangre, extorsiones y horror a la población.
Pero el inmueble parece lejos de esa realidad, aunque no es ni la más lujosa ni la más cara de las que debe haber en varios poblados serranos.
Desde el año pasado, cuando fueron masacrados Melquiades Díaz Meza, “El Chapo Calín”, y sus hombres, se desató la más cruenta de las batallas entre las bandas del crimen organizado, metidas hasta en la sopa de la vida social, económica y política de Guachochi.
En este año, la pelea es entre Alberto H. P., alias "El Cheyenne", y Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, presuntos líderes del Cártel de Sinaloa. Oficialmente la suma de ejecutados en este conflicto roza los 40 en lo que va del año, pero detrás de las nada confiables cifras de muertos se esconden otros delitos.
La batalla, como en otras regiones del estado, no es sólo para el control de la producción y el tráfico de drogas, sino que también pelean las extorsiones y la venta de bebidas alcohólicas, algo del comercio legal y hasta el turismo.

***

Este es el marco violento y sangriento en el que Yáñez Ronquillo y algunos allegados han prosperado política y económicamente.
Desconocemos si los 75 mil pesos mensuales de sueldo oficial le alcancen al alcalde para cubrir todas sus necesidades y además levantar esa propiedad que le adjudica la gente a manera de leyenda, porque no hay certezas jurídicas de que sea suya, incluso hay quienes aseguran que es de otro reconocido personaje.
Pero, insistimos, la humilde casita que sobresale hasta en Google Maps, en medio de lo que hoy es bosque desmontado dentro de la mancha urbana de la cabecera municipal, es más que nada un símbolo, una alegoría trágica de las que provoca el clima de violencia generalizada en regiones como Guachochi.
Y cómo no, si es cuestionable que la población padezca constantes enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones y hasta un considerable aumento en el número de suicidios, mientras su primera autoridad presta poca atención a las políticas públicas, porque su prioridad parece estar en otra parte, en otros intereses.
La administración pública municipal no se ha distinguido por obras, alumbrado, drenaje ni pavimentación, menos por atender otras necesidades que requieren de mayor capacidad para gobernar. Al más puro estilo del viejo PRI, no ha pasado de la repartición de despensas y frijol podrido para los beneficiarios de los dos o tres programas asistencialistas para los que quedan recursos, después de pagar la abultada nómina y repartir contratos a los amigos.
Son la pobreza y la delincuencia los dos principales factores que azotan a la región, pero el presidente municipal y unos cuantos privilegiados de su grupo político parecen no notar ese marco que ha puesto a Guachochi bajo los ojos del mundo, especialmente desde las amenazantes narcomantas días antes del Ultramaratón de los Cañones del mes de julio.
¿Cómo explicar la prosperidad de unos cuantos en medio de matanzas, empobrecimiento de la población y amenazas contra civiles que no encuentran respaldo en su autoridad?

***

Por redes sociales y diversos medios se vendió la idea de que los comerciantes y pobladores de Guachochi salieron a marchar con la exigencia de seguridad el pasado martes; su protesta incluyó el cierre de casi todos los negocios, víctimas de intentos de extorsión algunos de ellos.
No cerraron todos, porque algunos Yáñez y Ronquillo también son comerciantes y, casualmente, ellos no viven la adversidad que enfrentan los demás.
Pero la marcha y protesta del día tres de diciembre tuvo también ese componente político, más allá del reclamo de seguridad, porque es notable cómo la autoridad municipal ha sido rebasada, al menos en lo que le resulta conveniente, y pese a eso la prosperidad particular es la marca de Yáñez.
La asfixiante violencia y las amenazas directas del crimen organizado a la población son, sin duda, el primer factor que merece atención, porque sin estado de derecho no puede haber crecimiento ni desarrollo. Sin paz, nada es posible, pero hay más evidencias en Guachochi de que el estado es de "chueco" y no de derecho.
El hartazgo por el desinterés del alcalde en atender las demandas sociales de seguridad, obras y atención a otras problemáticas crecientes, también parece cosechar sus malos frutos en este reclamo organizado del comercio y otros sectores productivos del municipio, donde abundan las leyendas de riquezas amasadas al amparo del poder, el poder formal y el fáctico que representa el crimen.
Si bien en materia de seguridad los municipios siguen sin estar preparados para el reto, no deja de ser vergonzoso que el presupuesto público no tenga destinos claros, mientras crecen patrimonios de una élite gobernante, a la par de la delincuencia y la pobreza, también al alza, como la riqueza de unos cuantos poderosos.
Es más vergonzoso que quien debería ser un canal de soluciones, como el alcalde, esté más bien en la lista de los problemas, que indudablemente encabezan los grupos de “El Palapas” y “El Cheyenne”.

***

Las balaceras y reportes de enfrentamientos, las narcomantas y las amenazas contra comerciantes han puesto al pueblo de cabeza, que resiente bajas en turismo, así como los intentos del crimen por controlar otros negocios. Por ello, antes de la marcha del martes, el lunes previo, la autoridad estatal intervino en la región ante constantes llamados de auxilio de las últimas semanas.
Con la gobernadora Maru Campos a la cabeza, sesionó en Guachochi la mesa de seguridad, a la que acudieron también el Fiscal General del Estado, César Jáuregui y el jefe de la Policía Estatal, Gilberto Loya, con todos sus pesos completos operativos; acudieron además los mandos de la Guardia Nacional y el Ejército, junto con autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.
De esa reunión dimos cuenta en una entrega pasada de GPS por un detalle bochornoso, que hoy viene a cuento nuevamente.
El diputado priista por el Distrito 22, el ballezano Arturo Medina, y el jefe de la Policía Municipal de Guachochi, Iván Palma Bustillos, fueron invitados a retirarse del lugar. Daban algo más que desconfianza al resto de la mesa.
Vale anotar que en Balleza, Medina fue ligado hace tiempo en el imaginario colectivo a Ventura C., alias “El 35”, líder regional del Cártel de Sinaloa que también trae su relajo en Guachochi; pero ahora parece alineado con Yesenia E.P., alias “La Güera”, otra de las jefas del crimen con poder familiar hasta esta capital.
El dato seguramente no era desconocido para las autoridades federales, estatales y militares, así que fue claro el motivo de la exclusión. El alcalde Yáñez sí pudo estar presente, aunque en calidad de florero, básicamente.
Como pocas veces en varios sexenios, el Gobierno del Estado atendió de forma preventiva y reactiva la situación del lugar, con el encuentro que fue más allá del análisis de la batalla de las bandas criminales. De ahí, aseguran, salieron acuerdos precisos para contener la violencia y dar muestras serias de que la región no es un agujero negro de la geopolítica estatal.
Deberán notarse sus resultados. Los mandos de las bandas en disputa -que han llevado su batalla al extremo, con alcances incluso hasta el Cereso de Aquiles Serdán- deberían preocuparse de esa sesión de la mesa de seguridad.
No obstante, la organización de la protesta para el día siguiente de la reunión siguió en pie, porque subsiste la idea de que Yáñez es, de alguna forma, beneficiario de la sangrienta disputa. O, cuando menos, un cero absoluto en la ecuación que explica el fenómeno que padecen los habitantes.
No deja de ser visto el alcalde como una pieza más cerca de los “Palapas” y los “Cheyenes” que de la ley y la justicia, según la realidad descrita; una pieza que las voces críticas ubican en la posibilidad de una revocación del mandato.