-Riggs, prietito en la posada del Municipio

-Aquí el IEE y allá el INE…al reciclaje

-La Rosario Castellanos que viene

Tiene años, tal vez décadas, que un escondido fideicomiso, denominado formalmente Tránsito Amigo, no había sido modificado de manera sustancial, para generarle beneficios reales a los agentes que lo conforman, todos integrantes de la Policía Vial o de la Dirección de Transporte.

Por eso mismo, la semana pasada, tal vez empujada por el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad, Santiago de la Peña y Gilberto Loya, llegó una iniciativa al Congreso del Estado, firmada por la gobernadora Maru Campos, a fin de darle mayor dinamismo a ese fondo que compensa de alguna manera el riesgo al que se exponen los policías viales y los inspectores de Transporte.

El fideicomiso tiene la viabilidad financiera para elevar las prestaciones contratadas para los agentes, que han tenido realmente pocos cambios desde la creación del fideicomiso en 1997.

Por ejemplo, tiene capacidad para pasar del apoyo por defunción de 250 mil pesos a más de dos mil 700 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), llegar a los 300 mil pesos, incremento considerable ante una fatalidad que con nada puede pagarse.

También, los recursos pueden alcanzar para referir precisamente a UMAS los beneficios que tienen los integrantes del fideicomiso, de manera que cada año aumenten de acuerdo a la inflación.

De esta forma, ayudaría a los agentes e inspectores, o sus beneficiarios en los casos correspondientes, en los inevitables gastos por servicios funerarios, gratificación única por jubilación, préstamos, garantías para los casos en que ocurren accidentes vehiculares a causa de su trabajo, entre otros conceptos.

La propuesta de reforma, actualmente en manos de la Comisión de Seguridad del Congreso, podría dictaminarse en breve, para cobrar vigencia a principios del año próximo.

Si bien la Policía Vial o el Dirección de Transporte resultan manchadas por acciones particulares de sus agentes, no es justo que también los buenos sean echados en el mismo costal y por ello todos sean olvidados del proceso de dignificación puesto en marcha como parte vital del programa de seguridad estatal.


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Trabajadores del municipio hicieron llegar imágenes a GPS de su posada. Se ve que la pasaron muy bien salvo por un negrito en el arroz.

Resulta que en las invitaciones dsitribuidas se alcanza a leer muy claramente “invitación personal”; sin embargo, el regidor morenista, Miguel Riggs, tuvo la ocurrencia de llegar acompañado por su actual pareja, Ana Lucía Baduy. Se colocaron hasta al frente de la fiesta.

De muy mal gusto la ocurrencia del regidor cuando ningún director, regidor, ni empleado llegó al evento en dicha situación.

Eso incluso provocó chiflidos al regidor al acercarse a la tómbola de la rifa de regalos.

Lo bueno de la situación es que la exemecista hoy morenista pudo ver con sus propios ojos que entre los trabajadores del Municipio hay muy buen ánimo.


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Deberá el Instituto Estatal Electoral (IEE) contratar personal con urgencia para que vaya desempolvando de sus bodegas el material que pudiera ser reutilizable, como mamparas, urnas y cajas para paquetes electorales.

Hasta crayones nuevos o usados habrá que rescatar del pasado proceso electoral y de los anteriores, porque los dineros para los comicios de la elección judicial estarán muy escasos.

No hay manera que les autoricen los 600 millones utilizados en la elección constitucional, tomando en cuenta el rasero usado a nivel federal, donde el INE pedía 13 mil millones y le dieron apenas por encima de la mitad.

Lo bueno -para estos efectos de austeridad- es que, pasando por encima de los principios elementales construidos en los últimos años en materia electoral, como la proximidad de las casillas en relación con el domicilio del elector, habrá centros de votación.

No es oficial aún, pero al interior del INE ven como única opción viable habilitar unos cuantos inmuebles para votación masiva, ya que no es posible implementar la votación electrónica, que pudiera haber sido una salida al problemón operativo que viene.

Allá en México Cata Espino, la chihuahuense secretaria ejecutiva del INE, y aquí Yanko Durán, la titular del IEE, deben estar sudando la gota gorda.

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Quizá permanece escondida la partida presupuestal para la Universidad creada por decreto presidencial de Claudia Sheinbaum, y que llevará por nombre Rosario Castellanos.

No encontramos un solo peso asignado para el inicio de sus funciones de conformación, ni el sueldo del rector ni su aparato administrativo y académico mínimo.

Actualmente la universidad solo funciona en la Ciudad de México; sus más de 40 mil alumnos pasarán a la Universidad Nacional, con expectativa de crecer al nivel actual de la UNAM, con 300 mil estudiantes en el país.

Hubo posibilidad de incluirla en algún apartado con los moches a organismos autónomos y fideicomisos del Poder Judicial, pero no lo hicieron en Cámara de Diputados, cuando le dieron algunos millones más a la UNAM, al Politécnico y a otros programas educativos y universidades de los estados.

Por eso creemos que debe estar por ahí en alguna partida, o bien vendrá ampliación presupuestaria empezando el año.

Será una dura competencia para las universidades estatales, porque para empezar será gratuita. No sería extraño que en algunos estados morenistas las universidades autónomas pasaran a denominarse Rosario Castellanos, igual que paso con los tecnológicos estatales que fueron absorbidos por el Instituto Tecnológico Nacional de México.

Dentro de las universidades ven ese riesgo inminente, por un agregado en el decreto presidencial, que implica a los estados en la donación de inmuebles y recursos para su sostenimiento, y lo único que tienen son las universidades estatales, en el caso de Chihuahua, la UACH y la UACJ.


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Los empresarios ya levantaron las cejas por las reformas anunciadas a la ley del Infonavit, que deja al gobierno federal con manga ancha para ir por dos billones de pesos para construir vivienda, cuando son dineros de aportación tripartita y no solo de la administración federal.

Quien sabe por qué motivo los trabajadores no han levantado la voz a través de los sindicatos; inclusive las redes sociales están muertas en cuanto al tema, hay un mutis generalizado, cuando se trata de un mundo de dinero.

No hay información pública de cuantos de esos dos billones corresponden a los trabajadores de Chihuahua, pero podemos imaginar los montos cuando vemos que las aportaciones al Infonavit en el estado rondaron los 14.8 mil millones de pesos en el 2022, un dineral.

Son recursos que los trabajadores ahorran por concepto de vivienda, que el gobierno ahora quiere tomar como si fuera una tanda, cuando es sabido que la recuperación por la construcción de vivienda es muy lenta, con cartera vencida importante.

Hay evidente riesgo, máxime cuando quien debe vigilar lo que se haga con esos dineros será ahora una Comisión no paritaria con empresarios y trabajadores, sino mayoritaria de funcionarios de gobierno, que cerrarán los ojos y dejarán hacer y deshacer con recursos que son de los trabajadores como derecho adquirido.