-Semidesnudas de servicio en 'Kantina La Capital'

-No hacen falta explicaciones de Mazatlán
-¿Error con mala leche en Periódico Oficial?
-Gasto de Pensiones amerita revisión

El giro del negocio “Kantina La Capital”, ubicado en la segura zona de la avenida De la Empresa, a un costado del periférico De la Juventud en la cercanía de Arcadas, ha levantado suspicacias a raíz de la doble ejecución y las tres personas heridas en un hecho registrado la noche del domingo pasado.
En el lugar, como ya es conocido, fueron asesinados Pablo Andazola y Alejandro Ortega, en lo que aparentemente fue ataque dirigido a ellos, pero además quedaron heridos un par de clientes y una mesera más.
Es sobre este punto que nos llaman la atención algunos lectores que conocen el giro real de la negociación, cuya publicidad en redes es bastante sugerente, como puede verse en las imágenes que publicamos en la versión digital de GPS.
La “Kantina”, con ramificaciones hasta Delicias, ofrece un servicio adicional al de un bar normal, con chicas jóvenes y bonitas vestidas con poquísima ropa e incluso semidesnudas para atender a los clientes.
En su publicidad dice que es “restaurant-bar con un concepto nuevo en la ciudad”, pero más bien es un servicio muy viejo, muy antiguo, entre “la ficha” y el comercio abiertamente sexual, quién sabe si con pleno consentimiento de las personas que trabajan en el lugar.
Hasta ahora, lo que ha trascendido de las investigaciones por ese ataque no van más allá de la clásica explicación de que fue un ajuste de cuentas entre los grupos rivales que se pelean a sangre y fuego el ilícito negocio de las drogas y otros.
Es el mismo estribillo que sale de la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional en la mayoría de los homicidios. Es información que tal vez explica en parte lo ocurrido, pero nunca llega a los detalles concluyentes; menos combate a la impunidad, persistente mal que prevalece en casi todos los hechos de sangre.
Sería terrible que con ese pretexto de la guerra entre La Línea-La Empresa y las células del Cártel de Sinaloa, quedara escondido algún otro hecho ilícito relacionado con la operación del bar, que por su ubicación y oferta pública quién sabe de qué permisos o protecciones goce.
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El milagro navideño que vivieron los chihuahuenses “levantados” en Mazatlán, Roberto e Iván, no requiere de mayores explicaciones ni amerita un juicio de valor, más allá de festejar el final feliz que tuvo tan terrible historia.
En publicaciones en redes abundan los reclamos por la falta de autoridad en Sinaloa, la actitud de las víctimas o de sus familiares, que ahora, desde luego, nada más quieren decir de lo ocurrido, después de días de protestar, difundir información y suplicar por el regreso de los jóvenes.
Hay quienes reclaman que los familiares primero pidieron el apoyo públicamente de toda la sociedad y luego no quieren explicar lo sucedido, como si fueran necesarias o más importantes las explicaciones a que hubieran aparecido con bien las víctimas.
No hacen falta explicaciones, en realidad, y lo único que importa es el bienestar de los jóvenes a quienes, por lo que sabemos, les perdonaron la vida sus captores, ante la presión que generó la difusión abierta de su caso ante la opinión pública y la intervención -suponemos- hasta de presuntos delincuentes y funcionarios conocedores de los bajos mundos, para lograr su liberación.
Los detalles salen sobrando ante una realidad terrible que vive el estado vecino, que costó días de incertidumbre y desasosiego en sus familiares, lo mismo que han vivido por meses otras cientos de víctimas más en Sinaloa.
Por fortuna, pues, los jóvenes fueron liberados y viven para contarla, aunque no quieran hacerlo público por el temor que les produce e, incluso, por la amenaza que deben seguir sintiendo sobre sí mismos.
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La reforma al decreto de creación del fideicomiso Tránsito Amigo y la reforma constitucional al Poder Judicial, para establecer la elección directa de jueces y magistrados, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, pero tal vez con algo de mala leche.
Resulta que ambos decretos, expedidos por el Congreso del Estado y promulgados por el Ejecutivo, salieron con gravísimo error, al referir que eran publicados por “el ciudadano licenciado Javier Corral Jurado...”.
Resulta increíble que la responsable de la publicación del órgano oficial de difusión del estado, la subsecretaria de Normatividad, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, desconozca quién es la jefa de su jefe el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.
La dimensión del error no está en el nombre equivocado, porque al calce sí aparecen las firmas de la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, así como de la gobernadora Maru Campos; pero sí está en las consecuencias, pues no puede darse por válida su vigencia a partir de hoy.
Además del ridículo que hace con tal gazapo la editora responsable del Periódico Oficial del Estado, hizo inútil la publicación en pleno día festivo, si la intención era que ambas normas cobraran vigencia este día.
También, se pasa de mal gusto como broma eso de poner en trascendentes e históricas reformas -porque ambas tienen ese valor, aunque el fideicomiso Tránsito Amigo está subvaluado- el nombre de uno de los peores gobernadores que ha tenido el estado.
Es obligada la fe de erratas, pero quizás algo más que eso.
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En los últimos días generó algo de polémica el aviso de Pensiones Civiles del Estado al Juzgado Segundo de Distrito, dándole cumplimiento a una sentencia que obligó a la institución a dar de alta a casi cinco mil hombres, esposos de las trabajadoras estatales con ese servicio.
La justicia federal le impuso esa carga debido a que PCE, contrario al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Issste, no da de alta a los cónyuges hombres de la misma forma que sí da de alta a las cónyuges mujeres de los trabajadores estatales.
El rezago en derechos humanos de Pensiones viene de años atrás, pues el organismo ha vivido décadas en una quiebra técnica que le impide, hasta la fecha, dar el trato igualitario a hombres y mujeres beneficiarios del sistema.
Así, PCE debió crecer en derechohabiencia después de varios años de políticas restrictivas que buscaban mantenerlo vivo y funcional, condición que apenas ha conseguido, con constantes quejas por la calidad del servicio.
Actualmente, el gasto en este rubro de seguridad social y salud para los burócratas estatales, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ha crecido hasta superar los siete mil millones de pesos, por encima de instancias que sí son propiamente del sector salud.
Su pasivo actual y actuarial es preocupante y demanda soluciones a mediano y largo plazo, sin contar con la necesidad de elevar el nivel de la atención médica, el surtimiento de las recetas siempre incompleto y los convenios con los hospitales privados para los servicios subrogados.