-Ni Jessy, ni Luis ni Mauro, en campo Marte
-Amor en metal con amor electoral se paga
-Lejos de Chihuahua, foros para el plan C

De poco o nada sirvió la supuesta experiencia y liderazgo de la actual directora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Cristina Guerra. La realidad ha demostrado que su  nombramiento quedó mucho a deber, en comparación con las expectativas generadas.
La destitución del anterior titular de la SICT, Sergio González Rojo, apenas el mes de enero de este año, revivió la esperanza de que por fin serían atendidos los reclamos por la nula inversión ya no en nuevos caminos, sino en el mantenimiento de los actuales.
A medio año del cambio, ni hablar del deplorable estado de las carreteras, a diario reportan accidentes o averías a vehículos que transitan por ellas. Todas las vías se han deteriorado a niveles nunca vistos, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Lo peor del caso es que en lugar de abordar estos problemas críticos, la SICT ha decidido incrementar las revisiones y multas al transporte de carga. Esta medida, lejos de mejorar la situación, ha generado una ola de quejas entre los transportistas.
Los controles, nos reportan, se han vuelto más rigurosos, pero no por una preocupación genuina por la seguridad, sino como una oportunidad para aumentar los “moches” y las corruptelas. Sin vergüenza alguna, la dependencia federal dio luz verde para hincar el diente contra los transportistas en las carreteras llenas de baches.
Los afectados denuncian un incremento en las extorsiones y los sobornos que deben pagar a los funcionarios encargados de estas revisiones. Las corruptelas se han vuelto una práctica común, y la administración de Guerra parece no solo tolerarlas, sino incluso fomentarlas. Este comportamiento ha erosionado aún más la confianza en una gestión que ya era cuestionable desde su inicio.
Ojalá pronto lleguen los cambios al Gobierno federal y con ello recursos para que se tomen medidas drásticas y sea corregido el rumbo de la SICT. La seguridad y la integridad de los transportistas y ciudadanos no pueden seguir siendo sacrificadas en el altar de la corrupción. 
Cristina Guerra ha demostrado ser incapaz de liderar con eficacia, y su permanencia en el cargo solo agrava la situación. Es hora de un cambio urgente y de una gestión que realmente priorice el bienestar público sobre los intereses personales.

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No existió ni pizca de auto crítica por los abusos cometidos por la Guardia Nacional en estos cinco años de vida, en la celebración efectuada en el Campo Militar Marte, allá en la Ciudad de México, en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional, sostuvo –al dirigirse al presidente de la República, López Obrador, que "con los resultados obtenidos … puede estar seguro que, de continuar contándose con el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguiremos transitando con paso firme por este camino que nos ha guiado por la ruta correcta".
"Con total entrega, seguiremos contribuyendo a la generación y preservación del orden público, con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas, como hasta ahora lo hemos hecho".
Respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas, dijo quien ocupa la máxima posición dentro de la Guardia Nacional.
Están aún frescos en la memoria los hechos ocurridos en la entrada a Delicias, donde Jessica Silva, fue asesinada, por disparos de elementos de dicha corporación, una noche en que regresaba con su esposo de participar en la lucha por la defensa del agua.
También, en los habitantes de Jiménez, está muy presente la muerte de los jóvenes Luis Fernando y Mauro Miguel, acribillados en un retén en la salida rumbo a Torreón.
Es cierto que ha informado la autoridad que hay elementos procesados por los hechos, pero nada se ha dicho, ni aceptado acerca de estos crímenes, que aún continúan impunes, y el daño sin reparar. Es más, los juicios han sido llevados en la beneficiosa opacidad.
De estos abusos, ni de las acciones para prevenirlos, se dijo nada en los discursos pronunciados allá en la ciudad de México, invisibilizando una vez más a las víctimas directas e indirectas, en este último caso a sus familias y a la comunidad misma que se siente agraviada.

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A nivel ciudad son cerca de 80 mil los adultos mayores que reciben becas del Bienestar, partiendo de los grupos por edad conforme al último censo del INEGI; a nivel estatal son 278 mil, más de un cuarto de millón de personas.
Pues todos ellos recibieron allá por febrero la cantidad de 12 mil pesos aproximadamente, por parte del gobierno federal, y en estos días están recibiendo cerca de seis mil; es decir, antes y después de las elecciones, la secretaría del Bienestar distribuyó cinco mil millones de pesos nada más en Chihuahua.
Durante las elecciones, inclusive viernes y sábado, recibieron mensajes de texto, recordándoles los beneficios sociales de que son objeto, “amor con amor se paga”, les dijeron, mientras en la mañanera se convertía en frase de cajón.
La operación en tierra estuvo a cargo de cientos de servidores de la nación, que operaron muy cerca de los adultos mayores, para no darles oportunidad ni un momento de pensar en otra opción política; es más, les pidieron llevar a votar a sus familias, en las visitas realizadas.
Enviaron a esta redacción una foto del último mensaje recibido, después de las elecciones, el cual publicamos en nuestra edición digital.
Es una publicidad en color guinda, que habla de los programas oficiales, con el calendario de cobro para el presente mes.
“6 años del triunfo del pueblo”, dice textual, “Amor con amor se paga, Bimestre Julio Agosto 2024”, con las letras del apellido, el día de la semana y el día del mes que hay que acudir al Banco del Bienestar a retirar el dinero.
Imposible que a los partidos les alcanzara la capacidad operativa para documentar todo eso.

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Lo más cerca que estarán de Chihuahua los foros para la reforma judicial será Saltillo, Coahuila; y Culiacán, Sinaloa, el seis y ocho de agosto próximo respectivamente, por lo que para la entidad pasarán de noche, sin oportunidad siquiera de plantear posiciones. 
Ni siquiera voltearon a ver a Juárez que está pintado de guinda. Los temas a tratar en estas ciudades “cercanas”, Saltillo y Culiacán, son muy relevantes, la defensoría de oficio, la colegiación de los abogados 
–que quieren hacer obligatoria- y la impartición y procuración de justicia.
De hecho, fueron tocados por la oposición panista en Guadalajara el lunes por la tarde en el auditorio de la U de G, donde fue colocado sobre la mesa que de nada servirá hacer reforma en el Poder Judicial –para 
bien o para mal- si antes no se toca a las fiscalías tanto a la federal como a las estatales.
Hubo de nuevo oídos sordos en el recinto universitario; apabullaron los guindas con más oradores a favor de la reforma, manejando los tiempos a contentillo, inclusive un maestro debió subir casi a fuerza al pódium para participar, ¡y eso que era a favor!
Los diputados del PAN terminaron por abandonar el recinto, en un larguísimo foro que se prolongó por más de tres horas. Igual que lo hizo en Cámara de Diputados en el primer Foro, el senador Ricardo Monreal, llegó, saludo, pontificó y se fue, y eso que es el encargado.