-Hija de magistrado protegida en el IEE
-Destrozos en la UACH por extorsionadores
-Laguna en permisividad por reelección

Una corriente dentro del panismo, una que no se distingue por grupos, está comenzando a tomar fuerza al interior del PAN, y la intención es evidentemente recuperar algo de la fuerza que se perdió en las pasadas elecciones del dos de junio.
Esta corriente busca algo muy específico: que quien encabece el partido azul tanto a nivel estatal como municipal se comprometa por escrito a que no buscará ser candidato o candidata en el proceso del 2027.
Si la recompensa de un jugoso salario por las dirigencias y la oportunidad de retomar el rumbo como oposición y alternativa de gobierno no les es suficiente, que no le entren ni levanten la mano.
Así de simple, pero a la vez complejo, porque hay de fondo la amenaza de rebelión en las bases si no hay un pronto y ordenado proceso sucesorio para relevar a los liderazgos formales.
Y es que, dicen los panistas, ese tipo de protagonismos es lo que más daño le ha hecho al partido en los últimos tiempos, pues hay ocasiones donde estas figuras están más preocupadas por llevar a su equipo de comunicación y hacer que se note su presencia, que por ayudar en lo que le corresponde en una elección. Quieren hacer comunicación con personajes que ni comunicadores son.
Por ejemplo, el mantener la maquinaria aceitada en las colonias a nivel municipal o en los municipios a nivel estatal, asegurar un número de militantes activos y participantes, garantizar la capacitación de los representantes del PAN en las diferentes instancias y desde luego en las casillas, así como un equipo fuerte en la defensa del voto.
Aseguran muchas voces panistas que justo todo eso fue lo que falló por parte de esta institución en el proceso electoral que recién culminó, y en donde si no fuera por el blindaje de popularidad que tienen tanto Marco Bonilla como Maru Campos, no se hubieran conseguido los triunfos que se lograron.
Habrá que ver qué tanto avanza esta corriente de opinión al interior, pero lo cierto es que ya son varios grupos lo que están dispuestos a entrarle bajo esas condiciones a disputar las dirigencias que obligadamente deben dejar Gabriel “Gabo” Díaz y Sarahí Franklyn.
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De la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral en la capital reportan que además del caos en el cómputo y procedimientos finales del proceso que tuvo su clímax el dos de junio pasado, no ha dejado de generar quejas una funcionaria identificada como Alejandra Rodelo.
La funcionaria se presenta como asesora del consejero Víctor Yuri Zapata, encargado de la comisión de integración de las asambleas municipales en todo el estado.
Rodelo se ha ganado las antipatías de varias personas que trabajaron como capacitadores electorales, que han debido renunciar por malos tratos, gritos y humillaciones de parte de dicha funcionaria; aventaron el arpa con justa razón, pues las jornadas extensas y el mísero sueldo que percibían ya no daban para aguantar los desenfrenos de la señorita Rodelo, quien con prepotencia siempre avienta por delante el nombre de Zapata.
Pero no solo eso, sino que también se ha puesto al tú por tú con varias autoridades de la asamblea de Chihuahua y representantes de partidos políticos, incluso con el propio presidente, Armando Chávez Mata, con quien ha tenido varios choques a gritos.
De hecho, consecuencia de esas fricciones fueron los atrasos en los procedimientos internos para recepción de paquetes e inicio de los cómputos, pues era ella quien se adelantaba a los trabajos apurando al personal y dando órdenes distintas y erróneas, para variar.
Pese a que la actitud arrogante y grosera de Rodelo es lo más comentado en el IEE, se desconoce si la consejera presidenta del organismo, Yanko Durán o por lo menos de Zapata Leos, ya tienen conocimiento de tanto reclamo interno.
Desde luego, hay sospechas de que goza de la más amplia protección del consejero, ya que se trata de la hija de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Humberto Rodelo, lo que tal vez la ha mantenido lejos hasta de la menor llamadita de atención.
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Ha destacado un mensaje enviado ayer por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) relacionado con al menos tres hechos en los que hubo daños considerables a sus instalaciones.
Mediante llamadas telefónicas a personal encargado de la vigilancia, extorsionados han logrado embaucarlos y obligarlos a romper puertas, ventanas y escritorios en busca de dinero por supuestas emergencias de sus jefes.
“Derivado de la alta incidencia de extorsiones y/o fraudes telefónicos que se han suscitado en el Estado de Chihuahua, la Universidad hace de su conocimiento que no solicita a sus empleados por ningún motivo causar daños a las instalaciones en búsqueda de cheques y/o efectivo. Cualquier pago que la institución requiera hacer es por medio de los procesos administrativos establecidos”.
A ese grado ha llegado la Universidad, tratando de generar tranquilidad a los empleados y mandos medios, que atienden llamadas entre amenazantes y convincentes -engañosas-, para obligarlos a destrozar puertas, escritorios, etc., en busca de dinero que les dicen deben depositar por instrucciones del rector o del director del área, ya que hay paquetes en camino cuya llegada es vital.
Ya les agarraron el número a los empleados de la UACH con estas llamadas, tendríamos que ver real y efectivamente a las policías cibernéticas tras esos delincuentes, pero además en capacitación al personal, que cae presa de estos engaños realizados por auténticos profesionales en sacar datos que luego usan en la misma conversación telefónica.
Esa es la explicación del enigmático mensaje enviado a la comunidad universitaria el día de ayer.
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Está muy complicado poder encuadrar en la conducta de la candidata ganadora Edith Escárcega, en el ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, el uso de recursos públicos para conseguir el voto.
Y lo es porque la ley tiene una laguna enorme, sin lineamientos ni reglamentación alguna, para el caso de los servidores públicos que no renuncian a sus cargos para buscar la reelección, tal y como lo permite la Ley Electoral vigente.
Además, con esa misma vara tendrían que ser medidos quienes desde el momento del arranque de las campañas no solicitaron licencia a las sindicaturas, ayuntamientos, y diputaciones, y que, desde la ostentación del cargo, recibiendo sueldo, usando vehículo oficial e incluso personal a su cargo, anduvieron encampañados.
Las campañas fueron entonces un campo sin regla alguna, donde los contendientes tuvieron manga ancha, con esa permisividad electoral otorgada ya desde el 2017, cuando se permitió la reelección sin renunciar a la chuleta.
Por ello es muy difícil que camine una sanción radical como impedir a la candidata de PT-Morena en NCG volver a contender, en el lejano caso de que sea anulada la elección, toda vez que la principal impugnación precisamente estriba en que ella jamás renunció y al mismo tiempo hizo campaña, haciendo uso de bienes muebles del ayuntamiento que tiene responsabilidad de gobernar.
Lo que hace falta es llenar precisamente esa laguna, con una reglamentación que exija por ejemplo, que los vehículos oficiales deberán permanecer bajo resguardo, que inclusive el teléfono oficial no puede ser usado para campaña, etc., pero todo ello sería absurdo, porque al mismo tiempo se trata de funcionarios con responsabilidad en el cargo.
Valdría la pena más bien, revisar esa figura de la reelección, para evitar cacicazgos electorales de figurones que permanecen en el cargo indefinidamente, sin aportar realmente nada a la comunidad, solo calentando la curul, beneficiados por votaciones atípicas como la que acabamos de ver el pasado dos de junio, y a las cuales en muchos casos aportaron nada.
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El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, presumió ayer en el museo Casa Chihuahua ante buena cantidad de su tropa el par de acreditaciones Calea obtenidas el pasado fin de año.
Fue un buen evento, llamativo. La gobernadora, Maru Campos, envió como su representante al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; el fiscal general, César Jáuregui, hizo lo propio con su jefe de la policía ministerial, Arturo Zuany; por alguna razón desconocida regresó sobre sus pasos cuando casi iba llegando al museo el alcalde suplente, Jorge Cruz.
Esas circunstancias hicieron que llamara más la atención Loya y sus dos invitadas especiales, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas; y la titular del Tribunal de Justicia, Myriam Hernández.