Si existe una culpable de la reforma que pretende implementarse al Poder Judicial sólo hay una: Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. No sólo por bravucona y retadora al Poder Ejecutivo, sin ninguna necesidad, asumiéndose como opositora como si fuera una prianista más, también porque el presidente AMLO en múltiples ocasiones le solicitó diálogo y revisión de los temas, y siempre se negó con su estribillo de: el Poder Judicial es independiente.
El Poder Judicial siempre dialogó y hasta se sometió al Poder Ejecutivo, ejemplos tenemos muchos y se recuerdan casos como el de Florance Cassez y la guardería ABC, donde la Suprema Corte se negó a sancionar a funcionarios cercanos y parientes del presidente, también con los casos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en el Gobierno de Peña Nieto y con Fox con el tema de la matanza de Atenco, y antes era peor.
Sin embargo alguien le vendió la idea a ella, que en su carácter de presidenta de la Suprema Corte tenía que ser opositora al presidente, independientemente de los temas, fueran en beneficio o no, y agarrarse de cualquier pretexto como el proceso legislativo y otros más burdos como la competencia económica, en contra del interés general de la nación.
Lo de menos fue lo ocurrido el 5 de febrero de 2023, en la celebración del 106 aniversario de la Constitución Federal, donde fue la única que no se puso de pie para recibir al presidente AMLO, lo verdaderamente grave fue que se asumió como política prianista y empezó a comportarse como tal, primero reclamándole y amenazando al presidente del Senado de corte morenista, diciéndole que si dormía tranquilo por las reformas que se estaban aprobando por Morena, y después con más acciones tal política opositora.
Vinieron comunicados de confrontación y después los bloqueos de todas las reformas del presidente, donde invariablemente ella y la mayoría de los ministros votaron en contra, ni una sola permitió que pasara, valiéndose el PRIAN de las acciones de inconstitucionalidad que ella y sus ministros votaron en contra. Aunado a ello vinieron acciones que evidenciaron el apoyo de la Corte al PRIAN como el caso de los libros de texto gratuito donde ilegalmente el ministro Luis María Aguilar prohibió su entrega a solicitud de la gobernadora Maru Campos, situación que ante la presión social y jurídica fue revertida por el pleno. Todavía a finales de mayo y antes de las elecciones, se reunió dicha presidenta de la Corte con el presidente del PRI, en secreto y exigiendo al Tribunal Electoral Federal su apoyo.
Todo ello terminó por convencer al presidente que el Poder Judicial empezó a funcionar como un apéndice prianista en lugar de un Poder Judicial que ve por la legalidad y constitucionalidad de las normas. Incluso Arturo Zaldívar contuvo al presidente en su intento de reforma, a pesar de que hubo acciones donde votó en contra del presidente y nunca hubo problema porque supo manejar la relación institucional, y el presidente veía a la Suprema Corte como un poder institucional, respetando su conformación y prestaciones, a pesar que con Zaldívar no hubo la austeridad y recorte de sueldos que el presidente exigía y no pasaron todas sus reformas.
Como política prianista Norma Piña perdió y se lleva entre las patas a todo el Poder Judicial federal y probablemente al nacional, con una reforma que renovará a todos los jueces del país y recortará sus privilegios y sueldos, todo por no ponerle un alto los jueces y magistrados a Norma Piña en su activismo opositor prianista. El Poder Judicial de Chihuahua no estará exento de esa reforma y lo peor es que la sociedad no los defenderá porque siempre los ha visto como privilegiados y ajenos a la sociedad, con nepotismo y corrupción, por ser un poder cerrado que nunca permitió ser auditado y revisado independientemente en su actuar. 
Debería exigir todo el Poder Judicial la renuncia inmediata de Norma Piña para que pueda existir un diálogo con la fuerza política que siempre confrontó, sin necesidad, porque parece que no entendió y sigue saliendo a mentir diciendo que la reforma afectará a los trabajadores del Poder Judicial federal en su totalidad cuando no es así, se renovará únicamente a los ministros, magistrados y jueces del país. No es tarde para que el Poder Judicial muestre la buena voluntad de reformarse para mejorar la justicia en el país sin privilegios, sin nepotismo, aceptando revisar su actuar por un órgano independiente.