-Pendiente seguridad en comicios extraordinarios
-Exdirectores de Medicina del 2000 a la fecha
-Mangonean desde Morena a vulnerables

La problemática del Cereso de Aquiles Serdán, en cuanto a los custodios que tienen a su cargo la seguridad interna, no incluye las conexiones con los grupos criminales al exterior que, es conocido, tienen su vinculación con los presos.
Los que saben del tema nos señalan que, como siempre ha sido, hay evidencias que los vinculan al ingreso de objetos prohibidos al penal y el cobro de cuotas a los reos o a sus familias para cuestiones básicas.
Sin embargo, no hay un solo elemento que sirva para inferir su participación con información filtrada de los reos que, recién liberados, han sido atacados en las afueras de la prisión, en las emboscadas registradas el 18 de julio, el 15 de agosto y el ocho de octubre de este año.
El dato viene a cuento por parte de quienes conocen la operación criminal en los sótanos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad, a raíz de lo que publicamos ayer aquí en GPS, sobre cómo han sido afectados los abogados penalistas a raíz de esas agresiones, pues no les permiten ingresar al estacionamiento del Cereso.
Decíamos que a los litigantes les han pasado el costo de esas emboscadas, mientras los sicarios siguen tan campantes en libertad y no han avanzado las investigaciones para dar con los responsables de los hechos de violencia. ¿Y los policías investigadores? Bien, gracias.
Pero desde las áreas de seguridad nos precisan que podrían ser algunos abogados, no los custodios, los que han dado los pitazos a grupos criminales, sobre las liberaciones de reos que luego han sido atacados en el exterior.
No es gratuita -dicen- la medida adoptada de restringir el acceso a los abogados al estacionamiento, sino fundada en sospechas fortalecidas por algunos indicios, que, si bien no pueden judicializarse ni materializarse en investigaciones concretas, sí son útiles para la toma de decisiones en esta materia.
¿Dan los abogados pitazos a los sicarios? No suena muy lejos de realidad la duda; es gravísimo y puede traerles consecuencias más allá de las legales, porque en el mundo criminal ser aliado de un grupo, de inmediato significa ser enemigo de otro.

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Ya debe estar planteada en la mesa de seguridad la estrategia que deberá adoptarse en Ocampo y Belisario Domínguez, para blindar los comicios extraordinarios anulados por intervención del crimen organizado en la jornada electoral, cuando se apoderó de los paquetes electorales.
Es casi seguro que opten por pedir a las fuerzas de seguridad federal una presencia discreta, es decir, rondines y acuartelamiento en un lugar cercano a donde votaran los ciudadanos, que apenas son unos cuantos miles en ambas elecciones.
La gran discusión estará en que, si esa decisión realmente protege la seguridad y resguardo de los paquetes electorales, así como la documentación y material electoral durante toda la jornada electoral, desde la llegada uno o dos días antes a las manos de quien funja como presidente de la casilla correspondiente.
La otra es colocar enfrente de la casilla la presencia de la GN, el ejército o la corporación policiaca estatal o municipal a la cual se le encomiende la tarea.
Es muy probable que la decisión sea mixta, presencia intermitente, pero no permanente frente a las casillas electorales, y que el rondín corresponda a una célula mixta, es decir, a un cuerpo de policías y militares, para evitar que haya predominancia de uno solo, por aquello de las cuestiones políticas que indispensablemente pesan, es decir, los colores de los partidos gobernantes.
Hay muy poco tiempo para planear el operativo, ya que las elecciones ocurrirán la primera semana de diciembre, exactamente el domingo ocho.
Por lo pronto ya emitió resolución el órgano en relación con coaliciones y candidatura común para ambos municipios por parte de PAN-PRI y PRD, por un lado, y Morena y PT.

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El fin de semana se dieron cita los médicos en el restaurante la Cebolla Roja, ubicado sobre la avenida Teófilo Borunda Sur, para el tradicional desayuno con motivo de su día.
Fue nutrida la concurrencia, varias decenas de galenos y galenas disfrutaron el pan y la sal; lo peculiar es que se reunieron -como hace mucho no pasaba- seis directores de la facultad de medicina de la UACH, encabezados por René Núñez quien actualmente tiene la responsabilidad.
Estuvieron ahí el doctor Antonio Salas, que fue el segundo director de la facultad en 1972; asimismo los doctores Arturo Vázquez Reta, Noel del Val, Jesús Benavides y Luis Carlos Hinojos, estos últimos, junto con doctor Núñez, han sido los directores del 2000 a la fecha.
Le correspondió al doctor Hinojos dar un breve mensaje a petición del actual director, donde felicitó a sus colegas.
La facultad de Medicina ha venido fortaleciéndose a lo largo de los años, particularmente con el rector Luis Rivera, con quien ya logró abrir la licenciatura en Medicina en Ciudad Juárez, y está por aperturar aquí en Chihuahua la especialidad en psiquiatría.
Con Medicina en Juárez, apuntala la UACH su presencia en la frontera, junto con el programa de la licenciatura en Derecho, también iniciada en la actual administración.

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Ayer, un grupo de manifestantes, miembros de organizaciones afines a Morena, realizaron un plantón afuera de Congreso del Estado para exigir el establecimiento de las pensiones para personas con discapacidad en la legislación local.
Encabezados por Benjamín Esparza, Rosa Lilia Cardona y Efraín Rodela, de las organizaciones Inclusión con Dignidad y Los de Abajo Organizados, señalaron que la administración estatal ha impedido que los apoyos a este sector vulnerable sean universales, al no adherirse al programa de la Federación.
Aunque dijeron ser un movimiento apartidista y que buscarían una audiencia con la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que preside la diputada de Morena, Herminia González, lo cierto es que dicha comisión está completamente detenida.
Desde su instalación, la legisladora morenista no ha realizado ninguna sesión de trabajo, pero el reclamo de estos grupos no es hacia la inactividad legislativa sino, sospechosamente, hacia el gobierno estatal.
Ya el ocho de octubre habían hecho otra protesta similar afuera de Palacio de Gobierno para acusar a la administración del Maru Campos de no homologar los apoyos para personas con discapacidad de 30 a 60 años, pero nada han dicho del cero trabajo que hace la diputada de Morena frente a la comisión que debería ayudarlos a lograr estas gestiones.
Lo que sí se alcanzó a escuchar ayer fue a los líderes de la manifestación haciendo promoción de la 4T entre los ciudadanos que pasaban frente a Congreso.

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Ayer el alcalde Marco Bonilla tomó protesta al Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (COPREV), que por segunda vez será presidido por el jefe de la Policía Municipal, Julio César Salas González.
Resaltó en el mensaje del edil capitalino que el Municipio no invertirá recursos en programas que no sean medibles en sus resultados, para desaparecerlos y dejar de gastar recursos; en el caso de seguridad, clarificó que las asociaciones, las cuales trabajan siempre con base a números, serán grandes aliadas para hacer estas mediciones.
Otro punto que expuso Bonilla fue la continuidad en los programas de empleo y capacitación para jóvenes en riesgo de caer en las redes del crimen organizado, así como la demolición de tapias o viviendas en abandono que sean utilizadas para actividades ilícitas.
El alcalde apuesta a la seguridad, al ver como el crimen está apoderado de Sinaloa, específicamente de Culiacán y Mazatlán, su destino preferido para vacacionar, donde la economía está colapsada por temor de las familias a salir hasta al más modesto restaurante, por temor a la inseguridad reinante.