“Aquí te dejo esto Roberto, ya ves que estaba sola la plaza y tú eras quien la controlaba. Fuiste a decir a Durango y al último los abandonaste pero aquí te los ando juntando (sic)”, podía leerse en la narcomanta abandonada junto con 11 cadáveres, entre esos dos decapitados, en calles periféricas de Ojinaga.
“Recuerda que siempre serás un traidor aquí y allá. Aparte de traidor mentiroso. No se enreden gente porque así van a terminar todos los que le sigan el rollo a este p...ndejo”, agregaba la amenaza posterior al ajuste de cuentas y venganza ejecutada para demostrar quién tiene el control de la plaza, tras la soterrada historia de un quiebre del grupo delictivo conocido como La Línea, o Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ).
El episodio sangriento del viernes pasado fue la continuación de una guerrilla desatada desde la primera semana de este mes, desde la frontera mexicana con Presidio, Texas, y hasta los municipios de Coyame y Manuel Benavides.
Aunque territorialmente el conflicto parece limitarse a esa región de tres pequeñas localidades en el desierto del noreste de la entidad, en realidad hay más municipios en esta historia que no queda tan pequeña si la comparamos con la confrontación que vive Culiacán (30 muertos en dos semanas de balaceras), a raíz de la captura-entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, cuya gente entró en guerra abierta contra “La Chapiza”.
En este juego criminal, ahora lo sabemos, además de esos territorios han sido involucrados grupos de los estados de Sinaloa, Durango y posiblemente Coahuila, así como de Parral, Jiménez y Camargo dentro del estado; así podemos dimensionar el tamaño del choque que hasta el fin de semana había dejado 17 muertos.
Aunque es diferente, no se queda muy corta la comparación con la guerrilla sinaloense, en la que están involucrados “Los Chapitos”, “Los Guanos”, “Los Mayos” y “Los Rusos”, a partir de la fragmentación del trasnacional cártel que consolidaron Zambada y Joaquín Guzmán Loera, los dos más grandes trofeos de la DEA estadounidense de las últimas décadas.
Pero mientras el choque en aquella entidad -que ha tolerado casi sin mover un dedo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- parece, hasta ahora, limitado a pelear el control de las plazas sinaloenses con mayor actividad criminal, en el caso de Chihuahua la confrontación criminal alcanza complejas estructuras interestatales y estatales de la delincuencia organizada.

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El año pasado, Sergio M., alias “El Menchaca” -“El Robin”, para las autoridades estadounidenses- terminó entregándose a la Border Patrol en la frontera de Presidio, luego de un posible ataque de paranoia de los que se habían vuelto comunes en el jefe de La Línea en Ojinaga.
Así acabó la loca carrera criminal del sujeto que desde 2021 estaba siendo cercado por algunas corporaciones de seguridad, con cuyos mandos medios tenía complicidades que durante varios años le ayudaron a mantener el control de los negocios ilícitos en la zona fronteriza, desde el tráfico de drogas hasta el de personas.
Para más señas, “El Menchaca” fue quien ordenó matar a 13 migrantes que durante meses fueron buscados, cuyos cadáveres aparecieron después, cuando, como tenor, cantó ante las autoridades de Estados Unidos algunos de sus crímenes.
Los brotes sicóticos del también apodado “El Duranguense” o “El Negrín” lo llevaron, en algún momento antes de su entrega, a desterrar a uno de sus lugartenientes y pistoleros que le ayudaban a incrementar sus ganancias con el tráfico humano y hasta extorsiones a la población, conocido como Roberto González., alias “El 04”, pariente de algunos políticos de medio pelo que se mueven desde Jiménez y Camargo hasta Ojinaga.
A la caída del líder criminal le sucedió en el cargo “El Menchaquita”, su hermano, quien mantuvo cierto control de la plaza, con una guerrilla interna soterrada, que saltó a la luz el pasado ocho de septiembre.
Aquel domingo, un grupo rival con aliados de Durango (Los Cabrera) realizó una violenta incursión entre la frontera, Coyame y Manuel Benavides, la cual fue hábilmente repelida por los integrantes de La Línea, quienes, con refuerzos también de otras plazas, no escatimaron en usar lanzagranadas y otras armas antiblindaje con las que hicieron recular a los invasores.

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La intervención de las corporaciones policiacas, encabezadas por el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, llevó a la detención de siete sujetos cuatro días después de la confrontación (ya liberados los siete).
Si bien esa captura no impidió una nueva reacción virulenta de los criminales, que el pasado viernes recetaron la masacre de 11, sí resultó reveladora de la situación existente en esa región de la entidad.
Seis de los siete detenidos resultaron ser originarios de Durango y uno más de Parral; estaban armados con 15 fusiles de asalto, miles de cartuchos, chalecos y cascos balísticos.
Pese a eso, tres fueron liberados en la audiencia de control por parte de un juez, debido a un supuesto retraso en la presentación ante la justicia; asombrosamente, los otros cuatro también fueron liberados en la segunda audiencia justo el viernes, unas ocho horas después de la otra masacre.
Supuestamente estuvo mal integrada la carpeta de investigación desde la captura, qué lamentable. A ver qué dice el jefe jurídico de la Fiscalía General, Carlos Mario Jiménez, tan conocedor de ese mundo.
Pese a la increíble liberación, de ahí se desprendió el hilo de la vinculación del tal Roberto G., el destinatario de la amenaza en la narcomanta del viernes, con un grupo al que se alió, presumiblemente “Los Cabrera”, de Durango, organización perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Antes de la detención de los siete angelitos, a los que un juez casi les pone una aureola pese a la evidencia en contra, algunas pistas apuntaban a que, tras ser desterrado de Ojinaga por “El Menchaca”, Roberto había encontrado refugio y aliados en la zona limítrofe de Coahuila con Chihuahua, entre los municipios de Sierra Mojada, Ocampo y Francisco I. Madero, vecino también, precisamente, de Durango.
Echado de La Línea, fue acogido por los aliados cuyos cacicazgos responden a la organización criminal nacida y arraigada en Sinaloa, la cual, además, tiene otros tantos grupos sembrados en Chihuahua, entre Juárez, la capital, Parral y algunas regiones de la sierra.
Es así, entonces, que el quiebre de La Línea fue el detonante para que, a la vuelta de más de un año, Roberto y sus nuevos socios buscaran disputar sin mucho éxito el control de una zona que, quizás por el poco ruido que genera, es más productiva que otras del estado en el renglón de los negocios delincuenciales.
Ese interés por el dinero ensangrentado sería la motivación suficiente, junto con la venganza, para la incursión del ocho de septiembre, que 12 días después tuvo una respuesta mucho más drástica e impiadosa.
¿Habrá más respuestas de los que intentaron tomar Ojinaga? El tiempo lo dirá, pero el golpe seco de los mandos “linieros” parece haber dejado debilitado a los arriesgados invasores, quienes salieron con cuentas mochas entre sus bajas definitivas y los capturados-liberados, que ya no deben estar en Chihuahua.

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Contada así, la historia bien serviría de guión para una de esas series que explotan el morbo generado por el estilo de vida criminal, pero no mostraría de forma completa la realidad que enfrenta la sociedad ante estos brotes de violencia que tienen sus largos periodos de gestación.
Lo más grave no es la cancelación de las fiestas patrias ni el pánico que llevó a la población de esos municipios a encerrarse en momentos, casualmente, en que en el calendario político marcaba el relevo de los alcaldes, actividades que en los pueblos chicos son más apreciadas que en las grandes ciudades.
Viven hasta la fecha momentos de terror los pobladores por los actos sanguinarios recientes, pero desde meses atrás, según reportes a los que hemos tenido acceso, ya había quejas de comerciantes, ganaderos y trabajadores, porque otro grupo criminal empezaba a cobrar cuota y extorsionarlos de otras formas.
Algunas víctimas estaban atados a la triple tributación: la legítima de los gobiernos, la de La Línea por sus pistolas y la de otra célula que pretendía ingresar a la región a pelear el negocio delincuencial; si cualquier crimen es un exceso, esta realidad es asfixiante.
En este momento clave para la seguridad -con una reforma judicial de la que no sabemos bien sus posibles alcances; con el pase constitucional de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional- más allá de la añeja discusión sobre la militarización, hacen falta resultados para legitimar una estrategia hasta ahora mocha de combate al crimen organizado.
Esta realidad que, como dijimos, involucra a varios municipios del estado y a varias entidades además de Chihuahua, es un problema que no pueden ignorar las autoridades locales; pero tampoco pueden hacerlo las federales por las dimensiones que alcanza la delincuencia, evidenciadas con la capacidad de movilización a sus anchas por amplias extensiones del territorio nacional.